INTRODUCCIÓN

Hablar de corrupción y fraude no solo implica referirse a delitos económicos, sino a una merma sustancial en los ingresos del Estado, las empresas o cualquier entidad que sufra estas acciones. La auditoría forense se ha erigido como una disciplina crítica en la lucha global contra estos flagelos, trascendiendo el análisis financiero para convertirse en una herramienta multidisciplinaria que integra principios contables, financieros y jurídicos. Su objetivo es investigar fraudes y corrupción, proporcionando pruebas admisibles en los tribunales, fortaleciendo así la integridad institucional y la rendición de cuentas.

El desarrollo histórico de la auditoría forense se remonta a casos de alto perfil en Estados Unidos durante el siglo XX. Casos paradigmáticos, como el de Al Capone, encarcelado por evasión fiscal mediante el escrutinio de su fortuna tras la instauración del impuesto sobre la renta, y el renombrado escándalo de Watergate, demostraron el poder de la investigación financiera como instrumento legal. Estos precedentes establecieron la auditoría forense como una praxis científica esencial para que los fiscales identificaran y probaran delitos financieros (Dávila, 2022).

Tras estos casos, numerosas corporaciones multinacionales, como General Motors, Chrysler o Philip Morris, estuvieron bajo escrutinio por prácticas fraudulentas y sobornos. Como señala Almeida (2020), los procesos legales punitivos, largos y complejos, permitieron que las prácticas corruptas persistieran. Este entorno catalizó la demanda de una legislación más robusta que exigiera transparencia y rendición de cuentas corporativas (Bacigalupo, 2021). En consecuencia, la auditoría forense evolucionó hacia un campo formalizado y multidisciplinario diseñado para descubrir actividades ilícitas, exponer malas prácticas y proporcionar una base sólida para la acción legal.

La función central de la auditoría forense, respaldada por investigaciones contemporáneas, es detectar irregularidades con pruebas irrefutables. Examina la productividad y los recursos humanos y económicos, asesorando a los sistemas de justicia sobre la existencia de delitos financieros relacionados con los activos de una entidad. Identifica patrones de conducta, líneas de tiempo de los hechos y cuantifica los daños, proporcionando así una hoja de ruta clara del fraude (Márquez Arcila, 2018; Sarmiento, 2020). Esto la convierte en una técnica idónea tanto para entidades públicas como privadas.

A pesar de sus raíces antiguas, con códigos como el de Hammurabi en Babilonia (circa 1750 a.C.) que contenían fragmentos para castigar el fraude utilizando documentos contables (Velandia-Pacheco y Escobar-Castillo, 2018), el campo está en constante evolución. Ahora enfrenta desafíos modernos planteados por las nuevas tecnologías, que, si bien ofrecen herramientas avanzadas para los auditores, también crean nuevas vulnerabilidades que pueden ser explotadas por actores inescrupulosos (Zhapa-Amay y Añazco-Narváez, 2022). El objetivo último del fraude, según la clasificación de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2019), sigue siendo obtener una ventaja ilegal a través de varios comportamientos tipificados, como la falsificación de información, la omisión de documentos, el desvío de recursos, la evasión de responsabilidades o el abuso de poder.

En el contexto ecuatoriano, la necesidad de esta disciplina es particularmente aguda. El país se ha visto afectado significativamente por actos fraudulentos que han erosionado los presupuestos y la gestión estatal (Cubero Abril, 2018). Esta situación presenta una oportunidad crítica para la adopción y desarrollo de la auditoría forense para implementar controles robustos anticorrupción y antifraude. Eventos nacionales, como el "Seminario de Auditoría Forense" de 2017 organizado por la Contraloría General del Estado (C.G.E.) en conjunto con el IAEN, han reconocido su alto impacto en la lucha contra la corrupción, que lesiona a la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, existe una brecha significativa entre esta necesidad apremiante y la formación académica de los propios profesionales encargados de combatirla. En Ecuador, el contador público —el profesional competente para dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros y detectar fraudes— a menudo se gradúa sin una formación obligatoria en auditoría forense. La mayoría de las universidades que ofertan carreras de Contabilidad y Auditoría no incluyen esta materia vital en sus mallas curriculares de pregrado y postgrado, a pesar de que sus contenidos están orientados directamente a prevenir, detectar y establecer mecanismos de control antifraudes (Cubero Abril, 2018). Esta falta de educación formal contrasta marcadamente con la praxis descrita por León Vite y Lagunas Puls (2017), donde se espera que los auditores actúen como agentes preventivos y trabajen en alianza con el sistema de justicia.

