INTRODUCCIÓN
La evaluación de las políticas públicas de seguridad ciudadana en el ámbito distrital reviste una importancia creciente, especialmente en un contexto global marcado por la intensificación de la percepción de inseguridad, la cual afecta directamente el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. La aplicación de metodologías adecuadas para llevar a cabo estas evaluaciones resulta esencial para asegurar que las políticas implementadas sean eficaces y respondan oportunamente a las necesidades de la población.
En tal sentido, una evaluación rigurosa permite no solo identificar los logros alcanzados, sino también evidenciar las deficiencias en la ejecución de las políticas públicas, estableciendo así las bases para un diseño más efectivo en el futuro, además una transformación en la cultura ciudadana es esencial para abordar las causas profundas de la inseguridad y fomentar una convivencia pacífica. El enfoque de cultura ciudadana implica promover valores cívicos, normas de comportamiento social, respeto por la ley y una mayor corresponsabilidad de los ciudadanos en la construcción de su propia seguridad y la de su entorno. (Trejo Rosero et al., 2022).
Por consiguiente, la ausencia de evaluaciones sistemáticas impide a los responsables políticos identificar con precisión qué estrategias son efectivas y cuáles deben ser modificadas o descartadas. Coz Torre (2023) indican que el 50% de los estudios revisados coinciden en la necesidad de diseñar nuevas políticas para enfrentar la inseguridad, lo que revela que no basta con ejecutar iniciativas, sino que es indispensable contar con un proceso constante de evaluación que permita ajustarlas a la realidad cambiante. Resulta imprescindible, por tanto, elaborar un marco de evaluación que integre indicadores claros y contextualizados para medir la efectividad de las políticas públicas en seguridad ciudadana.
En este marco, el presente artículo tiene como propósito realizar una revisión sistemática de las metodologías utilizadas en la evaluación de políticas públicas de seguridad ciudadana en distritos, examinando sus fortalezas, debilidades y su impacto en la percepción de seguridad de la ciudadanía. Se busca, con ello, contribuir a la formulación de políticas más eficaces, legítimas y participativas, mediante un análisis que considere tanto la evidencia empírica como las dimensiones subjetivas del entorno social.
En tal sentido, la seguridad ciudadana se ha consolidado como un componente central en las agendas gubernamentales de los países latinoamericanos, debido al impacto que la violencia y el crimen organizado tienen sobre la calidad de vida. González Velázquez (2024) sostiene que la seguridad ciudadana constituye un metaderecho humano, directamente vinculado con la democracia y los derechos fundamentales, lo que refuerza su carácter prioritario. En el ámbito distrital, donde se manifiestan de forma más directa las problemáticas cotidianas de seguridad, las políticas deben responder a realidades diversas y dinámicas, por lo que se requiere la intervención decidida del Estado y la consolidación de un marco normativo eficaz que garantice entornos seguros.
Además de medir la efectividad, la evaluación cumple un rol clave en la construcción de confianza institucional y en el fortalecimiento de la participación ciudadana. González Velázquez (2024) reafirma que la rendición de cuentas es un componente esencial de la evaluación, pues habilita a los ciudadanos a exigir políticas que garanticen su bienestar. Una evaluación rigurosa, que combine metodologías diversas, puede mejorar sustancialmente la calidad de las intervenciones públicas y fomentar una gestión más responsable por parte de las autoridades.
Mientras los métodos cuantitativos ofrecen precisión estadística sobre la eficacia de las políticas, los cualitativos proporcionan una comprensión más profunda de las experiencias ciudadanas. La integración de ambos enfoques mediante métodos mixtos permite captar la complejidad de la seguridad ciudadana y promover la cooperación entre la comunidad y las autoridades.
La apreciación de seguridad, entendida como la valoración subjetiva que los ciudadanos hacen sobre su entorno, es un componente clave en la evaluación de las políticas de seguridad. La seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe es un fenómeno complejo y multifactorial, profundamente influenciado por el contexto socioeconómico, político e institucional de cada país. (Páez Murillo et al.,2018). Esta idea está influida por factores como el contexto socioeconómico, la cohesión comunitaria y la representación mediática de la criminalidad. Diversos estudios de caso evidencian que dicho conocimiento varía considerablemente según las políticas adoptadas y el grado de participación ciudadana en su diseño y evaluación. La ausencia de una percepción positiva de seguridad puede derivar en aislamiento social, baja participación cívica y deterioro de la calidad de vida.
