DOI 10.35381/gep.v6i1.112
Riesgo crediticio y la estabilidad financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador
Credit risk and the financial stability of Ecuador's Credit Unions
Adriana Alejandra Toapanta-Freire
adriana.toapanta.91@est.ucacue.edu.ec
Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Azuay
Ecuador
https://orcid.org/0009-0005-3701-3686
Lenyn Geovanny Vásconez-Acuña
Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Azuay
Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-9258-3255
Revisado: 25 de septiembre 2023
Aprobado: 15 de diciembre 2023
Publicado: 15 de enero 2024
RESUMEN
En el contexto del sistema financiero nacional, este estudio se enfoca en examinar el impacto del riesgo crediticio en la estabilidad financiera de las COAC del segmento uno en Ecuador, con el fin de comprender cómo estas instituciones gestionan los riesgos asociados a sus operaciones crediticias, a través de un análisis detallado de la literatura existente y datos relevantes, se ha observado que estas entidades desempeñan una misión primordial en el fortalecimiento del sistema financiero ecuatoriano al generar confianza, fomentar el ahorro y promover la inversión. Sin embargo, se identificó riesgos crediticios persistentes que pueden afectar su estabilidad financiera. Se concluye que es imperativo fortalecer la supervisión y regulación, fomentar la transparencia y adoptar estrategias financieras prudentes para asegurar tanto la estabilidad como el desarrollo económico sostenible, preservando de esta manera la función esencial de las COAC en el entorno financiero del país.
Descriptores: Cooperativas; riesgos; gestión de riesgos; macroeconomía; desarrollo económico y social. (Tesauro ENESCO).
ABSTRACT
In the context of the national financial system, this study focuses on examining the impact of credit risk on the financial stability of segment one credit unions in Ecuador, in order to understand how these institutions manage the risks associated with their lending operations. Through a detailed analysis of the existing literature and relevant data, it has been observed that these institutions play a key role in strengthening the Ecuadorian financial system by generating confidence, encouraging savings and promoting investment. However, persistent credit risks were identified that may affect their financial stability. It is concluded that it is imperative to strengthen supervision and regulation, promote transparency and adopt prudent financial strategies to ensure both stability and sustainable economic development, thus preserving the essential role of the COACs in the country's financial environment.
Descriptors: Cooperatives; risk; risk management; macroeconomics; economic and social development. (UNESCO Thesaurus).
INTRODUCCIÓN
El sistema financiero nacional engloba un conjunto de instituciones financieras dedicadas a obtener el ahorro de la población para luego canalizarlo mediante créditos hacia los ciudadanos. En este proceso, los depositantes son retribuidos con intereses por sus ahorros, mientras que quienes acceden a los préstamos pagan un porcentaje de interés por utilizar estos fondos. Esta dinámica crea un flujo que permite incrementar la cantidad de recursos disponibles en la economía, impulsando así un aumento en el consumo, la inversión y la producción, este efecto ayuda al desarrollo y crecimiento económico del país (Díaz, 2019).
En este contexto, el sistema financiero actúa como el eje central para una amplia gama de actividades financieras. La participación efectiva de sus diversos actores juega un papel esencial en el progreso de la economía y el bienestar general de la colectividad. A pesar de su relevancia, en la década de los noventa, Ecuador enfrentó una crisis financiera inédita. Durante este período, se registró un aumento en las tasas de interés, lo que se tradujo en un incremento en las tasas referenciales. De manera paralela, se evidenció un crecimiento en la cartera vencida y una crisis fiscal inminente. Estos factores desencadenaron un retiro masivo de fondos por parte de la población, mermando la liquidez de los bancos. Como resultado, algunas entidades financieras se vieron en la necesidad de demandar créditos al Banco Central, mientras otras se vieron forzadas a liquidarse.
Esta coyuntura desembocó en una crisis que desencadenó un cambio de moneda, adoptando el dólar estadounidense como nueva divisa, esta decisión fue una respuesta contundente a un contexto complejo. A raíz de estos eventos, se evidenció la insuficiencia de las medidas económicas propuestas en el Consenso de Washington (CW). Ante esta situación, se suman tres aspectos fundamentales a este enfoque: primero, garantizar una mayor transparencia en las instituciones públicas, empresas y entidades bancarias; segundo, fortalecer la supervisión estatal sobre el sector financiero, incluyendo fondos de inversión y paraísos fiscales; y por último, implementar estrategias financieras que fomenten una autonomía progresiva y más cautelosa en este ámbito.
Tras la crisis del país en 1999, se estableció un sistema financiero más sólido y con mayor supervisión, evidenciando un crecimiento constante, adaptándose a nuevos enfoques y ajustando sus técnicas para mantener la rentabilidad, solidez y liquidez. Este fortalecimiento ha contribuido a generar una mayor estabilidad en la industria financiera ecuatoriana, restaurando la confianza de los ciudadanos, quienes han mostrado un mayor interés en ahorrar y depositar sus fondos en cuentas a plazo fijo en las últimas décadas. Este incremento en la credibilidad también ha permitido a la población acceder a mayores niveles de endeudamiento, respaldados por las garantías que ofrece el sistema. Estos respaldos han propiciado un aumento en las ganancias del sector financiero, incluso permitiendo la acumulación de reservas para cubrir posibles riesgos de cartera.
En la actualidad, la estructura del sistema financiero en Ecuador comprende diversas entidades, como cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas y otras instituciones financieras, destacándose la banca privada por la mayor concentración de activos. La supervisión y regulación de este sistema bancario está a cargo de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), con el propósito de proteger los intereses de los clientes y fortalecer la solidez del sistema financiero. Así mismo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) entidad encargada de regular y supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito, asegurando su funcionamiento transparente y estable; por su parte, el Banco Central del Ecuador (BCE) tiene una función integral de formular y ejecutar la política monetaria y crediticia del país además de regular el sistema financiero y la moneda; mientras que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CONAVAL) tiene como función regular el mercado de valores y proteger los intereses de los inversionistas y participantes en este ámbito (Díaz, 2019).
A través del tiempo, las prácticas de solidaridad y cooperación comunitaria se han arraigado en la cultura del país. La economía ancestral indígena, con su milenaria sabiduría, destaca como una de las expresiones más coherentes en una visión hacia la preservación a largo plazo de la vida y el entorno. Esta herencia histórica constituye un elemento esencial en el patrimonio de los pueblos ancestrales de Ecuador, estableciendo las bases primordiales del paradigma del Sumak Kawsay (Buen Vivir), adoptado por la Constitución de del Ecuador 2008.