Esta deficiencia académica perpetúa una cultura del fraude, ya que los empresarios pueden continuar con prácticas ilícitas ya sea por el alto costo de las auditorías forenses o porque los actos permanecen invisibles (Quevedo Barros et al., 2019). Por lo tanto, existe una necesidad imperante de preparar a las futuras generaciones en las ciencias de la auditoría forense, tanto para la prevención del delito como para la investigación de delitos en curso.

Con base en esta problemática, la presente revisión bibliográfica tiene como objetivo determinar la importancia de la auditoría forense como herramienta para la prevención del delito económico y su incidencia en la formación académica del contador auditor en el Ecuador. Se explorará la percepción internacional de las prácticas ecuatorianas, el papel de la herramienta en la prevención, la escasa cantidad de instituciones dedicadas a esta labor y el estado actual de su integración en la educación superior.

MÉTODO

El presente estudio se enmarca en un enfoque cualitativo de tipo documental o bibliográfico, mediante una revisión sistemática de literatura especializada. Este diseño permite recopilar, analizar e interpretar la información más relevante existente sobre la auditoría forense y su aplicación en el contexto ecuatoriano.

Según su finalidad, la investigación es aplicada, ya que su objetivo principal es demostrar la importancia de la auditoría forense en la formación del contador auditor para la prevención del delito económico, con el propósito de consolidar conocimiento que fortalezca la preparación de las futuras generaciones de profesionales.

En relación con su alcance, es de carácter descriptivo. Este enfoque es idóneo para analizar fenómenos poco estudiados, como es el caso del desarrollo y la práctica de la auditoría forense en Ecuador, permitiendo caracterizar su estado actual, desafíos e incidencia (Sampieri, 2014).

Fuentes y Criterios de Selección

La recolección de información se basó en la consulta de fuentes secundarias formales y especializadas, que incluyen:

· Artículos científicos indexados en bases de datos reputadas.

· Tesis de maestría y doctorado.

· Documentos oficiales emanados de organismos estatales competentes (e.g., Contraloría General del Estado).

· Actas, decretos y legislación relevante.

· Ponencias en congresos científicos.

Para garantizar la rigurosidad y pertinencia de la bibliografía, se aplicaron los siguientes criterios de inclusión:

- Publicaciones con una antigüedad preferente menor a 5 años.

- Documentos arbitrados académicamente (peer-reviewed).

- Fuentes oficiales de organismos públicos.

- Trabajos cuyo contenido esté directamente relacionado con la auditoría forense, la prevención del fraude o la corrupción en Ecuador.

Como criterios de exclusión, se descartaron: tesis de pregrado, artículos no científicos y documentos sin arbitraje, fuentes que carezcan de rigor metodológico o cuya información no fuera relevante para los objetivos de la investigación.

El proceso de búsqueda y análisis se ejecutó utilizando motores de búsqueda académica, con especial énfasis en Google Académico (https://scholar.google.com), aprovechando sus filtros avanzados para refinar los resultados. El análisis documental se centró en identificar tendencias, consensos y vacíos en la literatura, con el fin de proporcionar una visión panorámica y actualizada del tema de estudio.