En consecuencia, la manera en que se evalúan las políticas públicas de seguridad puede impactar directamente en la percepción ciudadana. Las metodologías que integran la participación de la comunidad y que se adecuan a la realidad local resultan ser más eficaces para mejorar esa percepción. En esta línea, se recomienda adoptar enfoques evaluativos más inclusivos, capaces de captar las experiencias y expectativas de los ciudadanos, como parte de una estrategia más amplia de gobernanza democrática y adaptativa.
Se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las políticas públicas de seguridad ciudadana que benefician a la ciudadanía? Surge así el siguiente objetivo general realizar una revisión sistemática de las políticas públicas de seguridad ciudadana.
MÉTODO
La investigación se lleva a cabo desde una perspectiva cuantitativa mediante la recuperación, recopilación y análisis de referencias documentales y bibliográficas. Se apoya en una revisión sistemática de investigaciones científicas, que consiste en una exploración de la literatura científica bajo un proceso planificado y cuidadosamente ejecutado, con el objeto de analizar los hallazgos previamente publicados. (Quispe et al.2021). Siguiendo las pautas de la declaración PRISMA (Preferred Reporting Ítems for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Este análisis se desarrolla bajo un enfoque descriptivo, con el objetivo de recolectar y sintetizar información relevante. Esta metodología permite estructurar de forma ordenada la identificación, selección, evaluación y síntesis de la evidencia disponible sobre las políticas públicas de seguridad ciudadana.
La búsqueda bibliográfica se realiza en bases de datos académicas reconocidas como Scopus, Web of Science y Scielo. Se utilizaron palabras clave específicas relacionadas con políticas públicas, seguridad ciudadana, evaluación de programas, percepción de seguridad y gobernanza distrital. La estrategia fue ajustada interactivamente para optimizar la recuperación de literatura relevante. Con un período de búsqueda comprendido entre 2018 y 2025. Se revisaron investigaciones de diferentes países, en los idiomas español e inglés como se ve en la figura 1.
Figura 1. Enfoque
Prisma.
Elaboración: El autor.
RESULTADOS
Para sistematizar la información obtenida de los estudios seleccionados, se elaboró un formulario estructurado en forma de tabla, el cual permitió registrar de manera ordenada y precisa los datos clave de cada artículo (tabla 1). Este instrumento facilitó la organización de la evidencia al consignar aspectos fundamentales como los autores, el año de publicación, el título del artículo, indexación y aportes.
Tabla 1.
Sistematización.
N.º |
Autor(es) |
Titulo |
Indexación |
Aportes |
1 |
Pacherres-Ruíz. (2025) |
Políticas públicas para fortalecer la seguridad ciudadana en distritos urbanos. |
SCIELO |
El estudio destaca la importancia de políticas públicas proactivas y preventivas. Esto podría incluir la inversión en infraestructura urbana que promueva la seguridad (como una mejor iluminación, espacios públicos bien mantenidos y diseño urbano que disuada el crimen), programas de inclusión social y desarrollo económico para reducir las causas subyacentes del delito (como la pobreza y la falta de oportunidades), y la promoción de la cohesión comunitaria a través de la participación ciudadana en iniciativas de seguridad. |
2 |
Cjuiro Mateus, Soria Pérez, & Sánchez Loayza. (2025) |
Voces de la comunidad y la policía: Análisis cualitativo de los programas preventivos de seguridad ciudadana. |
SCIELO |
El éxito de cualquier iniciativa preventiva en seguridad ciudadana depende en gran medida de la aceptación y colaboración tanto de los ciudadanos como de las fuerzas del orden. Los autores probablemente investigan programas que abarcan desde la policía comunitaria, la educación cívica sobre seguridad, la prevención del delito en escuelas, hasta iniciativas de participación vecinal en la vigilancia y el reporte de incidentes. |
3 |
Figueroa Gutarra. (2024) |
La seguridad ciudadana como derecho humano. El deber de prevención. |
SCOPUS |
Es una contribución fundamental que argumenta que la seguridad ciudadana debe ser entendida y garantizada como un derecho humano. A partir de esta premisa, el artículo enfatiza el indeclinable deber de prevención que recae sobre el Estado, instando a una reformulación de las políticas de seguridad hacia estrategias proactivas y multidimensionales que prioricen la protección integral de la persona y la construcción de una sociedad más justa y segura para todos. |
4 |
González Velázquez. (2024) |
