RESUMEN

En este estudio se analizó la percepción de las comunidades afectadas y otros actores involucrados en el tratamiento de los conflictos mineros. Se adoptó un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, para recopilar y analizar los datos mediante encuestas estructuradas aplicadas a una muestra representativa de 300 personas directamente implicadas en regiones con alta incidencia de actividad minera. Los resultados revelaron una percepción predominantemente negativa respecto a las estrategias empleadas para resolver los conflictos, destacando la falta de participación inclusiva y la ausencia de mecanismos transparentes de diálogo. Además, se precisó cierta desconfianza hacia las empresas mineras y una limitada intervención del Estado como mediador efectivo. Como conclusión, se consideró necesario implementar políticas en pro de la comunicación efectiva y el fortalecimiento de los procesos participativos para mejorar la percepción del tratamiento de los conflictos mineros y contribuir a una mayor sostenibilidad social y ambiental en las zonas afectadas.

Descriptores: Percepción; comunidades; tratamiento de conflictos mineros. (Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

This study analyzed the perception of affected communities and other actors involved in the treatment of mining conflicts. A quantitative, descriptive approach was adopted to collect and analyze data through structured surveys applied to a representative sample of 300 people directly involved in regions with a high incidence of mining activity. The results revealed a predominantly negative perception of the strategies employed to resolve conflicts, highlighting the lack of inclusive participation and the absence of transparent dialogue mechanisms. In addition, certain distrust towards mining companies and a limited intervention of the State as an effective mediator were also noted. In conclusion, it was considered necessary to implement policies for effective communication and the strengthening of participatory processes to improve the perception of the treatment of mining conflicts and contribute to greater social and environmental sustainability in the affected areas.

Descriptors: Perception; communities; treatment of mining conflicts. (UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

Los conflictos mineros representan uno de los principales desafíos socioambientales en los territorios ricos en recursos naturales (Hipólito y Azamar, 2022; Bastidas et al., 2018). En las últimas décadas, la creciente expansión de las actividades mineras ha generado tanto oportunidades económicas como tensiones sociales y ambientales, particularmente, en comunidades locales que a menudo perciben que los beneficios económicos no son equitativamente distribuidos y que los impactos negativos son desproporcionadamente elevados. En este contexto, el tratamiento de los conflictos mineros se ha convertido en un tema de interés crítico para gobiernos, empresas, comunidades y organizaciones de la sociedad civil (González et al., 2022).

La naturaleza multidimensional de estos conflictos, que abarca dimensiones económicas, ambientales, culturales y políticas, exige mecanismos de resolución inclusivos, participativos y transparentes. Sin embargo, en muchos casos, la percepción de las comunidades afectadas y otros actores clave precisan que los procesos implementados carecen de eficacia y legitimidad, lo cual perpetúa la desconfianza y la confrontación. Estas percepciones influyen directamente en el éxito o el fracaso de las estrategias de resolución de conflictos, haciendo imprescindible su estudio para comprender los factores que condicionan la aceptación o rechazo de estas iniciativas.

El presente estudio aborda esta problemática desde un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo, que busca identificar y analizar la percepción de los actores involucrados sobre el tratamiento de los conflictos mineros. A través de la recopilación de datos prácticos mediante encuestas aplicadas en regiones con alta incidencia de actividad minera, se pretende proporcionar una visión integral de las opiniones y actitudes predominantes en torno a este fenómeno.

Este trabajo busca una comprensión amplia de las percepciones de los actores, a fin de contribuir al diseño de políticas y estrategias más efectivas para la gestión de los conflictos. En particular, se examinan aspectos clave como la participación comunitaria, la equidad en la distribución de beneficios, la transparencia en la toma de decisiones y la eficacia de los mecanismos de mediación. Asimismo, se busca identificar las distancias existentes entre las expectativas de las comunidades y las acciones emprendidas por los actores responsables.

Vale destacar que la sostenibilidad social y ambiental de las actividades extractivas constituye un tema prioritario en la agenda global (McDonald et al., 2022). Por ende, la presente investigación aporta un enfoque inexorable que puede servir de base para la toma de decisiones en el ámbito de la gestión de conflictos mineros. Los resultados no solo contribuirán al enriquecimiento del compendio teórico, sino también ofrecerán insumos prácticos para el diseño de intervenciones más inclusivas y sostenibles en contextos de alta conflictividad minera.