Este paradigma simboliza la aspiración de una sociedad que evoluciona desde un enfoque de desarrollo centrado en el crecimiento económico y social hacia la exploración de nuevas formas de vida, orientadas a restablecer una armonía plena en todos los aspectos. El propósito de las prácticas de las economías populares y solidarias enraizadas en comunidades, pueblos y nacionalidades consiste en fortalecer, promover y establecer una institucionalidad pública que regule, supervise, fomente y acompañe estas iniciativas. Surge, por tanto, la necesidad apremiante de reglamentar las actividades de las organizaciones que conforman el sistema de finanzas populares y solidarias, alineándolas con lo estipulado en la Carta Magna (Mayorga et al., 2019).
Durante las últimas décadas, los procesos de inclusión económica y financiera en el sector popular y solidario han desempeñado un papel relevante en la economía de Ecuador y América Latina. El artículo 283 de la Constitución, al reconocer al sistema económico como social y solidario, abraza las políticas del buen vivir. Esta visión incorpora la responsabilidad social como pilar en este enfoque, proporcionando cimientos sólidos para su desarrollo, esta declaración ha impulsado un marcado aumento en el número de entidades financieras dedicadas a atender este sector, resaltando su dimensión social y fortaleciendo la base del sistema económico basado en la solidaridad y el bienestar colectivo (Rivas et al.,2021).
En 2012, Ecuador contaba con un total de 981 Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC), todas bajo la supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). No obstante, para 2015, esta cifra se redujo a 854, y hacia junio de 2017, disminuyó aún más, llegando a un total de 686 instituciones dedicadas a estas actividades financieras, en un posterior análisis hasta 2023, se observa un descenso continuo, disminuyendo a 407 entidades de Ahorros y Crédito, así como mutualistas, que evidencia una tendencia a la baja en la cantidad de organizaciones que operan en este sector específico (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria [SEPS], 2024).
La disminución en el número de las COAC se atribuye a su rendimiento y desempeño financiero. Aquellas instituciones que no cumplen con los indicadores requeridos de liquidez, solvencia y rentabilidad enfrentan medidas de intervención, esto puede significar su absorción o fusión con otras entidades, opción que debe ser considerada como un recurso de respaldo dentro del ámbito de las finanzas solidarias. O en casos extremos, la liquidación completa, que tendrá como objetivo salvaguardar los intereses de los ahorristas y socios que integran esa estructura de ahorro y crédito (Cardoso, 2019).
El sistema financiero popular y solidario en Ecuador desempeña una importante actuación al encargarse de segmentos de la población que enfrentan desventajas económicas y a pequeños o medianos productores con obstáculos para obtener créditos a través de la banca privada, estas instituciones están diseñadas para ser más inclusivas y suelen ofrecer productos y servicios adaptados a las necesidades de estos sectores (Castillo y Plúa, 2021).
Mediante la resolución No. 038-2015-F, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera estableció un marco normativo para la clasificación de las entidades pertenecientes al sector financiero popular y solidario. Según esta normativa, las instituciones se segregan en cinco segmentos, considerando el tipo y el saldo de sus activos, con la resolución No. 521-2019-F que emite reformas a la norma existente, la SEPS llevó a cabo la actualización de la segmentación para el año 2023.
El segmento 1 engloba a aquellas entidades con activos que superan los 80 millones de dólares, marcando un nivel destacado en el panorama financiero, representan un grupo de gran importancia y relevancia en el sector. El segmento 2 incluye instituciones que poseen activos comprendidos entre 20 y 80 millones de dólares, se consolida como una categoría intermedia, que tienen un nivel financiero sólido, aunque algo menor en comparación con el segmento 1.
Mientras tanto, el segmento 3 se dirige a las organizaciones con activos en un rango mayor a 5 millones hasta 20 millones de dólares, delineando una franja específica en la clasificación. El segmento 4 contiene entes con activos que fluctúan entre 1 millón y 5 millones de dólares, por último, el segmento 5 comprende a las entidades que tienen un volumen de activos que no superan el millón de dólares, representando una categoría más limitada en términos financieros (SEPS, 2023).
Al analizar los datos estadísticos emitidos por la SEPS hasta octubre de 2023, se observa una tendencia al alza en los indicadores de las COAC que forman parte de este sector. En ese sentido, los activos totales del sector han alcanzado un valor de 26.461 millones de dólares, con una variación del 11,1% respecto al año anterior. De manera paralela, los depósitos muestran una tendencia al aumento, reuniendo un total de 21.161 millones de dólares, con una variación del 7,2%.
No obstante, el análisis también revela que la tasa de morosidad del sector financiero popular y solidario ha experimentado un aumento significativo, situándose en un 7,1% y elevándose en 2,6 puntos porcentuales (p.p.). Por otro lado, la liquidez ha experimentado un ligero incremento del 0,6 p.p., situándose en un 23,3%. En contraste, el índice de solvencia ha descendido a un 15,2%, disminuyendo en 1,1 p.p. La intermediación financiera ha registrado un aumento de 1,9 p.p., alcanzando un 94,5%. La figura 1 muestra los indicadores financieros del sistema cooperativo del año 2022 y 2023.
Figura 1. Principales indicadores financieros.
Fuente: SEPS (2023).
En cuanto a los certificados de aportación hasta octubre de 2023, se refleja un total de 9.824.172, con el 75% de estos certificados concentrados en el segmento 1. Este dato resalta la preferencia de los inversionistas por este segmento, destacando su atractivo en términos de inversiones dentro del sector financiero popular y solidario. En conjunto, estos elementos conforman un panorama integral que refleja la dinámica y la salud financiera del sector hasta la fecha analizada (SEPS, 2024).
Es importante destacar que la cartera de crédito bruta de los segmentos 1, 2 y 3 representa el 74% de los activos del sector, esto indica que la mayoría de los recursos se destinan a la colocación de créditos. La distribución de la cartera de créditos por segmento proporciona una visión detallada de cómo las instituciones gestionan sus recursos.
En este contexto, el segmento 1 lidera con un 84%, evidenciando su fuerte presencia en el total del portafolio crediticio. Le sigue el segmento 2, representando un 11%, aunque su participación es menor en comparación con el segmento 1, aún juega un rol elemental en la asignación de créditos. El segmento 3 contribuye con el 4%, mientras que el segmento 4 cubre el 1%, y el segmento 5, aunque marginal, representa un 0%.
