INTRODUCCIÓN

La independencia judicial constituye uno de los principios fundamentales del Estado de derecho y un pilar esencial para garantizar la imparcialidad y legitimidad de la administración de justicia. Internacionalmente, la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos subrayan que este principio busca proteger a los jueces y la ciudadanía, al impedir que presiones externas o internas condicionen las decisiones jurisdiccionales (Zapata Fajardo et al., 2021; García Sayán, 2020). El reconocimiento de esta garantía en la Constitución de la República del Ecuador de 2008 reafirma la obligación del Estado de asegurar un poder judicial autónomo, imparcial y libre de interferencias (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

En el ámbito nacional, la independencia judicial ha sido históricamente objeto de tensiones, especialmente frente al ejercicio de la potestad disciplinaria por parte del Consejo de la Judicatura. Este órgano, encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, ha recibido críticas por posibles excesos en su intervención frente a las actuaciones de jueces, lo que podría generar riesgos de vulneración al principio de autonomía judicial (Saltos Macías y Palacios Coveña, 2022). La normativa vigente, según el Código Orgánico de la Función Judicial, establece un régimen disciplinario que regula deberes, responsabilidades e infracciones de los servidores judiciales, clasificadas en leves, graves y gravísimas (Asamblea Nacional, 2009). El desafío radica en delimitar si estas disposiciones garantizan la ética y eficiencia judicial sin comprometer la independencia de quienes ejercen la jurisdicción.

Desde la perspectiva teórica, diversos autores coinciden en que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una condición para proteger el derecho de los ciudadanos a ser juzgados de manera imparcial (Álvarez Márquez, 2019; Crespo Berti et al., 2025). La literatura académica muestra que la falta de garantías de autonomía judicial puede conducir al debilitamiento del Estado de derecho, abrir espacios a la corrupción y erosionar la confianza ciudadana en las instituciones (Caamaño, 2022). En este sentido, el estudio de la relación entre independencia judicial y potestad disciplinaria adquiere relevancia en Ecuador y toda la región latinoamericana (Pásara, 2015; Skaar, 2013). Además, las experiencias internacionales muestran que los sistemas judiciales más sólidos son los que logran establecer mecanismos de control disciplinario sin menoscabar la autonomía de los jueces, asegurando así la credibilidad del sistema de justicia.

En cuanto a los antecedentes inmediatos, investigaciones previas han puesto de relieve la tensión entre la función de control disciplinario y el respeto a la independencia judicial. Andrade Santamaría et al. (2021) identificaron que la intromisión de los gobiernos en la Función Judicial debilita la autonomía del poder judicial. Mientras que Sarango Rodríguez (2020) advirtió que la sanción administrativa de destitución por error inexcusable puede vulnerar la independencia de los jueces. Asimismo, estudios de casos jurisprudenciales como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en “Chamba Campos y otros vs. Ecuador” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2013a) han señalado la necesidad de mantener límites claros entre supervisión y sanción, garantizando el debido proceso y la imparcialidad.

Un aspecto clave de este debate radica en la percepción de los propios jueces. Entrevistas realizadas a magistrados en la provincia de Tungurahua, reflejaron la existencia de una tensión entre la necesidad de control disciplinario y la preservación de su autonomía funcional. Muchos jueces reconocieron que, aunque los mecanismos sancionadores son necesarios para garantizar la ética y responsabilidad en la administración de justicia, también pueden ser utilizados como instrumentos de presión política o institucional. Este hallazgo coincide con lo reportado en estudios internacionales que subrayan cómo los sistemas disciplinarios mal diseñados pueden convertirse en amenazas a la independencia judicial.