Los conflictos mineros constituyen una de las manifestaciones más visibles de las tensiones entre el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y los derechos sociales. Estos conflictos surgen, en gran medida, por la percepción de incompatibilidad entre los intereses de las empresas extractivas, las comunidades locales y los gobiernos, cada uno de los cuales prioriza diferentes objetivos y valores. Por un lado, las empresas mineras promueven el desarrollo económico a través de la extracción de recursos naturales, argumentando que estas actividades generan empleo, inversión extranjera y crecimiento económico (Sánchez et al., 2016). Por otro lado, las comunidades locales suelen percibir que los costos asociados a la actividad minera –como la degradación ambiental, la pérdida de recursos hídricos y los desplazamientos forzados– superan los beneficios que reciben directamente (Sandoval et al., 2017).

En América Latina, en una región con vastos recursos minerales, los conflictos mineros alcanzan niveles alarmantes. Diversos estudios han documentado cómo la falta de consulta previa, libre e informada ha exacerbado las tensiones entre las partes. Además, las comunidades indígenas y rurales frecuentemente enfrentan barreras para hacer valer sus derechos debido a la asimetría de poder y recursos frente a las grandes corporaciones. En este contexto, el tratamiento de los conflictos mineros se ha convertido en un tema central en las agendas de desarrollo sostenible, derechos humanos y gobernanza ambiental (Horta y García, 2021).

Desde un punto de vista teórico, los conflictos mineros pueden ser analizados desde diversas perspectivas: el modelo de desarrollo basado en la extracción, las teorías de justicia ambiental y los enfoques de gobernanza colaborativa. Estas perspectivas destacan la importancia de incluir a todos los actores relevantes en los procesos de toma de decisiones y la necesidad de garantizar que los beneficios y costos de la actividad minera sean distribuidos de manera equitativa. Sin embargo, la implementación de estas ideas en la práctica ha enfrentado importantes desafíos.

La relevancia de este estudio radica en su capacidad para describir un escenario donde la actividad minera sigue siendo un motor económico clave para muchos países. Entender cómo los diferentes actores perciben los procesos de resolución de conflictos es esencial para diseñar estrategias más inclusivas, sostenibles y efectivas (Jaskoski, 2021). Este trabajo, además, pretende contribuir al desarrollo de políticas públicas que prioricen el diálogo, la justicia ambiental y la protección de los derechos humanos, sentando las bases para una relación más armónica entre la minería y las comunidades locales (Lugo y Lara, 2022). Por tanto, se planteó como objetivo general analizar la percepción de las comunidades afectadas y otros actores involucrados en el tratamiento de los conflictos mineros.

Con ello, se espera que los resultados de este estudio proporcionen un diagnóstico detallado de la situación actual y, a su vez, sirvan como guía para la mejora de los mecanismos de tratamiento de conflictos, promoviendo un desarrollo económico más equilibrado y sostenible en las regiones mineras (Monsalve, 2022).

MÉTODO

El presente estudio adoptó un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, con el objetivo de analizar la percepción de los actores involucrados en el tratamiento de los conflictos mineros. De este modo, se recopilaron datos objetivos y sistemáticos sobre las actitudes, opiniones y experiencias de las comunidades afectadas, las empresas mineras y las autoridades gubernamentales.

Para ello, se acudió a un diseño descriptivo transversal, que permitió caracterizar las percepciones de los participantes en un momento determinado del tiempo. La población incluyó tres grupos principales:

Comunidades locales ubicadas en regiones con alta incidencia de conflictos mineros.
Representantes de empresas mineras que operaban en dichas regiones.
Funcionarios gubernamentales involucrados en la gestión y resolución de conflictos.

Para garantizar la representatividad de los datos, se utilizó un muestreo estratificado, seleccionando participantes de diferentes regiones geográficas afectadas por la minería. La muestra final incluyó 300 personas, distribuidas de la siguiente manera: 60% miembros de comunidades locales, 25% representantes de empresas mineras y 15% funcionarios gubernamentales.

La recolección de los datos se realizó mediante una encuesta estructurada compuesta por tres secciones principales:

Datos sociodemográficos: edad, género, nivel educativo, y ocupación de los participantes.
Percepción sobre el tratamiento de conflictos: preguntas relacionadas con la eficacia de los mecanismos de resolución, la participación en los procesos y la transparencia en la toma de decisiones.
Satisfacción general y sugerencias: escala Likert para medir la satisfacción con las estrategias actuales y preguntas abiertas para recoger comentarios adicionales.

El instrumento fue validado mediante una prueba piloto aplicada a 30 personas, seleccionadas aleatoriamente, para evaluar su claridad, pertinencia y consistencia interna.