RESULTADOS

El término "forense" hace referencia directa al foro, el espacio de debate y juicio público en la antigua Roma, tal como lo define la Real Academia Española (2021). Bajo este paradigma, la auditoría forense se erige como una disciplina con un enfoque independiente, completo y científico, cuya finalidad última es investigar posibles fraudes en entidades públicas o privadas y producir evidencia sólida y admisible para procedimientos legales y tribunales. Es crucial entender su distinción frente a la auditoría financiera tradicional. Mientras esta última vela por el cumplimiento normativo y informa sobre la situación económica a stakeholders, la auditoría forense se sumerge en los registros con una hipótesis de fraude, buscando evidencias para sustentarla en un juicio (Cáceres García y De La Torre Lascano, 2017).

La percepción de la corrupción como termómetro regional

Para contextualizar la necesidad de esta herramienta en Ecuador, es vital analizar el escenario latinoamericano. El estudio de Izaguirre y Bazurto (2020), basado en los índices de Transparency International, proporciona una radiografía clara de la percepción de la corrupción en la región. Ecuador se ubica en el puesto 105 de 180 países evaluados, con una puntuación de 36 sobre 100, donde una puntuación más alta indica menores niveles de corrupción percibida. Este puesto lo comparte con Perú, otro vecino sudamericano. La situación regional es heterogénea: países como Venezuela (177°) y Bolivia (128°) se encuentran en posiciones críticas, mientras que Chile (27°) y Uruguay (18°) demuestran que un mejor desempeño es alcanzable. Colombia (87°), Brasil (96°) y Argentina (96°) se sitúan en un rango medio, pero aún por encima de Ecuador. Esta posición deficitaria no es una mera estadística; refleja un problema estructural que erosiona la confianza institucional y el desarrollo económico. La alta percepción de corrupción establece una relación directa e ineludible con la urgencia de implementar la auditoría forense, ya que es la herramienta idónea para transformar esa percepción en evidencia concreta y combatible.

El marco legal ecuatoriano: fortalezas y contradicciones

El Estado ecuatoriano cuenta con un arsenal legal robusto en teoría. La Constitución (2008) otorga a la Contraloría General del Estado (CGE) la potestad de determinar responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal. El Código Orgánico Integral Penal (2014) tipifica de manera explícita el delito de peculado, definido como el abuso, apropiación, distracción o disposición arbitraria de bienes o dineros públicos por parte de un servidor público. La Ley Orgánica de la CGE (2002) define de manera amplia lo que se considera "recursos públicos", abarcando todo bien, fondo o derecho perteneciente al Estado.

Sin embargo, este marco robusto encontró un punto de fricción crítico durante la pandemia de COVID-19. Los Decretos Ejecutivos N°1017 y N°1052, que declararon el estado de excepción, fueron esenciales para la respuesta sanitaria pero crearon una zona de riesgo. Al permitir a las instituciones contratar bienes y servicios de manera directa con un selecto grupo de proveedores, se redujo la libre competencia y se aumentó exponencialmente el riesgo de sobreprecios y actos de corrupción encubiertos bajo la urgencia. Muchas de estas compras, realizadas por municipios y otras instituciones, resultaron extremadamente difíciles de auditar posteriormente, evidenciando una brecha entre la ley y los mecanismos prácticos de control en contextos de crisis.

La oferta de servicios: una geografía desigual de la lucha anticorrupción

Uno de los hallazgos más alarmantes de esta investigación es la extrema concentración y escasez de la capacidad nacional para ejecutar auditorías forenses. Según datos oficiales de la Contraloría General del Estado (2022), en todo el Ecuador solo existen 37 empresas privadas autorizadas para realizar esta labor especializada. La distribución geográfica de estas empresas revela una profunda asimetría. La ciudad de Cuenca en Azuay con 5 empresas autorizadas, Guayaquil en Guayas con 6 empresas autorizadas, y Quito en Pichincha con 26 empresas autorizadas.