La discusión sobre independencia judicial y potestad disciplinaria también debe analizarse a la luz del derecho administrativo sancionador, el cual busca garantizar el orden interno de las instituciones públicas. En el caso de la Función Judicial, esta potestad tiene como fin corregir conductas contrarias al orden jurídico; sin embargo, el uso inadecuado de tales mecanismos puede producir un efecto adverso. En lugar de reforzar la confianza ciudadana en el sistema judicial, puede debilitarla, al generar la percepción de jueces sometidos a órdenes externas (Álava Chávez y Torres Rea, 2019). Este dilema plantea la urgencia de reflexionar sobre el equilibrio entre control y autonomía.
En este marco, el presente estudio se propuso analizar cómo la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura influye en la independencia judicial en la provincia de Tungurahua, tomando como referencia los procesos disciplinarios tramitados en el año 2022. El objetivo general fue determinar el límite de la potestad disciplinaria frente a la independencia judicial de los jueces, identificando si las sanciones aplicadas se enmarcan en los parámetros constitucionales y legales o si constituyen un riesgo de presión indebida en el ejercicio jurisdiccional. Este objetivo responde a la necesidad de generar evidencia empírica que permita orientar reformas normativas y fortalecer la transparencia en el funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano.

En síntesis, el debate sobre la independencia judicial frente al control disciplinario no se reduce a un problema teórico, sino que se traduce en prácticas concretas que impactan la legitimidad institucional. Analizarlo en el contexto de la provincia de Tungurahua, constituye una oportunidad para comprender las tensiones entre autonomía y responsabilidad, y para aportar a la construcción de un sistema judicial que garantice tanto la independencia de sus jueces como la confianza de la ciudadanía en la justicia.

MÉTODO

El estudio adoptó un enfoque cualitativo, al centrarse en la comprensión de los fenómenos vinculados a la independencia judicial y la potestad disciplinaria. Esta modalidad permitió analizar percepciones, prácticas y experiencias de los jueces de la provincia de Tungurahua, destacando la relación entre el marco normativo y la práctica judicial. El diseño se caracterizó como no experimental y transversal, en tanto que los datos fueron recolectados en un momento específico durante el año 2022.

Se emplearon los métodos de análisis y síntesis, inductivo deductivo e histórico lógico. Estos facilitaron la interpretación de la normativa constitucional y legal, así como el estudio de la doctrina y de precedentes jurisprudenciales relevantes. El análisis documental incluyó artículos científicos, informes jurídicos y procesos disciplinarios registrados por el Consejo de la Judicatura.

Las fuentes primarias estuvieron conformadas por expedientes disciplinarios iniciados en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Tungurahua durante el año 2022. Estos documentos permitieron examinar la aplicación práctica del régimen disciplinario en casos reales. Las fuentes secundarias incluyeron literatura académica, normativa nacional e internacional, así como sentencias emitidas por la Corte Constitucional del Ecuador y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La principal técnica utilizada fue la entrevista semiestructurada aplicada a diez jueces de diferentes unidades judiciales en la ciudad de Ambato. Se elaboró una guía de entrevista que permitió recoger criterios sobre la independencia judicial y el impacto de la potestad disciplinaria en su ejercicio profesional. Adicionalmente, se aplicó el análisis documental, a partir de expedientes y normativa vigente.

La recolección de información se realizó en tres fases: primero, la revisión documental y normativa. Segundo, la selección de expedientes disciplinarios representativos (leves, graves y gravísimos) y tercero, la aplicación de entrevistas a los jueces seleccionados. Posteriormente, los datos fueron organizados en matrices de análisis cualitativo, lo que permitió identificar patrones y contrastarlos con la doctrina y la normativa. Finalmente, se establecieron conclusiones parciales que guiaron la discusión de los resultados.

Se aseguró la confidencialidad de las opiniones de los jueces entrevistados. No se manipularon datos ni se alteraron documentos oficiales, garantizando la transparencia y objetividad del estudio.

RESULTADOS

Resultados documentales y normativos

El análisis documental permitió identificar que la independencia judicial constituye un principio rector de la Constitución de la República del Ecuador (2008) y del Código Orgánico de la Función Judicial (Asamblea Nacional, 2009). Ambos cuerpos normativos establecen que los jueces deben actuar con autonomía frente a los demás poderes del Estado y que ninguna autoridad puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales.