Seguridad ciudadana como metaderecho humano y rendición de cuentas como garantía: algunas notas conceptuales. |
SCIELO |
Se propone la seguridad ciudadana como un metaderecho que habilita a las personas a exigir políticas públicas para vivir en entornos pacíficos. La rendición de cuentas es una garantía clave para su realización y control democrático de las funciones policiales. |
5 |
Coz Torre, & Pariona Cárdenas. (2023) |
Seguridad ciudadana en el Perú y Latinoamérica en los últimos 5 años. |
WEB OF SCIENCE |
El 50 % de los autores plantea la necesidad de crear nuevas políticas de seguridad ciudadana; un 27 % destaca el papel de dispositivos tecnológicos y medios de comunicación, y un 23 % enfatiza la articulación entre policía, serenazgo y juntas vecinales. El 2021 fue el año con más publicaciones. Se concluye que Latinoamérica requiere la intervención del Estado, junto con participación ciudadana, para implementar estrategias eficaces que reduzcan la violencia. |
6 |
Delgado Morán. (2023) |
Políticas públicas de seguridad en España. Análisis desde perspectivas criminológicas. |
SCOPUS |
Se identifica que en España se ha transitado de un enfoque punitivo a uno preventivo en seguridad pública. Se destacan la importancia de la criminología en la formulación de políticas públicas, el rol de las percepciones subjetivas de inseguridad, y la necesidad de aplicar modelos preventivos basados en evidencia científica para mejorar la eficacia en la reducción del delito. |
7 |
Zambrano-Iglesias, Proaño-Reyes, & Castro-Sánchez. (2023) |
Difusión de los servicios de seguridad ciudadana que cumple la policía nacional del Ecuador en áreas rurales. |
SCIELO |
Los autores exploran la brecha existente entre la oferta de servicios de seguridad por parte de la policía y el conocimiento o percepción de estos por parte de los habitantes rurales. Esta problemática es significativa, ya que las áreas rurales a menudo enfrentan desafíos únicos en materia de seguridad, como la dispersión geográfica, la falta de infraestructura y, en ocasiones, una menor presencia policial en comparación con las zonas urbanas. |
8 |
Vargas-Torres, Proaño-Reyes, Castro-Sánchez, & Pazmiño-Silva. (2023) |
Seguridad ciudadana para evitar las muertes violentas por microtráfico de sustancias sujetas a fiscalización. |
SCIELO |
La lucha contra las muertes violentas por microtráfico requiere un enfoque integral de seguridad ciudadana. Esto no se limita únicamente a la represión del delito, sino que también abarca la prevención, la inteligencia, la coordinación interinstitucional y la participación comunitaria. |
9 |
Payá-Santos. (2023) |
El desempeño de la inteligencia en España en el ámbito público, empresarial y académico. |
SCOPUS |
Se detalla, como la inteligencia se utiliza para prevenir y combatir amenazas como el terrorismo, el crimen organizado, el espionaje y las ciber amenazas, que representan riesgos directos para la seguridad ciudadana y la estabilidad del Estado. Adaptándose a los nuevos desafíos geopolíticos y tecnológicos, y cómo se busca una mayor coordinación entre los diferentes actores públicos que manejan información sensible. |
10 |
Barros-Esquivel, Castañeda-Fraga, Chávez-Calapaqui, Chicaiza Flores. (2023) |
Gobernanza jerárquica y la falla de las políticas de seguridad ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito: un análisis desde el diseño de políticas. |
SCIELO |
Detalla cómo la gobernanza jerárquica se manifiesta en la formulación de objetivos, la asignación de recursos y la coordinación entre los diversos actores involucrados. Esto podría traducirse en una falta de flexibilidad para responder a las necesidades específicas de los distintos barrios o comunidades, una débil articulación entre los programas preventivos y represivos, y una limitada participación ciudadana en la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones. |
11 |
Trejos Rosero, Pachón, & Rojas. (2022) |
Una aproximación general al enfoque de cultura ciudadana en las Políticas de Seguridad del Distrito de Barranquilla. |
SCOPUS |
El estudio evidencia cómo el enfoque de cultura ciudadana ha sido incluido de forma marginal pero constante en las políticas de seguridad de Barranquilla entre 2012 y 2023. Aunque se reconoce su potencial transformador, ha recibido menor presupuesto y atención en comparación con enfoques convencionales e integrales. Se propone la formulación de una política pública específica de cultura ciudadana para fortalecer su impacto. |
12 |
Andrade De Santiago, Ponce, & Pontón Cevallos. (2021) |
Evaluación del impacto de políticas de seguridad ejercidas entre 2007 y 2014 sobre la tasa de homicidios en Ecuador: Método de Control Sintético (MCS). |
SCOPUS |