Al explorar la asignación por tipo de crédito, se revela una subdivisión que refleja las preferencias y enfoques de los prestatarios. En tal sentido, el crédito destinado al consumo acapara el 49%, indicando una alta demanda en este ámbito, que se destina a financiar gastos de consumo por parte de los beneficiarios. El microcrédito ocupa un sólido 40%, señalando la importancia de este tipo de financiamiento en el sector, el microcrédito se caracteriza por ser otorgado a pequeños emprendedores y microempresas con ventas anuales de máximo $100.000 al año, promoviendo así la inclusión financiera y el desarrollo de actividades productivas a pequeña escala. Por otro lado, el crédito destinado a la vivienda constituye un 9%, reflejando la atención dedicada a las necesidades de financiar la adquisición o construcción de vivienda. Por último, el crédito productivo representa un 2%, evidenciando una contribución menor y valiosa para desarrollo de actividades productivas y de inversión (SEPS, 2024).
En conjunto, esta distribución estratégica de la cartera por segmento y tipo de crédito refleja la diversificación y la adaptabilidad del sector financiero popular y solidario para atender las diversas necesidades de sus socios. Estos datos proporcionan una visión de la actual asignación de recursos, y también, ofrecen aportes valiosos para el diseño de políticas y estrategias futuras en el ámbito crediticio.
En un primer análisis, de acuerdo con los informes proporcionados por las cooperativas, la colocación de créditos que concentra el segmento 1 es el más elevado, el desarrollo de la cartera ha sido afectado por diversos factores económicos y regulatorios. Estos efectos también se reflejan en la calidad de la cartera, evidenciándose, de alguna manera, en la tasa de morosidad (no pago de crédito) de las instituciones financieras; ya que conlleva el riesgo de que las personas que recibieron los préstamos no puedan pagar una o varias cuotas por distintas razones, siendo el resultado un notable crecimiento de este indicador (Red de Instituciones Financieras de Desarrollo [RFD], 2021).
La tasa de morosidad total en créditos de las cooperativas del segmento 1, en enero de 2023, se ubicó en 5,9% y pasó a 7% al cierre de octubre de 2023. Así, estos indicadores reflejan que la morosidad en las COAC bordea el doble comparada con la banca privada, que registró un índice de morosidad de 3,4 a septiembre 2023. El segmento más afectado en estas instituciones es el microcrédito, donde el 9,8% de la cartera se encuentra en mora a octubre 2023, el 40% de la cartera total de las cooperativas está concentrado en este segmento. Una de las razones que ha contribuido al aumento de la morosidad entre las pequeñas y medianas empresas, es la situación de inseguridad que experimentan los negocios (Tapia, 2023).
Sin embargo, cabe señalar que la morosidad ha experimentado un aumento en todos los segmentos crediticios de las cooperativas. Por ejemplo, el segmento de consumo tiene una tasa de morosidad de 5,4% al cierre octubre de 2023, presentó un leve incremento comparado al 4,7% registrado en enero. Por su parte, el crédito dirigido a empresas y destinado al sector comercial o productivo, tuvo una tasa de morosidad de 8,1% en octubre, en contraste del 4,4% de enero del mismo año, es importante que estas entidades tomen medidas para abordar la morosidad y los riesgos asociados (Asobanca, 2023).
Dentro de este marco, se puede exponer que, a partir de enero de 2023, se modificó el procedimiento de categorización de deudas impagas para el sector cooperativo. De acuerdo con la normativa que regía a diciembre del 2022, se establecía un periodo de 60 días de demora para que una deuda fuera catalogada como vencida. A partir de enero de 2023, este periodo se redujo a 30 días, esta modificación en la clasificación podría tener repercusiones, ya que una alta tasa de morosidad perjudica a aquellas cooperativas que carecen de recursos suficientes para realizar mayores provisiones (Tapia, 2023).
En lo que se refiere a las provisiones, son recursos no monetarios que ejercen un impacto adverso en los resultados de una entidad financiera; su función principal es salvaguardar a la entidad de posibles contingencias a corto, mediano o largo plazo en caso de que se produzca el impago de los créditos otorgados que forman parte de la cartera improductiva o vencida. En otras palabras, estas provisiones constituyen un mecanismo de protección financiera para las cooperativas, permitiéndoles enfrentar situaciones de incumplimiento de pago por parte de los deudores.
El valor provisionado, al reconocerse como gasto y reducir el valor de la cartera, se revela como una práctica esencial para mantener la integridad de los estados financieros de la entidad. La omisión de esta provisión podría conducir a la generación de valores irregulares en dichos reportes, comprometiendo la transparencia y fiabilidad de la información financiera que proporcionan una visión de la estructura económica de las cooperativas.
En el contexto presentando, se destaca la necesidad de atender y abordar la relevancia del riesgo crediticio desde una perspectiva integral y contextualizada, la multidimensionalidad del tema y la diversidad de definiciones que resaltan la importancia de estrategias flexibles y adaptativas que puedan identificarlo y controlarlo para una administración correcta de la cartera de créditos en las COAC ecuatorianas del segmento uno, este enfoque integral es considerable para desarrollar intervenciones efectivas y sostenibles que aborden el debate en torno al riesgo de crédito (Albarracín, 2020).
El riesgo crediticio se refiere a la posibilidad de pérdida originada por la falta de pago de un socio o cliente, siendo un componente integral en el ámbito de la intermediación financiera y planteando una amenaza a la liquidez. Esta categoría de riesgo tiene el potencial de generar una disminución en el valor de los activos, lo que, a su vez, debilita la estructura financiera y económica de la entidad. La gestión proactiva de este riesgo contribuye a mantener la confianza del público, asegurando así una operación más sólida y resiliente a largo plazo (Malla et al., 2023).
Considerando los antecedentes presentados, este estudio responderá a la pregunta científica: ¿cuáles son los factores que inciden en la relación entre el riesgo crediticio y la estabilidad financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador segmento 1?
Por consiguiente, el objetivo que persigue la presente investigación es analizar los factores que inciden en la relación entre el riesgo crediticio y la estabilidad financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador segmento 1 considerando variables macroeconómicas, prácticas de gestión de riesgo y políticas regulatorias del sector financiero.