Este mapa evidencia que el 87% de las provincias del Ecuador carecen por completo de acceso a firms autorizadas para realizar auditorías forenses. Esta desertificación profesional deja a la mayoría de las instituciones públicas y privadas del país en una situación de vulnerabilidad, sin acceso ágil a asesoría, capacitación o investigación especializada. El primer obstáculo para un municipio de una provincia pequeña que suspecta de un fraude es, literalmente, la distancia geográfica y logística para contratar un servicio con sede en una de las tres ciudades principales. Esta centralización no solo dificulta la detección y investigación de delitos, sino que también debilita severamente el efecto disuasorio que la presencia de estos servicios podría generar a nivel local.

La raíz del problema: la brecha en la formación académica

La escasez de servicios especializados tiene su origen en una formación académica que ha sido históricamente deficiente. El estudio de Cubero Abril (2018) ofrece datos contundentes: de las 28 universidades que imparten la carrera de Contabilidad y Auditoría en el país, antes del año 2016 solo 2 universidades (7%) incluían la asignatura de auditoría forense en su malla curricular de pregrado. Si bien este porcentaje experimentó un crecimiento significativo posterior a 2016, alcanzando un 57%, esto significa que aún una porción importante de instituciones no la imparte.

Este cambio, aunque positivo, tiene un efecto de rezago. Los profesionales que comenzaron sus estudios después de 2016 son, en el mejor de los casos, recién egresados al momento de esta investigación. La falta de experiencia laboral les dificulta insertarse inmediatamente en el mercado y comenzar a impactar la práctica profesional. La oferta de posgrados es aún más crítica: solo dos universidades en el país ofertan programas de maestría que incluyen esta disciplina. Esta brecha académica explica un hallazgo peculiar: la ciudad de Cuenca, que no siendo capital ni puerto principal, alberga 5 de las 37 empresas autorizadas. La explicación radica en que las dos universidades del Azuay que imparten la carrera fueron pioneras en incluir la auditoría forense en su plan de estudios antes de 2016. Este caso demuestra de manera elocuente cómo la formación académica es el motor principal para generar capacidades locales especializadas. Esta correlación se refuerza con el estudio de Molina Rodríguez-Navas y Medranda Morales (2018), que identificó a Cuenca, Guayaquil y Quito como los municipios con los mejores índices de transparencia, sugiriendo un círculo virtuoso entre formación, disponibilidad de servicios y mejores prácticas de rendición de cuentas.

En síntesis, los resultados pintan un panorama de contrastes para Ecuador. Existe un marco legal habilitante y una clara necesidad evidenciada por los altos índices de corrupción percibida. Sin embargo, esta necesidad choca contra una realidad de oferta insuficiente y geográficamente concentrada de servicios profesionales, una aplicación dificultosa del marco legal en contextos de crisis y una formación académica que, aunque en mejora, presenta un rezago importante en la incorporación curricular de la auditoría forense, lo que retrasa la disponibilidad de capital humano capacitado para implementar esta herramienta de manera efectiva y uniforme en todo el territorio nacional. La centralización de expertos en tres ciudades y la histórica falta de formación han creado un cuello de botella que frena la lucha eficaz contra la corrupción y el fraude económico.

DISCUSIÓN

Lograr visualizar e identificar, el impacto que causa la auditoria forense, ya sea en una entidad pública o privada en el Ecuador, es parte de los resultados que visualizamos al realizar esta revisión de la bibliografía, también es muy importante develar el rol que desempeña el Auditor Contable en el ejercicio laboral, destacando en su actuar principal, el de ser un celador financiero, mostrando en su accionar, en lo que sería una etapa previa al acto fraudulento.

El problema que logramos identificar es un alto grado de corrupción que se percibe dado una cantidad de casos considerables, teniendo en cuenta que la mayoría de los casos fiscalizados son de entidades públicas, cuyos problemas están asociados directamente a la poca o nula capacidad de fiscalización. Situaciones que pueden darse en una, o en varias instancias dentro de los diversos procesos por los cuales se desenvuelve en su gestión del día a día, sea de compra, de venta, de contratación, sin olvidar que en última y primera instancia, es el funcionario, el que permite que se efectué el fraude como se infiere de (Aguirre y Flores, 2019).