Se encontró que las políticas combinadas de control punitivo y prevención situacional implementadas en Ecuador entre 2007 y 2014 redujeron significativamente la tasa de homicidios entre 2011 y 2016. El efecto estimado fue de 5.86 a 17.33 puntos porcentuales anuales, con un ahorro estimado de aproximadamente 11,743 homicidios durante el periodo. |
13 |
Villegas-Monteza. (2021) |
La Seguridad como derecho fundamental en la realidad social peruana. |
SCIELO |
Para que, la seguridad sea una realidad efectiva en Perú, es imprescindible que sea tratada y garantizada como un derecho fundamental. Esto requiere no solo un marco legal robusto, sino también una voluntad política firme, una coordinación interinstitucional efectiva y una participación de la sociedad civil para construir un entorno donde los ciudadanos peruanos puedan vivir libres de temor y con la certeza de que su derecho a la seguridad será protegido y promovido. |
14 |
Salazar Maya, & Restrepo Marín. (2020) |
Cultura de la seguridad del paciente en seis centros quirúrgicos de Antioquia. |
SCOPUS |
El clima de seguridad tuvo un promedio de 8/10. El 62% de las respuestas fueron positivas. Las dimensiones mejor valoradas fueron aprendizaje organizacional (82,94%) y trabajo en equipo (82,94%). Las más bajas fueron respuesta no punitiva a errores (46,25%) y franqueza en la comunicación (45,38%). Se identificaron fortalezas y debilidades que requieren atención institucional y del sistema de salud. |
15 |
Quintero Cordero (2020) |
Seguridad ciudadana y participación de las comunidades en América Latina. |
SCIELO |
Enfatiza que la seguridad ciudadana en América Latina no puede ser abordada de forma aislada por el Estado. Por el contrario, requiere de una activa y significativa participación de las comunidades. Concluye que, al integrar las voces, las experiencias y las capacidades de los ciudadanos en el diseño e implementación de las políticas de seguridad, es posible generar soluciones más pertinentes, sostenibles y, en última instancia, más efectivas para reducir la violencia y mejorar la calidad de vida en la región. |
Elaboración: El autor.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos de la revisión de diversos estudios sobre seguridad ciudadana convergen en una serie de puntos clave que reafirman la complejidad del fenómeno y la necesidad de enfoques multifacéticos para su abordaje. La discusión de estos hallazgos revela una clara tendencia hacia la concepción de la seguridad ciudadana como un derecho humano fundamental y un metaderecho, cuya garantía exige un compromiso profundo y proactivo del Estado, más allá de la mera reacción punitiva. Este entendimiento eleva la discusión sobre seguridad, posicionándola como un pilar de la democracia y el bienestar social, donde la rendición de cuentas es una garantía esencial para su realización y el control democrático de las funciones policiales.
En este sentido, un hallazgo recurrente es la vital importancia de las políticas públicas proactivas y preventivas. Esto implica una clara orientación hacia la inversión en infraestructura urbana que promueva la seguridad, así como en programas de inclusión social y desarrollo económico que aborden las causas subyacentes del delito, como la pobreza y la falta de oportunidades. La literatura también destaca la promoción de la cohesión comunitaria a través de la participación ciudadana en iniciativas de seguridad, evidenciando que el éxito de cualquier programa preventivo depende críticamente de la aceptación y colaboración tanto de los ciudadanos como de las fuerzas del orden.
Esto se materializa en la investigación de programas de policía comunitaria, educación cívica sobre seguridad, prevención del delito en escuelas e iniciativas de participación vecinal, subrayando que la lucha contra fenómenos complejos como las muertes violentas por microtráfico requiere de un enfoque integral que no se limite a la represión, sino que abarque la prevención, la inteligencia, la coordinación interinstitucional y la participación comunitaria.
En tal sentido, la evaluación sistemática de las políticas públicas emerge como un eje central para su efectividad. La ausencia de evaluaciones impide a los responsables políticos identificar con precisión qué estrategias son eficaces y cuáles deben ser modificadas o descartadas. El hecho de que un 50% de los estudios revisados coincida en la necesidad de diseñar nuevas políticas para enfrentar la inseguridad, y que solo el 2021 fuera un año con mayor número de publicaciones sobre el tema, resalta la necesidad de un proceso constante de evaluación que permita ajustar las estrategias a la realidad cambiante.