La revisión incluyó también jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente los casos “Chamba Campos y otros vs. Ecuador” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2013a) y “Quintana Coello vs. Ecuador” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2013b), en los cuales se destacó que la independencia judicial constituye una garantía para los justiciables y no un privilegio de los jueces. Asimismo, la Corte Constitucional del Ecuador, en la Sentencia 3-19-CN/20 (Corte Constitucional del Ecuador, 2020), precisó que la independencia interna protege la autonomía entre jueces de distintos niveles, mientras que la independencia externa protege frente a los demás poderes del Estado.

Resultados de expedientes disciplinarios

Se revisaron veinte expedientes disciplinarios iniciados en 2022 en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Tungurahua, de los cuales se seleccionaron tres representativos que abarcan infracciones leves, graves y gravísimas. Estos expedientes reflejan la manera en que la potestad disciplinaria ha sido aplicada, mostrando tanto fortalezas como vacíos en el procedimiento.

El expediente 18001-2022-0072, tramitado como infracción leve, se originó de oficio tras un informe de la Sala de lo Penal. El director provincial recomendó la suspensión del juez involucrado, pero resaltó la imposibilidad de revisar sus decisiones jurisdiccionales debido al principio de independencia interna del Código Orgánico de la Función Judicial (Asamblea Nacional, 2009). En este caso se observó respeto al debido proceso y reconocimiento de los límites del control disciplinario.

El expediente 18001-2022-0016, clasificado como infracción grave, se inició a partir de observaciones de la Sala de lo Civil. La Dirección Provincial emitió un informe motivado recomendando suspensión de diez días, decisión que fue acogida por el director general. Sin embargo, el Pleno del Consejo de la Judicatura revocó la sanción al determinar que la supuesta vulneración de derechos se produjo en un auto interlocutorio y no en una sentencia. Este expediente evidenció la importancia de la proporcionalidad y el control jerárquico en la aplicación de sanciones.

Finalmente, el expediente 18001-2022-0170, correspondiente a infracción gravísima, surgió de una declaración de manifiesta negligencia por parte de la Sala de lo Civil. El director provincial recomendó la destitución del juez, pero hasta el cierre del estudio el caso permanecía pendiente de resolución por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Este expediente refleja el impacto más severo de la potestad disciplinaria y la necesidad de criterios uniformes para sancionar faltas de esta magnitud. La tabla 1, resume los expedientes analizados.

Tabla 1.

Expedientes disciplinarios analizados en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Tungurahua (2022).

Expediente	Tipo de infracción	Autoridad competente	Resultado
18001-2022-0072	Leve	Director Provincial	Suspensión recomendada
18001-2022-0016	Grave	Director General / Pleno	Suspensión 10 días (revocada en apelación)
18001-2022-0170	Gravísima	Pleno del Consejo	Pendiente resolución (destitución propuesta)

Elaboración: Los autores.

Resultados de las entrevistas a jueces

Se entrevistó a diez jueces de las materias Civil, Penal, Tránsito y Familia en la ciudad de Ambato. Las entrevistas mostraron que los jueces conocen los mecanismos disciplinarios y reconocen la importancia de la supervisión ética, pero también expresaron preocupación por el uso desproporcionado de sanciones. La mayoría identificó a los artículos 108 y 109 del Código Orgánico de la Función Judicial como los que más vulneran la independencia judicial, debido a su redacción amplia y a la posibilidad de interpretación discrecional.

Respecto a la proporcionalidad de las sanciones, varios jueces señalaron que en ocasiones las amonestaciones o suspensiones no guardan relación con la gravedad de la falta, lo que debilita la confianza en el sistema disciplinario. Además, todos coincidieron en que las declaraciones públicas de autoridades externas influyen negativamente en la independencia externa, generando presión social y política sobre las decisiones judiciales.

Un hallazgo relevante fue el temor expresado por algunos jueces a denunciar presiones internas, por el riesgo de represalias. Este silencio refuerza la percepción de que la independencia judicial, aunque reconocida normativamente, no siempre se ejerce plenamente en la práctica.