MÉTODO
Este estudio se enmarcó dentro de una investigación descriptiva no experimental, se privilegió la interpretación cualitativa de los datos para ofrecer una comprensión integral de los fenómenos relacionados con el tema, adoptó un enfoque analítico-sintético para examinar críticamente el sistema cooperativo ecuatoriano del segmento 1, evaluando el conocimiento existente.
Para abordar el riesgo crediticio y la estabilidad financiera como variables objeto de estudio, se realizaron búsquedas en bases de datos reconocidas como: Scopus, Web of Science, Scielo y Google Académico. Se establecieron criterios de inclusión para seleccionar los artículos como: el sistema financiero nacional, segmentos de cooperativas, riesgos crediticios en el sistema cooperativo, indicadores financieros, rentabilidad y solvencia de las cooperativas, limitando la búsqueda a artículos publicados en los últimos cinco años y garantizando su relevancia y actualidad para asegurar información fiable.
La selección de artículos se llevó a cabo mediante un proceso de tamizaje y evaluación por pares, priorizando aquellos provenientes de áreas relevantes como contabilidad y finanzas. El escrutinio bibliográfico se enfocó en analizar la relación entre el riesgo crediticio y la estabilidad financiera, explorando como una gestión de créditos adecuada puede contribuir a mitigar los riesgos asociados.
El análisis incorporó la exploración de informes gubernamentales y documentos técnicos que abordan la temática del riesgo crediticio en cooperativas ecuatorianas del segmento 1 en fuentes especializadas como: BCE y SEPS, estos documentos proporcionaron una visión completa de los factores que afectan la estabilidad financiera del sistema cooperativista, también se utilizó un enfoque transversal multidimensional para explorar prácticas crediticias que influyen en la solidez de las instituciones financieras en momentos específicos. La obtención precisa de datos se centró en variables fundamentales que revelaron información financiera del sistema cooperativo, priorizando la información que respalda el análisis propuesto en este documento de revisión.
RESULTADOS
Impacto de variables macroeconómicas en el riesgo crediticio
Para mantener un sólido desempeño en el sector financiero y promover el desarrollo económico de un país, es elemental comprender el vínculo entre el entorno macroeconómico y el riesgo crediticio, esta relación ha sido objeto de múltiples investigaciones en la literatura financiera debido a su trascendental importancia. Las variables macroeconómicas abarcan indicadores tales como: riesgo país, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la inflación, las tasas de interés, el desempleo y el tipo de cambio, que pueden influir de manera considerable en la evaluación del riesgo al que se encuentran expuestas las instituciones financieras (Echegaray, 2022). La figura 2 muestra las cifras de la economía nacional a noviembre 2023
Figura 2. Cifras de la economía nacional - indicadores macroeconómicos.
Fuente: SEPS (2024).
La dinámica de la economía en su conjunto ejerce influencia en la capacidad de las entidades financieras para evaluar y mitigar riesgos asociados a créditos. A medida que se exploran estas variables macroeconómicas, se revela su poderosa capacidad para moldear las condiciones financieras y la probabilidad de incumplimientos en los préstamos otorgados por las instituciones crediticias.
Riesgo país: el índice de riesgo país surge como un componente fundamental y simplificado para los inversionistas internacionales al deliberar sus decisiones de inversión. Este indicador, de naturaleza integral, proporciona una perspectiva esclarecedora sobre la situación económica, política y financiera de una nación. En la estimación del riesgo potencial y el rendimiento asociado con una inversión particular en dicho país, los inversionistas examinan el índice de riesgo país contiguo con otros factores pertinentes; un índice de riesgo país elevado podría señalar niveles destacados de incertidumbre o riesgo vinculados con la inversión en ese territorio, mientras que un índice más bajo podría sugerir un entorno más estable y propicio para la inversión. Es decir, este indicador evidencia una perspectiva amplia que contribuye a la toma de decisiones por parte de los inversionistas internacionales.
El riesgo país, concebido por el banco estadounidense JPMorgan Chase y Co., se constituye como un indicador que mide las probabilidades de pago de la deuda de un país; conforme este índice aumenta, las tasas de interés para acceder a créditos, ya sea en el ámbito público o privado, experimentan un alza, este fenómeno evidencia la relación directa entre la percepción de riesgo y las condiciones de endeudamiento, afectando al sector gubernamental y empresarial en la obtención de financiamiento (Angulo, 2024).
Crecimiento del PIB: destaca como la variable más importante en el panorama macroeconómico, representa la suma del valor monetario de la producción de bienes y servicios dentro de un país, por tanto, proporciona una visión integral de la actividad económica, convirtiéndolo en un indicador interesante para comprender la situación general y la tendencia de la economía de una nación, en el ámbito de las COAC que pertenecen al segmento uno, el PIB puede tener un impacto relevante en el riesgo de crédito que enfrentan, puesto que el mayor volumen de créditos se encuentran distribuidos en el segmento uno.
Por ejemplo; cuando el PIB de un país se encuentra en crecimiento, esto se asocia con una mayor actividad económica, mayor empleo y mayores ingresos para los individuos y las empresas. En este contexto, es más probable que los prestatarios tengan la capacidad de cumplir con sus obligaciones de pago, lo que reduce el riesgo de crédito para las cooperativas; por otro lado, cuando el PIB se encuentra en contracción la situación es diferente, durante estos períodos, es más probable que los individuos y las empresas enfrenten dificultades financieras, como la pérdida de empleo o una disminución en sus ingresos; esto aumenta el riesgo de que no puedan cumplir con sus pagos de préstamos, lo que aumenta el riesgo de crédito para las COAC.
Además, el PIB puede afectar la calidad de los activos de una cooperativa de ahorro y crédito, en situaciones de contracción económica, existe una mayor probabilidad de que los bienes raíces y otros activos colaterales pierdan valor, complicando la recuperación de préstamos en casos de incumplimiento, se debe tener en cuenta que el impacto del PIB en el riesgo crediticio puede variar según el entorno económico y las características específicas de cada COAC (Correa, 2021).