La recolección de datos se llevó a cabo entre los meses de marzo y mayo de 2024. Se realizaron visitas a comunidades locales, entrevistas en las oficinas de empresas mineras y consultas con funcionarios gubernamentales. Se empleó una combinación de encuestas en papel y en formato digital, dependiendo de las condiciones logísticas de cada región.

Cabe destacar que los datos recopilados fueron procesados utilizando el software estadístico SPSS, versión 26. Se realizaron análisis descriptivos, incluyendo frecuencias, porcentajes, medias y desviaciones estándar, para caracterizar las percepciones de los participantes. Además, se llevaron a cabo análisis comparativos entre los tres grupos (comunidades, empresas y gobierno) mediante pruebas de chi-cuadrado y ANOVA, para identificar diferencias significativas en las percepciones.

Finalmente, es menester precisar que el estudio cumplió con los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki. Todos los participantes recibieron información detallada sobre los objetivos del estudio y dieron su consentimiento informado por escrito. Se garantizó la confidencialidad de los datos y el anonimato de las respuestas, así como el derecho de los participantes a retirarse del estudio en cualquier momento.

RESULTADOS

A continuación, se presentan los datos obtenidos mediante tablas en atención a las percepciones de las comunidades protagonistas de las zonas mineras estudiadas.

Tabla 1.

Distribución sociodemográfica de los participantes.

Categoría	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Género: Masculino	180	60
Género: Femenino	120	40
Nivel educativo: Básico	100	33.3
Nivel educativo: Secundario	140	46.7
Nivel educativo: Superior	60	20
Ocupación: Comunidad local	180	60
Ocupación: Empresa minera	75	25
Ocupación: Gobierno	45	15

Elaboración: El autor.

De acuerdo con la tabla 1, la muestra estuvo compuesta principalmente por hombres (60%) y personas con nivel educativo secundario (46.7%). Los participantes de las comunidades locales representaron el mayor grupo (60%), los representantes de empresas mineras y funcionarios gubernamentales constituyeron el 25% y el 15%.

Tabla 2.

Percepción sobre la efectividad de los mecanismos de resolución de conflictos.

Grupo	Muy efectiva (%)	Efectiva (%)	Poco efectiva (%)	Nada efectiva (%)
Comunidad local	5	20	40	35
Empresa minera	25	50	20	5
Gobierno	15	40	30	15

Elaboración: El autor.

Según la tabla 2, la percepción de la efectividad de los mecanismos de resolución de conflictos varió significativamente entre los grupos. Mientras que el 75% de los representantes de empresas mineras calificaron los mecanismos como "muy efectivos" o "efectivos", solo el 25% de las comunidades locales compartieron esta opinión. Por su parte, el 55% de los funcionarios gubernamentales consideraron los mecanismos efectivos, pero un 30% los evaluó como poco efectivos.

Tabla 3.

Satisfacción general con la transparencia en la toma de decisiones.

Nivel de satisfacción	Comunidades locales (%)	Empresas mineras (%)	Gobierno (%)
Muy satisfecho	8	40	25
Satisfecho	22	45	50
Insatisfecho	40	10	15
Muy insatisfecho	30	5	10

Elaboración: El autor.

En atención a la tabla 3, los datos muestran una marcada diferencia en los niveles de satisfacción entre los grupos. Las empresas mineras son las más satisfechas con la transparencia en la toma de decisiones (85% entre "muy satisfecho" y "satisfecho"), mientras que el 70% de las comunidades locales reportaron estar insatisfechas o muy insatisfechas. Esto evidencia una percepción de desconfianza hacia los procesos de decisión por parte de las comunidades locales.

Tabla 4.

Factores críticos identificados en la gestión de conflictos.

Factor	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Falta de participación inclusiva	180	60
Desconfianza hacia las empresas mineras	150	50
Ausencia de mediación estatal efectiva	120	40
Impactos ambientales no mitigados	90	30

Elaboración: El autor.

Según la tabla 4, la falta de participación inclusiva fue identificada como el factor más crítico (60%), seguida por la desconfianza hacia las empresas mineras (50%). Este resultado subraya la necesidad de fortalecer los procesos participativos y transparentes para mejorar la percepción del tratamiento de los conflictos mineros.

Tabla 5.

Opinión sobre la equidad en la distribución de beneficios derivados de la minería.

Opinión	Comunidades locales (%)	Empresas mineras (%)	Gobierno (%)
Totalmente equitativa	5	50	30
Parcialmente equitativa	15	35	40
Poco equitativa	50	10	20
Nada equitativa	30	5	10

Elaboración: El autor.