Síntesis de hallazgos

En conjunto, los resultados documentales, normativos, disciplinarios y testimoniales muestran una brecha entre el marco jurídico y la práctica judicial. La normativa ecuatoriana y los estándares internacionales establecen la independencia judicial como un principio esencial, pero la aplicación de sanciones disciplinarias, en ocasiones, ha generado dudas sobre su compatibilidad con este principio. El análisis de expedientes reveló un uso mixto de la potestad disciplinaria, en algunos casos respetuoso de la autonomía judicial y en otros con riesgos de injerencia.

Las entrevistas confirmaron que los jueces perciben el régimen disciplinario como necesario pero susceptible de abusos. De esta manera, se evidencia la urgencia de fortalecer mecanismos de control que garanticen proporcionalidad, uniformidad y transparencia en la aplicación de sanciones, protegiendo así la confianza ciudadana en la justicia. La tabla 2 resume las respuestas predominantes de los jueces.

Tabla 2.

Resumen de entrevistas a jueces de Ambato sobre independencia judicial y régimen disciplinario.

Pregunta	Respuesta predominante
¿Conoce los mecanismos disciplinarios?	Todos manifestaron conocerlos.
¿Cree que las sanciones son proporcionales?	Se percibe falta de proporcionalidad en varios casos.
¿Qué infracciones afectan más la independencia judicial?	Artículos 108 y 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.
¿Declaraciones públicas externas afectan independencia?	Sí, generan presión indebida en decisiones judiciales.
¿Existe temor a denunciar presiones internas?	Sí, por riesgo de represalias.

Elaboración: Los autores.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos permitieron identificar que la independencia judicial en Ecuador, particularmente en la provincia de Tungurahua, enfrenta tensiones derivadas del ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Aunque esta potestad constituye un mecanismo legítimo para garantizar la ética y responsabilidad de los jueces, en la práctica puede convertirse en una herramienta de presión que comprometa la autonomía interna y externa del poder judicial. Los expedientes analizados mostraron que las sanciones, en ocasiones, se aplican sin una clara proporcionalidad, lo que genera la percepción de que el régimen disciplinario puede usarse de forma discrecional.

Este hallazgo coincide con lo señalado por Andrade Santamaría et al. (2021), quienes destacan que la intromisión de los gobiernos en la Función Judicial afecta directamente el principio de independencia. Asimismo, la investigación de Sarango Rodríguez (2020) advierte que la sanción administrativa de destitución por error inexcusable vulnera el rol imparcial del juez, reforzando la idea de que los mecanismos disciplinarios requieren límites claros. A nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado en el caso “Quintana Coello vs. Ecuador” que la independencia judicial no solo protege a los jueces, sino también a los ciudadanos al garantizar un debido proceso imparcial (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2013).

Los resultados de las entrevistas evidenciaron que los jueces perciben al régimen disciplinario como un arma de doble filo: por un lado, necesario para sancionar conductas indebidas; por otro, potencialmente peligroso cuando se utiliza como mecanismo de presión política o institucional. Este criterio es coherente con lo planteado por Caamaño (2022), quien señala que la independencia judicial ha sido instrumentalizada como un discurso político, lo cual debilita su valor como garantía constitucional. De igual manera, Carrasco Muñoz y Zamora Vázquez (2023) destacan que la facultad disciplinaria del Consejo de la Judicatura debe ejercerse con estricto apego a la transparencia y proporcionalidad, a fin de no desvirtuar su finalidad original.

Al comparar estos resultados con los marcos normativos, se observa que la Constitución de 2008 (Constitución de la República del Ecuador, 2008) y el Código Orgánico de la Función Judicial (Asamblea Nacional, 2009) establecen la independencia judicial como un principio rector, sancionando su vulneración. No obstante, la brecha entre la norma y la práctica es evidente: mientras que en teoría el régimen disciplinario debería fortalecer la calidad del servicio judicial, en la práctica puede minar la confianza ciudadana en la imparcialidad de los jueces. Tal contradicción resalta la importancia de implementar reformas orientadas a la uniformidad de criterios y a la transparencia en las resoluciones disciplinarias.