Esta evaluación, además de medir la efectividad, cumple un rol clave en la construcción de confianza institucional y el fortalecimiento de la participación ciudadana, permitiendo a los ciudadanos exigir políticas que garanticen su bienestar a través de la rendición de cuentas. La integración de métodos cuantitativos y cualitativos se propone como la vía más efectiva para captar la complejidad de la seguridad ciudadana. Los resultados también ponen de manifiesto la brecha existente entre la oferta de servicios de seguridad y la percepción de estos por parte de los habitantes rurales, evidenciando desafíos únicos por la dispersión geográfica y la falta de infraestructura. Esto se conecta con la noción de que la difusión de los servicios de seguridad ciudadana es deficiente o insuficiente en áreas rurales, lo que limita el conocimiento y el acceso a ellos.
En contraste, en el ámbito público urbano, la inteligencia se utiliza para prevenir y combatir amenazas como el terrorismo y el crimen organizado, adaptándose a nuevos desafíos geopolíticos y tecnológicos, lo que busca una mayor coordinación entre los actores públicos.
En síntesis, los resultados sugieren que la seguridad ciudadana es un derecho y un bien público complejo que demanda un abordaje más amplio y holístico. Esto incluye la prevención proactiva, la participación de la comunidad, la evaluación sistemática y rigurosa de las políticas.
CONCLUSIÓN
Se identificó una desconexión recurrente entre las mejoras en indicadores delictivos y la percepción de seguridad, lo cual obliga a repensar las estrategias de evaluación, incorporando la subjetividad ciudadana como variable clave para el diseño e implementación de políticas más legítimas y sostenibles.
Es necesario fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos locales, fomentar la co-creación de políticas con la comunidad y consolidar marcos normativos flexibles. Solo mediante una evaluación constante, inclusiva y basada en evidencia será posible avanzar hacia una seguridad ciudadana efectiva, equitativa y centrada en las necesidades reales de la población.
FINANCIAMIENTO
No monetario.
AGRADECIMIENTO
A la Universidad César Vallejo, por el apoyo prestado en el desarrollo de la investigación.
REFERENCIAS CONSULTADAS
Andrade De Santiago, S., Ponce, J., & Pontón Cevallos, D. (2021). Evaluación del impacto de políticas de seguridad ejercidas entre 2007 y 2014 sobre la tasa de homicidios en Ecuador: Método de Control Sintético (MCS). Gestión y Política Pública, 30(2), 101–131. https://doi.org/10.29265/gypp.v30i2.880
Barros-Esquivel, K., Castañeda-Fraga, D., Chávez-Calapaqui, P., Chicaiza Flores, M. (2023). Gobernanza jerárquica y la falla de las políticas de seguridad ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito: un análisis desde el diseño de políticas. Universitas XX1, 39,59-81. https://doi. org/10.17163/uni. n39.2023.03
Cjuiro Mateus, S., Soria Pérez, Y., & Sánchez Loayza, H. (2025). Voces de la comunidad y la policía: Análisis cualitativo de los programas preventivos de seguridad ciudadana. Revista InveCom, 5(3), e050344. https://doi.org/10.5281/zenodo.14270961
Coz Torre, C. A., & Pariona Cárdenas, H. (2023). Seguridad ciudadana en el Perú y Latinoamérica en los últimos 5 años. Revista de Climatología. https://doi.org/10.59427/rcli/2023/v23cs.3854-3863
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Figueroa Gutarra, E. (2024). La seguridad ciudadana como derecho humano. El deber de prevención. Revista Oficial Del Poder Judicial, 16(21), 203-238. https://doi.org/10.35292/ropj.v16i21.812
González Velázquez, R. (2024). Seguridad ciudadana como metaderecho humano y rendición de cuentas como garantía: algunas notas conceptuales. Estado & comunes, revista de políticas y problemas públicos, 1(18), 181-199. https://doi.org/10.37228/estado_comunes.v1.n18.2024.320
Gorri, P. A. (2024). La seguridad ciudadana con perspectiva de género y ordenamiento territorial. Los Planes municipales de ordenamiento territorial del Gran Mendoza, 2019-2024. Proyección, 18(36), 172–196. https://doi.org/10.48162/rev.55.067
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