Inflación: es considerada como la segunda variable de mayor importancia en el entorno macroeconómico, en el sistema cooperativo está vinculada tanto a los precios que pueden establecer para sus productos y servicios como a sus costos operativos. La inflación puede disminuir el poder adquisitivo del efectivo, en consecuencia, reduce la tasa de rendimiento en general; además, sus efectos sobre los préstamos de alto riesgo son variados. La inflación puede hacer que pagar deudas sea más fácil porque reduce el valor real de los préstamos y se relaciona con menos desempleo. Así mismo, puede dificultar que las personas paguen sus deudas porque disminuye sus ingresos reales, esto puede llevar a un aumento en el incumplimiento de los pagos de préstamos y, por lo tanto, aumentar el riesgo de crédito en las COAC.
La inflación se mide usando los precios al consumidor (% anual), que indica cuánto aumenta en promedio el costo de comprar cosas como alimentos y servicios cada año. Entonces, los precios al consumidor (% anual) son como un indicador que se utiliza para saber cuánto está subiendo el costo de vida (Echegaray, 2022).
Tasas de interés: son algunas las formas en las que las tasas de interés pueden impactar el riesgo de crédito en las cooperativas ecuatorianas del segmento uno; entre ellas, riesgo de capacidad de pago, si los prestatarios no pueden hacer frente a los pagos del préstamo debido a las altas tasas de interés, existe un mayor riesgo de incumplimiento. Mientras que, si las tasas de interés son bajas, las COAC pueden tener márgenes de interés más estrechos, lo que afectará a su rentabilidad. Esto puede limitar los recursos disponibles para hacer frente a las pérdidas por incumplimiento de los préstamos y aumentar el riesgo de crédito.
Así mismo, la tasa de interés determinada por el BCE repercute en el coste de los préstamos entre las instituciones financieras. En caso de que los bancos lleven a cabo intercambios de recursos monetarios a tasas superiores o inferiores, se espera que dichos ajustes se manifiesten en las condiciones experimentadas por los individuos que solicitan préstamos. En consecuencia, la política de tasas de interés entre las instituciones financieras impacta el sistema bancario e influye en los términos y costos asociados a los préstamos solicitados por particulares (Correa, 2021).
Desempleo: la tasa de desempleo refleja la capacidad de la población para generar ingresos que les permitan cumplir con el pago puntual de los préstamos. El desempleo en una economía puede llevar a un aumento en el riesgo sistémico, esto significa que el riesgo de crédito se extiende a través de múltiples sectores y entidades financieras. Si hay un alto nivel de desempleo en una economía, es probable que multitudes enfrenten adversidades financieras y tengan dificultades para cumplir con sus pagos de créditos, esto puede aumentar el riesgo de crédito en todo el sistema financiero (Urbina, 2019).
Tipo de cambio: se describe como el valor de la moneda de un país en comparación con la moneda de otro país. En la mayoría de los casos, se utiliza el dólar de Estados Unidos como referencia, cuando la moneda de un país disminuye su valor en comparación con el dólar estadounidense, se estima que el tipo de cambio es desfavorable. Al contrario, si la moneda se fortalece, se estima que el tipo de cambio es favorable. En investigaciones prácticas, esta variable se incluye para entender cómo el país se compara con otros en términos de competencia (Echegaray, 2022).
La devaluación de la moneda local puede tener un impacto en la capacidad de los prestatarios para pagar sus préstamos. Si la moneda local se devalúa, el costo de los bienes importados puede aumentar, lo que puede afectar de manera negativa la situación financiera de los prestatarios; en consecuencia, puede aumentar la morosidad y el riesgo de crédito en entidades financieras.
En el ámbito actual, el análisis de los factores que inciden en el riesgo de crédito, categorizándolos como condicionantes macroeconómicos, se ha convertido en un tema de estudio intrigante. A pesar de que se han llevado a cabo investigaciones sobre estos modelos en bancos de países desarrollados, la evidencia para economías en desarrollo es limitada y poco actualizada; el sistema financiero popular y solidario ecuatoriano no escapa a esta realidad.
No obstante, varios investigadores han llegado a la conclusión de que el progreso de la cartera crediticia en las cooperativas del segmento uno, está vinculado a factores macroeconómicos, esta relación se atribuye tanto a la situación económica general donde se desarrolla la actividad financiera, como a factores y políticas específicas de la operación y gestión de cada institución.
Evaluación de riesgos a los que están sometidas las Cooperativas de Ahorro y Crédito ecuatorianas
Las COAC promocionan la inclusión financiera y el desarrollo comunitario, enfrentándose a una gama diversa de riesgos que abarcan aspectos crediticios, operativos, de mercado, entre otros. La diligente identificación y análisis de estos riesgos revisten una importancia estratégica, proporcionando a estas entidades la capacidad de anticipar contingencias, reforzar políticas internas y adoptar decisiones fundamentadas. Este proceso adquiere relevancia adicional al considerar su contribución a la preservación de la confianza depositada por sus socios, así como al cumplimiento estricto de las regulaciones y normativas vigentes. En última instancia, la valoración de riesgos resguarda la integridad financiera de las COAC, este enfoque metódico y reflexivo constituye un componente predominante para la sostenibilidad a largo plazo de estas organizaciones y su impacto positivo en el tejido social y económico local. A continuación, se detallan las vulnerabilidades dependiendo del tipo de riesgo al que se enfrentan estas instituciones.
Riesgo de liquidez, el análisis de las COAC en Ecuador revela una dependencia de los depósitos como fuente principal de financiamiento, siendo los depósitos a plazo el componente predominante, representando el 75% del total hasta marzo de 2023. Sin embargo, se destaca una variación interanual del 12% en los depósitos, marcando una disminución respecto al crecimiento observado en marzo de 2022. La gestión de liquidez es esencial, con requisitos y porcentajes de encaje que se equiparan de forma gradual al sector privado. La normativa actual incluye análisis de riesgo de liquidez, pero se sugiere la evaluación y posible ajuste normativo a corto, mediano y largo plazo para alinearse con estándares internacionales. La SEPS supervisa y regula el sector, aunque se plantea la necesidad de un enfoque más exigente para las cooperativas más grandes, dada su importancia sistémica en el sistema financiero popular y solidario.
Riesgo de crédito, las COAC se hallan expuestas a un riesgo crediticio destacado, patentizado por el incremento de su cartera crediticia en 2022 (22.6%), superando de manera considerable el crecimiento del PIB (8.4%). Con el 88% de sus recursos canalizados hacia consumos y microcréditos, segmentos caracterizados por una notoria morosidad, la vigilancia de estos resulta imperativa. A pesar de contar con una normativa para la gestión de riesgos, se constata una liberalidad en la oferta de créditos, prescindiendo de requisitos rigurosos. La estructura administración procura reducir riesgos usando modelos de scoring, aunque su utilidad varía entre las distintas entidades, buscan mantener suficiente solvencia como protección contra pérdidas imprevistas; no obstante, políticas de préstamo menos estrictas podrían colisionar con medidas de seguridad a nivel macroeconómico.