Un aspecto relevante identificado fue la presión ejercida por declaraciones públicas de autoridades externas, señaladas por los jueces como un factor que afecta la independencia externa. Esta situación ya había sido anticipada en la doctrina de Álvarez Márquez (2019), quien afirmó que la independencia no está diseñada en beneficio del juez, sino en función del derecho del ciudadano a un juzgador imparcial. Así, cualquier forma de interferencia externa amenaza la legitimidad de la administración de justicia y pone en riesgo la estabilidad del Estado de Derecho.

En resumen, los resultados de este estudio confirman que la independencia judicial en Ecuador enfrenta retos significativos frente al ejercicio de la potestad disciplinaria. Si bien este mecanismo es necesario, su aplicación debe limitarse a casos en los que existan pruebas claras de inconducta, evitando su uso como medio de presión indebida.

Se recomienda fortalecer los procesos disciplinarios con criterios de proporcionalidad, uniformidad y transparencia, en concordancia con los estándares internacionales y los principios constitucionales. Solo de esta forma se podrá consolidar un sistema judicial que combine autonomía con responsabilidad, garantizando tanto los derechos de los jueces como la confianza de la ciudadanía en la justicia.

CONCLUSIONES

Este estudio permitió determinar que la independencia judicial constituye un principio esencial para la garantía del debido proceso y la legitimidad del sistema de justicia. La revisión normativa y doctrinal evidenció que tanto la Constitución de la República del Ecuador como el Código Orgánico de la Función Judicial establecen mecanismos claros para proteger esta autonomía, sancionando cualquier injerencia externa o interna.

El análisis de los expedientes disciplinarios tramitados en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Tungurahua durante el año 2022, mostró que la potestad disciplinaria se ejerció de manera heterogénea. En algunos casos se respetaron los límites del principio de independencia judicial, mientras que en otros las sanciones carecieron de proporcionalidad, generando percepciones de discrecionalidad y vulnerabilidad frente a presiones externas. Esto confirma la necesidad de uniformar criterios en la aplicación de sanciones.

Las entrevistas realizadas a jueces de distintas materias reflejaron una percepción compartida: el régimen disciplinario es necesario para garantizar la ética y responsabilidad, pero debe aplicarse con cautela y sin convertirse en un instrumento de presión política o institucional. El temor a denunciar presiones internas y la influencia de declaraciones públicas de autoridades, evidencian que la independencia judicial, aunque reconocida, se encuentra en riesgo en la práctica cotidiana.

Se concluye que el límite entre independencia judicial y potestad disciplinaria radica en la responsabilidad funcional: los jueces deben responder por sus actuaciones, pero las sanciones deben aplicarse de manera proporcional, motivada y transparente. Asimismo, se recomienda fortalecer los mecanismos de control con mayor publicidad de las resoluciones, criterios uniformes y capacitación continua para los jueces y autoridades disciplinarias. Solo a través de estas medidas será posible consolidar un sistema judicial que combine autonomía y responsabilidad, garantizando la confianza ciudadana en la administración de justicia.

FINANCIAMIENTO

Autofinanciado.

AGRADECIMIENTO

A todos los agentes sociales involucrados en el proceso investigativo.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Álava Chávez, C. X., y Torres Rea, K. M. (2019). Caso Contencioso Administrativo No. 09802–2016–00645. [Tesis de grado, Universidad San Gregorio de Portoviejo]. Repositorio USGP. https://n9.cl/419o0j

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Zapata Fajardo, M. J., Ronquillo Riera, O. I., y Atencio González, R. E. (2021). La Corte Constitucional como garante del principio de independencia judicial en Ecuador. Iustitia Socialis, 6(10), 33-46. https://doi.org/10.35381/racji.v6i10.1150

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RESUMEN

ABSTRACT