En este caso de investigación financiera, ya sea por incapacidad de advertir el fraude, o por no seguir los protocolos, o bien por la nula existencia de los mismos; como también por la acción directa y probablemente concertada, para ocultar evidencia, que el Auditor Contable, con herramientas y técnicas propias de análisis financiero forense, las que podrán favorecer el éxito de cualquier investigación, siempre esperando que sea la prevención, la mejor herramienta que permita disuadir cualquier intento de enriquecimiento ilícito.

Tomamos por ejemplo el reporte de control público, en un tiempo acotado como lo fue la emergencia sanitaria producto del Covid-19, en la cual los resultados del análisis evidencian cuantitativamente ciertas acciones, enmarcadas en un periodo y ámbito específicos, como lo son las contrataciones efectuadas para salvaguardas dentro de la emergencia, el accionar de los centros de salud. Resultados que ayudaron en la adopción de soluciones que permiten evitar nuevas pérdidas fiscales, como se cita en informe de Reporte para el control público, de la (Contraloría General de la República, 2020).

La corrupción ha ido ganando terreno a cada instante, y es causa suficiente para incrementar el número de profesionales, investigadores y auditores, cuya prioridad debe ser entender la problemática que se vive tanto en la región como en el país, para accionar coordinadamente cada uno desde su posición, para enfrentar la corrupción y el fraude, no siendo más que el trabajo proactivo y transparente, ejercido sin descanso en post de buscar una mejora significativa en el aparato público como en el privado, planificando y ejecutando actividades con herramientas que permitan la transferencia de conocimientos, para la identificación de áreas sensibles o claves, identificando riesgos y detectando ilícitos de forma oportuna, en cada empresa o institución, como lo destaca (Aguirre y Flores, 2019).

Aún nos encontramos en desventaja respecto a los que ejercen este tipo de delitos. Por un lado, mucho de los casos quedan en impunidad al no contar con profesionales que estén formados con las herramientas adecuadas, y por otro aún no existe una real oferta académica en cuanto a la incorporación de la auditoria forense a sus malla, debiendo ser el 100% de las instituciones, que oferten la carrera de Auditor Contador, a la cual incluyan en su malla la asignatura del Auditoria Forense, generando así, una real oferta académica, tanto en pregrado como en postgrado, que permita la formación de profesionales idóneos a la hora de salvaguardar los intereses de la empresa, del Estado, o de la institución que lo requiera.

Contraloría General del Estado, a fines del año 2017, dio la pauta para entender el rol que le corresponde al Auditor Contador y al Auditor Forense, en el Ecuador. Información que vienen a concluir investigaciones realizadas gracias a la colaboración de entidades y organismos regionales y mundiales como la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), que han desarrollado, en los últimos años estudios técnicos relacionados con ética, probidad, transparencia y lucha contra la corrupción.

Es así también que la CGE hace la siguiente observación y es que debe existir una real voluntad en todos los niveles máximos de autoridad, para combatir la corrupción, en primera instancia de manera preventiva, lo que requiere de profesionales con todas las competencias necesarias, para detectar e identificar el fraude, demostrando con evidencias el acto ilegitimo, como lo reitera la (CGE, 2017).

Contraloría elabora una tabla, en la cual determina las competencias correspondientes entre una auditoría financiera y una auditoría forense. Lo que nos permite entender la dirección en la cual se enmarcan ambas auditorías, facilitando comprender el accionar de cada una, como se observa en la Tabla 1 (CGE, 2017).

Tabla 1.

Comparativa entre Auditoria Financiera y Auditoría Forense.