Riesgo de mercado, las COAC enfrentan riesgos considerables debido a las tasas de interés, siendo la principal fuente de riesgo de mercado. En cuanto al riesgo de liquidez, la concentración en depósitos a plazo se debe a que la tasa de interés pasiva en estas entidades es más alta que la ofrecida por los bancos privados. En marzo de 2023, la tasa efectiva del sector cooperativo fue del 7.6%, en comparación con el 1.7% de los depósitos de ahorro. Esta disparidad ha llevado a un aumento gradual en las tasas de interés de los bancos, en los depósitos a plazo, lo que podría generar una disminución de clientes y recursos, representando un riesgo potencial para las cooperativas. En marzo de 2023, la tasa pasiva efectiva de los bancos en depósitos a plazo fue del 6.5%, apenas 1.1 p.p. por debajo de la ofrecida por las cooperativas.
Riesgo operacional, en las COAC se origina en problemas internos, personas, sistemas y eventos externos, incluyendo riesgo legal. La exposición proviene de operaciones diarias y eventos inesperados, la interrupción de servicios afecta a clientes, a la rentabilidad y solvencia. La normativa para supervisar este riesgo en estas organizaciones es específica, pero carece de métodos para medir exposición y efectos, destacando la importancia de actualizarla. La gestión del riesgo operativo debe abordar tecnología robusta, capacitación del personal y políticas sólidas para promover buenas prácticas y planificación de contingencias que optimicen procesos y protejan a inversores y consumidores.
Riesgo cibernético, en las COAC ecuatorianas ha ganado relevancia, evidenciado por ataques que afectaron operaciones y provocaron la salida de depósitos. A medida que la tecnología avanza, la dependencia y la exposición a amenazas cibernéticas, como el robo de datos y ataques de malware, aumentan. Aunque Ecuador tiene una Ley de Protección de Datos, los sectores financieros público y privado carecen de normativas específicas para la gestión del riesgo cibernético.
La existente “Norma de Control para la Gestión de Riesgo Operativo” aborda aspectos de ciberseguridad, pero se sugiere la necesidad de normativas más específicas y medidas preventivas, como firewalls avanzados, capacitación en ciberseguridad y planes de contingencia. La supervisión integral y la aplicación de estándares mínimos son importantes para proteger la información de los consumidores.
Riesgo climático, la Superintendencia de Bancos (SB) emitió una resolución en julio de 2022 sobre la gestión del riesgo ambiental y social, abordando riesgos en la cartera relacionados con efectos ambientales y de transición. Sin embargo, la normativa no incluye riesgos asociados a activos financieros ambientales ni aborda vulnerabilidades en la continuidad operativa ante eventos climáticos.
Las COAC, al igual que los bancos, deben aplicar la “Norma de control para la administración del riesgo ambiental y social en las cooperativas de ahorro y crédito” desde el 2022. Es esencial que los supervisores monitoreen su implementación y fortalezcan el marco normativo para abordar las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD).
Riesgos institucionales y reputacionales, el riesgo institucional se manifiesta en la dificultad para aplicar normativas debido a superposiciones y falta de actualización legislativa. La coordinación limitada entre entidades y diferencias técnicas y políticas genera evaluaciones parciales, complicando la implementación de políticas de supervisión. Se requiere una mayor coordinación para identificar y evaluar cambios legales a largo plazo.
El riesgo reputacional surge a raíz de eventos adversos que generan percepciones negativas, provocando retiros de depósitos y minando la confianza de los socios, estos eventos pueden ser desencadenados por diversas circunstancias, como problemas operativos, decisiones de gestión cuestionables o incluso escándalos públicos. Cuando se materializan, estas situaciones adversas pueden tener un impacto significativo en la imagen y credibilidad de la institución financiera, llevando a la pérdida de clientes y debilitando su posición en el mercado.
La gestión proactiva de este riesgo se vuelve imperativa para salvaguardar la integridad y estabilidad de las COAC, adoptar estrategias de comunicación efectivas y políticas preventivas para mitigar estos riesgos y preservar la confianza de los depositantes y colaboradores.
Riesgo sistémico, en el sistema financiero ecuatoriano denota la posibilidad de una alteración que impacte a todos los agentes al mismo tiempo. La interconexión entre bancos privados y cooperativas, tanto en activos como en pasivos, puede transformar eventos idiosincráticos en sistémicos mediante el contagio. Aunque la SEPS ha segmentado las COAC y mutualistas según el valor de sus activos, destacando el segmento 1, la falta de definición de indicadores más allá de los activos podría limitar la medición precisa de riesgos sistémicos.
A pesar de un análisis de interconexión en 2015, se denota la necesidad de una definición más precisa de la importancia sistémica y requisitos de información más completos para evaluar las interrelaciones y riesgos en el sector (Banco Central del Ecuador [BCE], 2023). La figura 3 muestra los tipos de riesgos y su interconexión.
Figura 3. Mapeo de riesgos.
Fuente: BCE (2023).
Evaluación de la gestión de riesgo en Cooperativas de Ahorro y Crédito ecuatorianas segmento uno
La gestión de riesgos tiene raíces que se remontan a varios milenios. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando el término empezó a popularizarse, y se define como una actividad destinada a administrar y controlar la organización en relación con los riesgos.
Las COAC en el ámbito específico del segmento uno, mejoran su manejo de riesgos al contar con buenas prácticas éticas, lo que reduce el impacto económico y social, vinculado a la reputación y confianza que estas organizaciones generan entre sus socios y en el ámbito financiero, estas prácticas protegen la salud financiera de las cooperativas, y permiten disminuir el riesgo al que se exponen.
En este contexto, la gestión del riesgo crediticio se establece como un proceso ineludible para mantener los riesgos financieros en umbrales aceptables. En aras de alcanzar tal propósito, resulta imperativo establecer políticas idóneas y emplear herramientas eficaces que permitan a las instituciones mantener su enfoque en la consecución de objetivos de rentabilidad, al tiempo que se propicia una gestión operativa y de capital adecuada.