Los resultados de la tabla 5 reflejan una percepción divergente entre los grupos. Mientras que el 85% de las empresas mineras consideran que la distribución de beneficios es al menos "parcialmente equitativa", el 80% de las comunidades locales la califican como "poco equitativa" o "nada equitativa". Se evidencia una brecha en cómo los actores perciben los beneficios económicos generados por la minería.

Tabla 6.

Percepción sobre participación de las comunidades en procesos de toma de decisiones.

Nivel de participación percibida	Comunidades locales (%)	Empresas mineras (%)	Gobierno (%)
Alta participación	10	45	35
Moderada participación	20	40	40
Baja participación	40	10	15
Nula participación	30	5	10

Elaboración: El autor.

Según la tabla 6, la percepción sobre la participación de las comunidades en los procesos de toma de decisiones también presenta discrepancias. El 70% de las comunidades locales consideran que tienen "baja" o "nula" participación, mientras que el 85% de las empresas mineras perciben que las comunidades participan al menos de manera "moderada". Esto sugiere una desconexión en cómo se entienden e implementan los procesos participativos.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio destacan importantes divergencias en la percepción del tratamiento de los conflictos mineros entre los diferentes grupos de actores involucrados. Estas diferencias ponen de manifiesto la complejidad de abordar conflictos en contextos donde los intereses, valores y experiencias son profundamente heterogéneos.

Uno de los datos más significativos es la percepción de inequidad en la distribución de los beneficios derivados de la minería, particularmente entre las comunidades locales. Mientras que el 80% de los miembros de estas comunidades calificaron la distribución de beneficios como "poco equitativa" o "nada equitativa", las empresas mineras y los funcionarios gubernamentales mostraron opiniones más favorables. Este resultado concuerda con estudios previos que señalan la percepción de exclusión económica como un factor clave en la génesis de los conflictos mineros.

La disparidad en estas percepciones podría estar relacionada con la falta de mecanismos claros de redistribución económica, así como con la limitada participación comunitaria en la planificación y toma de decisiones relacionadas con los proyectos mineros. Esto sugiere la necesidad de implementar políticas más inclusivas y transparentes que garanticen beneficios tangibles para las comunidades afectadas.

Otro aspecto destacado es la percepción de baja participación comunitaria en los procesos de toma de decisiones. Según los datos, el 70% de los miembros de las comunidades locales consideran que tienen "baja" o "nula" participación, en contraste con el 85% de los representantes de las empresas mineras que creen que la participación es al menos "moderada". Estas discrepancias reflejan no solo una desconexión entre las acciones implementadas y las expectativas de las comunidades, sino también posibles limitaciones en los mecanismos de consulta y diálogo existentes.

La eficacia de los mecanismos para la resolución de conflictos también varió significativamente entre los grupos. Mientras que las empresas mineras consideraron mayoritariamente que los mecanismos actuales son "muy efectivos" o "efectivos," el 75% de las comunidades locales evaluaron estos mecanismos como "poco efectivos" o "nada efectivos." Esta percepción confirma que los esfuerzos realizados hasta ahora no han logrado satisfacer las expectativas de las comunidades, quienes pueden sentirse marginadas o subrepresentadas en estos procesos.

Un aspecto preocupante que emerge de los resultados es el papel poco efectivo que los gobiernos están desempeñando en la mediación de conflictos (Morón, 2022; Uribe et al., 2023). Aunque el 55% de los funcionarios gubernamentales evaluaron los mecanismos de resolución como "efectivos", las comunidades locales y, en menor medida, las empresas mineras, expresaron una notable insatisfacción con la falta de neutralidad y capacidad del gobierno para gestionar estos conflictos. Por este motivo, los actores gubernamentales deben desempeñar un rol más activo como mediadores imparciales, priorizando la sostenibilidad social y ambiental en las negociaciones. Finalmente, las empresas mineras deben mejorar sus estrategias de comunicación y responsabilidad social corporativa, trabajando de conjunto con las comunidades para generar confianza y fortalecer relaciones a largo plazo.

Los resultados de este estudio tienen implicaciones prácticas significativas. En primer lugar, es esencial fortalecer los procesos participativos mediante la implementación de consultas previas, libres e informadas que sean representativas y vinculantes. En segundo lugar, es necesario establecer políticas claras y transparentes para la redistribución de beneficios económicos, asegurando que las comunidades locales perciban mejoras tangibles en su calidad de vida.