Elementos	Auditoría Financiera	Auditoria Forense
Importancia	Necesaria para lograr y mantener un buen sistema financiero.	Necesaria para investigar ilícitos.
Propósito	Formular y expresar opinión sobre razonabilidad de estados financieros	Prevenir e investigar presuntos actos de corrupción.
Alcance	Periodos definidos, generalmente de un año	Periodo que cubre el delito, desde su inicio hasta su finalización, incluyendo instauración de acciones legales.
Orientación	A la situación financiera, resultados, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo	Retrospectiva en la investigación y con proyección a fortalecer controles.
Medición	Aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptadas	No existen normas plenamente definidas. Generalmente se recurre a la investigación.
Técnicas	Se basa en las técnicas de la auditoría	Parte de las técnicas de la auditoría y de las que se desarrollen en la investigación.
Evaluación de la estructura del control interno	Es necesario	Opcional y según las circunstancias.
Entrevistas	Necesarias, con el enfoque al área auditoría	Se orienta a los denunciantes, informantes, testigos investigados
Encargados	Auditores, contadores públicos	Depende del caso específico objeto de la investigación.
Personal ejecutor	Contadores públicos	Multidisciplinario y con participación interinstitucional.
Informe de Auditoría	Contiene el dictamen del auditor sobre los estados financieros y sus anexos, el informe de cumplimiento tributario y la comunicación a la máxima autoridad.	El contenido del informe varía según la naturaleza y características del caso investigado.
Conclusiones del auditor	Inciden sobre asuntos financieros. El dictamen es la conclusión principal.	En el ámbito penal, solo se formulan indicios de responsabilidad penal.
Frecuencia	Regularmente cada año	En cualquier momento.

Elaboración: Contraloría General del Estado (2017).

CONCLUSIONES

El fraude y la corrupción pareciesen que ya están instalados en el país, es una percepción que se tiene del Ecuador respecto a los índices de corrupción, a nivel mundial, la cual es negativa. Para lograr superar estos flagelos, debe haber una real intención de promover un accionar que vaya en esa dirección, y es la auditoria forense, piedra fundacional, la que debe estar presente y activa, para lograr en primera instancia, un Estado eficiente, responsable, que devuelva al ciudadano la capacidad de confiar nuevamente en sus instituciones y empresas. Y que en segunda instancia se verá reflejado en la reducción de la percepción de corrupción que pende sobre el país, transformando esos índices negativos, en índices de confiabilidad a nivel internacional, lo cual permitirá promover al país como un buen socio a la hora de hacer negocios; acciones que terminan beneficiando a todos los habitantes, ofreciendo mejores oportunidades de empleo y aumentando la calidad de vida de los mismos.

En la formación de los nuevos profesionales en auditoria y contabilidad, se debe incluir la asignatura de auditoría forense, y esto debe ser imperativo y prioritario, si lo que realmente se busca es erradicar el fraude y la corrupción, tanto en las entidades públicas, como en las privadas. Ya que aún no hay los suficientes estudios en el Ecuador, que nos permita tener una mejor radiografía de la situación que se vive en cada provincia y en cada ciudad, respecto a las pérdidas de las arcas fiscales y en empresas, por los actos de corrupción, o la falta de fiscalización, lo cual imposibilita la toma de decisiones inmediatas y a largo plazo, para hacer frente a este flagelo.

Debe haber una real intención de aumentar la cuota de entidades privadas y estatales, por todo el país, que estén autorizadas para ejercer labores de auditorias forenses. Puesto que esta herramienta no solo ayuda a descubrir el delito, sino también a prevenir los mismos, creando directamente culturas responsables frente a los derechos y deberes económicos que se tienen para con el Estado, lo que en consecuencia acarraría un incremento en el bienestar de la ciudadanía en su conjunto, puesto que el Estado podría invertir mayores recursos, en políticas públicas. Por parte de las empresas privadas, ayudaría a mejorar su economía, lo que repercute directamente en un incremento en la calidad de los servicios y productos, reduciendo los costos de producción y venta al público en general.

FINANCIAMIENTO

Autofinanciado.

AGRADECIMIENTO

A todos los agentes sociales involucrados en el proceso investigativo.

REFERENCIAS CONSULTADAS

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RESUMEN

ABSTRACT