De este modo, la finalidad radica en lograr un equilibrio armónico entre la rentabilidad y la exposición a riesgos. Por consiguiente, el directorio y los individuos encargados de la toma de decisiones deben aplicar un proceso ágil y eficiente para el adecuado manejo del riesgo crediticio, el cual se ajuste a las dimensiones y la complejidad de las operaciones y servicios de estas entidades. Asimismo, es necesario que la alta dirección se involucre de manera integral en el entramado de la gestión de los riesgos corporativos. En consonancia con esta perspectiva, se presenta un análisis detallado de los componentes de la gestión del riesgo crediticio y su repercusión en la estabilidad económica y social del ámbito financiero en general (Cevallos & Campos, 2023)
Ambiente interno: se revela como un aspecto central en el entramado del proceso de gestión de riesgos. Este escenario intrínseco destaca por la convergencia de la destreza ética y técnica de los directivos, la valía del capital humano presente en la organización, así como por la configuración de la estructura organizativa y la eficiente delegación de responsabilidades. La fortaleza de una estructura organizativa sólida, la promoción de una cultura corporativa apropiada, la delineación clara de políticas y procedimientos, y la presencia de empleados competentes y comprometidos emergen como pilares básicos para mitigar los riesgos internos, estos elementos contribuyen a la resiliencia de las COAC en el panorama financiero, y aseguran la sostenibilidad a largo plazo de estas entidades.
Identificación del riesgo: este proceso implica una valoración exhaustiva de los riesgos internos y externos que podrían afectar los objetivos y operaciones de las COAC. Se analiza la interdependencia entre diversas situaciones de riesgo, junto con la probabilidad de ocurrencia, permitiendo asignar recursos de manera eficiente. Este enfoque proactivo preserva la confianza de los socios y la comunidad, también representa un ejercicio preventivo y estratégico; de esta manera, proporciona a estas entidades las herramientas necesarias para adaptarse a un entorno dinámico, consolidando su posición destacada en el escenario financiero del segmento uno.
Evaluación de riesgos: este componente proporciona una comprensión profunda de la magnitud y alcance de los riesgos identificados, aborda tanto riesgos internos como externos, enfatizando la importancia de contextualizar las amenazas en el ámbito específico del segmento uno. Asignar una valoración ponderada a cada riesgo facilita la priorización de acciones y recursos para mitigar las amenazas más relevantes. Este enfoque sistemático fortalece la capacidad de las COAC para anticipar y gestionar riesgos además mejora la toma de decisiones estratégicas.
Tratamiento del riesgo: se ejecuta con el propósito de reducir la probabilidad de su ocurrencia, mitigar su impacto, prevenirlo o transferirlo de manera parcial o en su totalidad. Por ende, resulta determinante optar por un procedimiento en consonancia con el nivel predefinido de aceptación del riesgo.
Actividades de control: representan el núcleo primordial en la gestión del riesgo, por tanto, aseguran que los procedimientos, límites, estándares y políticas se formulen y ejecuten de manera adecuada. Este proceso garantiza que la actividad de control sea apropiada y se integre de manera efectiva en los métodos operativos y de respaldo de la organización. La implementación rigurosa de estas actividades busca mantener la conformidad con las normativas y directrices establecidas, inclusive incorpora de manera sinérgica los controles en todas las facetas de las operaciones comerciales.
Información y comunicación: demanda datos pertinentes y apropiados para su transmisión a los interesados tales como clientes, directivos, gerencia y personal interno; esta fase asegura una comunicación efectiva sobre la gestión financiera y operativa, garantizando que aquellos involucrados posean el conocimiento necesario. La calidad y relevancia de la información compartida son determinantes para una toma de decisiones informada y una comprensión integral de los riesgos, contribuyendo así a la eficacia global de la gestión de riesgos en el entorno organizacional.
Monitoreo: este proceso implica el peritaje continuo del funcionamiento adecuado del área de gestión de riesgos, y la implementación ágil de los cambios necesarios. Su ejecución constante durante las operaciones diarias en las COAC permite la identificación temprana de posibles hallazgos que podrían derivar en riesgos. Este enfoque vigilante posibilita la toma de decisiones oportunas y la aplicación de medidas correctivas.
La administración de la cartera de crédito implica la instauración de criterios, metodologías y sistemas internos para la selección y otorgamiento de créditos, así como un sistema de seguimiento y control del riesgo. Se destaca la pertinencia de emplear metodologías analíticas basadas en el comportamiento histórico de las carteras, proporcionando una gestión precisa de los riesgos inherentes. Además, se enfatiza la necesidad de un sistema de información robusto, respaldado por reportes y objetivos definidos, para facilitar la toma de decisiones y garantizar su salud financiera y posicionamiento en el segmento uno. La figura 4 muestra las prácticas que intervienen en la gestión de riesgo crediticio.
Figura 4. Identificación y mitigación de riesgos crediticios.
Fuente: Cevallos y Campos (2023).
Análisis crediticio exhaustivo: las COAC realizan un análisis de crédito detallado antes de otorgar préstamos a sus miembros. Esto implica evaluar la capacidad crediticia de los solicitantes, analizar su historial crediticio, ingresos, activos y pasivos, y considerar factores externos que puedan afectar su capacidad de pago. Un análisis de crédito riguroso ayuda a reducir el riesgo de incumplimiento y garantiza que los préstamos se otorguen de manera responsable.
Diversificación de la cartera de crédito: las COAC buscan diversificar sus carteras de créditos y servicios para reducir la dependencia de un solo producto o sector. Esto implica ofrecer una variedad de productos financieros y servicios, como cuentas de ahorro, créditos, seguros y servicios de remesas. La diversificación de la cartera de servicios ayuda a mitigar el riesgo asociado con la dependencia de un solo producto o sector económico.
Garantías: al otorgar préstamos, las COAC buscan asegurar que existan mecanismos efectivos para protegerse contra posibles incumplimientos por parte de los prestatarios. Estas instituciones suelen requerir garantías reales al momento de conceder préstamos, estas garantías pueden incluir bienes muebles e inmuebles, vehículos, cuentas bancarias u otros activos de valor que sirvan como respaldo para el préstamo. La estimación cuidadosa de la calidad y la suficiencia de estas garantías es esencial para asegurar que sean adecuadas para cubrir el monto del préstamo en caso de incumplimiento.