Aunque este estudio se centró principalmente en las percepciones sobre el tratamiento de los conflictos, los factores ambientales como la contaminación del agua y la degradación del suelo fueron mencionados de manera recurrente en las respuestas cualitativas, lo cual coincide con el estudio de (Velásquez, 2022), quien invita a la preservación del agua en los procesos mineros y el estudio de La Rotta & Hernando (2017), quienes invitan a resolver los conflictos socio-ambientales como asuntos prioritarios. Estos aspectos suelen ser subestimados en los mecanismos de resolución de conflictos, pero representan una fuente importante de insatisfacción para las comunidades afectadas.

La desconfianza hacia las empresas mineras y los gobiernos emerge como un factor central en la escalada de los conflictos mineros. Las comunidades locales manifestaron dudas sobre la imparcialidad de las instituciones gubernamentales y sobre el compromiso real de las empresas mineras con el desarrollo social y ambiental (García, 2017; Godfrid y Duárez, 2024).

Aunque los representantes de las empresas mineras valoraron positivamente la efectividad de los mecanismos de resolución de conflictos, las comunidades locales expresaron opiniones contrarias, calificándolos como poco efectivos o inadecuados. Esto recalca la necesidad de revisar y rediseñar estos mecanismos, priorizando enfoques participativos, transparentes y culturalmente adecuados (Massa et al., 2018).

Incorporar principios de justicia ambiental y sostenibilidad a los procesos de resolución no solo puede reducir tensiones, sino también fortalecer la legitimidad de los acuerdos alcanzados. Esto incluye garantizar que los estudios de impacto ambiental sean realizados por organismos independientes y que las comunidades tengan acceso a la información de manera oportuna y comprensible.

Si bien este estudio ofrece información sobre la percepción de los actores involucrados en los conflictos mineros, tiene ciertas limitaciones, debido a que la muestra estuvo limitada a regiones específicas, lo que podría no representar la diversidad completa de contextos mineros. Asimismo, el diseño transversal no permite analizar cambios en las percepciones a lo largo del tiempo.

Otras investigaciones podrían abordar estas limitaciones mediante estudios longitudinales y la incorporación de metodologías mixtas que incluyan técnicas cualitativas, como entrevistas en profundidad, para complementar y enriquecer los datos cuantitativos.

CONCLUSIONES

En definitiva, este estudio confirma que los conflictos mineros no pueden ser gestionados de manera efectiva sin considerar las percepciones y necesidades de todos los actores involucrados. Las empresas mineras deben repensar sus estrategias de responsabilidad social corporativa, los gobiernos deben adoptar un rol más activo y neutral, y las comunidades deben ser vistas como socios estratégicos, no como opositores. Este enfoque tripartito, basado en la confianza, la transparencia y la inclusión, es esencial para transformar los conflictos en oportunidades de desarrollo sostenible.

Tal como se evidenció en los resultados, el estudio detectó que las comunidades locales perciben una marcada inequidad en la distribución de los beneficios económicos derivados de la minería. Esta percepción contrasta con la visión más positiva de las empresas mineras y los funcionarios gubernamentales. Este hallazgo refuerza la necesidad de diseñar e implementar políticas redistributivas claras y transparentes que aseguren beneficios tangibles para las comunidades afectadas.

La percepción de la exclusión en los procesos de toma de decisiones fue uno de los datos más preocupantes. Un 70% de los participantes provenientes de las comunidades locales señalaron que su nivel de participación es "bajo" o "nulo", lo que sugiere que los mecanismos existentes no son suficientes ni efectivos para garantizar la inclusión de estos actores en las discusiones clave.

Por otro lado, aunque el foco del estudio no estaba específicamente en los impactos ambientales, las respuestas cualitativas resaltaron preocupaciones recurrentes sobre la contaminación del agua y la degradación ambiental. Estos factores deben ser abordados de manera prioritaria para reducir tensiones y construir confianza entre los actores.

Este estudio sugiere que la gestión de conflictos mineros debe basarse en un enfoque tripartito que integre: la promoción de procesos participativos y representativos; la adopción de mecanismos transparentes para la redistribución de beneficios y el fortalecimiento del rol del gobierno como mediador imparcial.

Los resultados del estudio tienen limitaciones relacionadas con el alcance geográfico y el diseño transversal. Investigaciones futuras podrían ampliar la cobertura geográfica y adoptar enfoques longitudinales y mixtos para explorar cómo evolucionan las percepciones en el tiempo. Asimismo, sería valioso incorporar perspectivas cualitativas que profundicen en las experiencias y motivaciones de los actores involucrados.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

Gracias a las comunidades locales ubicadas en las regiones con conflictos mineros, a los representantes de empresas mineras de dichas regiones y a los funcionarios gubernamentales, quienes con sus aportes enriquecieron el presente estudio.

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