Monitoreo del riesgo crediticio: las COAC del segmento uno lleva a cabo un proceso integral que abarca desde la cualificación inicial de la solvencia del prestatario hasta la gestión continua de la cartera de préstamos. Una vez concedido el crédito, el monitoreo continúa de manera constante. Estas entidades implementan sistemas de seguimiento que permiten evaluar la salud financiera de los prestatarios durante la vigencia del préstamo. Esto incluye la revisión periódica de estados financieros, informes de pagos y otros indicadores. Además, estas instituciones utilizan herramientas tecnológicas avanzadas para automatizar este proceso, lo que facilita la detección temprana de posibles señales de riesgo crediticio.
Fijación de precios basada en el riesgo: esta estrategia implica ajustar las tasas de interés y condiciones de los préstamos según el perfil de riesgo de cada prestatario, permitiendo a estas entidades adaptarse a las variaciones en la capacidad crediticia de los solicitantes. Esta política permite a las COAC diferenciar sus ofertas crediticias, garantizando que aquellos prestatarios con un mayor riesgo paguen tasas de interés más acordes con su perfil crediticio. Por otro lado, aquellos con un menor riesgo pueden beneficiarse de tasas más favorables, incentivando el acceso al crédito para individuos y empresas con finanzas saludables.
Evaluación del marco regulatorio y su Influencia en el riesgo crediticio
Las COAC en Ecuador se encuentran sometidas a un riguroso marco regulatorio establecido por la SEPS. Este entorno legal impone a estas instituciones la obligación de cumplir con informes financieros periódicos, adoptar políticas de gobierno corporativo y aplicar medidas de control interno, siendo la observancia de estas normativas esencial para mitigar posibles riesgos legales y regulatorios.
La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria sirve como el sustento jurídico para el funcionamiento de las COAC del país, delineando los requisitos para su constitución, operación y supervisión, así como los derechos y obligaciones de sus socios. Dentro de este escenario, estas entidades se ven limitadas en la captación de recursos y la colocación de créditos, debido a que la SEPS establece límites que varían según el tamaño y la categoría de cada institución. Además, se les impone la necesidad de mantener reservas financieras específicas para reforzar su solidez y capacidad de respuesta ante potenciales pérdidas, con requisitos específicos diseñados para salvaguardar a los depositantes y promover la estabilidad financiera.
La transparencia en la gestión de las cooperativas es un principio cardinal, exigiendo a estos organismos proporcionar información clara y exhaustiva a sus asociados, abarcando desde tasas de interés y comisiones hasta las condiciones de los productos y estados financieros. Estas regulaciones tienen como objetivo proteger los derechos de los consumidores financieros, regulando prácticas abusivas, la atención de reclamos y la imposición de sanciones en caso de incumplimiento. Asimismo, están obligadas a cumplir con regulaciones destinadas a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con la implementación de medidas de debida diligencia y la obligación de reportar cualquier transacción sospechosa.
Las decisiones gubernamentales en política monetaria y fiscal ejercen una influencia directa en el riesgo de crédito. Por ejemplo, las determinaciones del BCE sobre tasas de interés pueden afectar el costo del crédito y, por ende, la capacidad de los prestatarios para cumplir con sus obligaciones. Además, las políticas fiscales que inciden en el gasto público, la inversión y la actividad económica pueden tener un impacto indirecto en los ingresos y capacidad de pago de los prestatarios.
En relación con los indicadores gubernamentales, se observa una correlación negativa entre los resultados del control de la corrupción y el riesgo de crédito. Las medidas gubernamentales para reducir la corrupción contribuyen a mejorar la calidad de los préstamos. No obstante, la variable “Estado de derecho”, que evalúa la confianza y el apego a las normas en la sociedad, presenta una correlación positiva con el riesgo de crédito. Un gobierno eficaz actúa como catalizador para el desarrollo integral de la nación, al fomentar la seguridad en la población y crear un ambiente propicio para el crecimiento económico (Urbina, 2019).
CONCLUSIONES
El sistema financiero nacional juega un papel crucial en la economía ecuatoriana al impulsar el desarrollo económico a través de operaciones de préstamo y ahorro, facilitando así el flujo de recursos.
La crisis financiera de los noventa condujo a reformas significativas y medidas para fortalecer la estabilidad del sector financiero, demostrando su capacidad de recuperación y adaptación.
El progreso experimentado por el sistema financiero ecuatoriano postcrisis se refleja en un fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y regulación, generando mayor estabilidad y confianza, así como un aumento en la participación activa de la ciudadanía en el sistema.
A pesar del crecimiento positivo en indicadores financieros, las cooperativas en el sector financiero popular y solidario enfrentan un aumento notable en la tasa de morosidad, lo que destaca la necesidad de establecer provisiones adecuadas para abordar los desafíos relacionados con el riesgo crediticio.
La gestión integral de recursos y la necesidad de abordar los riesgos asociados, como el riesgo crediticio, se destacan como aspectos críticos para la estabilidad financiera de las cooperativas en Ecuador, especialmente en el segmento uno.
Las COAC ecuatorianas enfrentan una diversidad de riesgos, como el de liquidez, crédito, mercado, operacional, cibernético, climático, institucional y reputacional. La gestión adecuada de estos riesgos es crucial para su estabilidad y sostenibilidad a largo plazo. La diversificación de la cartera de crédito y la implementación de políticas sólidas de gestión de riesgos son fundamentales para mitigar estos riesgos y mantener la confianza de los socios y el público en general.
Existe una interconexión entre las COAC y otros actores del sistema financiero ecuatoriano, lo que puede convertir eventos idiosincráticos en riesgos sistémicos. La SEPS ha segmentado las COAC según el valor de sus activos para mitigar este riesgo, pero se requiere una definición más precisa de indicadores de importancia sistémica y requisitos de información más completos para evaluar adecuadamente los riesgos en el sector y proteger la estabilidad financiera.
El marco regulatorio y de supervisión desempeña un papel clave en la gestión de riesgos de las COAC. La SEPS impone límites y requisitos específicos para fortalecer la solidez financiera de estas instituciones y proteger a los depositantes. La transparencia en la gestión y el cumplimiento de normativas anti-lavado de dinero y financiamiento del terrorismo son aspectos esenciales para el funcionamiento adecuado de las COAC.
FINANCIAMIENTO
No monetario.
AGRADECIMIENTO
A la planta docente de la Maestría en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Católica de Cuenca.
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