INTRODUCCIÓN

El ejercicio efectivo de los derechos es un fin fundamental de los Estados, especialmente para sus ciudadanos. En educación, medicina, trabajo y otros campos, un Estado puede cumplir con su obligación de proteger los derechos a través del aparato político institucional (Isea Argüelles et al., 2025). Uno de los deberes es mantener la seguridad ciudadana y mantener el orden público. La importancia de la seguridad ciudadana radica en su capacidad para salvaguardar a las sociedades de la normalidad y de cualquier injerencia en la participación democrática.

Todos los días, hay numerosas situaciones que podrían representar una amenaza para la seguridad o alterar el orden público. Una discusión entre una familia o una pareja puede convertirse en violencia. Una colisión de tráfico no es la única ocasión en la que se produce una agresión física. Se requiere un órgano especializado para supervisar la protección de los derechos humanos, incluidos los de terceros, en determinadas situaciones. La Policía Nacional es la persona jurídica que tiene la facultad de velar por el orden público, la seguridad y convivencia ciudadana en el Ecuador, de conformidad con el derecho de nivel internacional de los derechos humanos (Valdés, 2016).

El concepto de seguridad, que se basa en el derecho a ser protegido, ha sido establecido por organizaciones internacionales de derechos humanos y se extiende más allá de la reducción del crimen. La creencia es que los servidores policiales deben ser las personas más competentes para llevar a cabo sus responsabilidades, incluidas las técnicas, tácticas y reglamentos, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y mantener el orden público. Este estudio busca analizar el uso de la fuerza policial en una variedad de contextos, incluyendo el carácter, el nivel y los parámetros legales, dentro de la función del Estado para mantener la seguridad y el orden público. La capacidad de la Policía Nacional para hacer uso legítimo de la fuerza permite a los ciudadanos ejercer de manera efectiva sus derechos constitucionales (Valdés, 2016).

En términos de legalidad y del uso o aplicación de la fuerza, según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos: Esta institución enfatiza que, en casos de fuerza, el Estado debe tener un marco legal adecuado para regular el uso de la violencia y garantizar el derecho a la vida, proporcionar equipo apropiado a los funcionarios de la fuerza y capacitar y seleccionar cuidadosamente a estos funcionarios. La Corte ha establecido que el Estado está obligado a modificar su legislación nacional y garantizar que quienes están bajo su jurisdicción respeten su derecho a la vida, incluso si utilizan la fuerza para hacerlo.

Las políticas estatales sobre el uso de la fuerza deben ser explícitas y claras, y también se deben tomar medidas para garantizar el cumplimiento de estos Principios y el Código de Conducta. El suministro de armas, municiones y equipo de protección a los agentes es crucial para ajustar su respuesta de manera adecuada a los acontecimientos intermedios y minimizar el uso de armas mortales. Asimismo, el Estado debe formar a los servidores policiales sobre los requisitos legales para el uso de armas de fuego y su uso adecuado (Icaza, 2008).

El uso legítimo de la fuerza es un concepto que generalmente se usa en el ámbito de la aplicación de la ley y se refiere al uso gradual y proporcional de la fuerza siendo su responsabilidad primordial defender los derechos, libertades y garantías fundamentales de sus habitantes, salvaguardando al mismo tiempo su seguridad integral.

Bajo este principio, se espera que los agentes de seguridad utilicen la fuerza de manera gradual y proporcional, escalando su nivel de respuesta de acuerdo con la situación y la amenaza percibida. Esto implica que se debe agotar primero la posibilidad de utilizar medios no violentos o menos letales antes de recurrir a formas más intensas de fuerza, ya que debido a la inseguridad existe incertidumbre y riesgo en la respuesta policial (Gabaldón, 2019).

Es importante destacar que el uso legítimo de la fuerza debe estar respaldado por una capacitación para garantizar el cumplimiento de las normas legales y éticas paralo cual los servidores policiales deben seguir protocolos claros y controlar el uso de la fuerza. Cualquier medida adoptada contra los servidores policiales puede considerarse excesiva o injustificada si es ilegal.

Es necesario manifestar que la ciudadanía exige del Estado un servicio de seguridad ciudadana de calidad, conforme lo establece el artículo 3.8 de la Constitución de la República del Ecuador en donde el Estado debe garantizar que sus habitantes tengan derecho a una sociedad pacífica y completa seguridad en la erradicación de la corrupción, es decir, que esta sea eficiente y eficaz, y que sobre todo controle el tema de la inseguridad, pero lo que se puede observar actualmente es una vulneración a este deber estatal, ya que la Policía Nacional, no está formando a policías con una capacitación suficiente en el manejo de armas letales, en la que disparen a un polígono real, ya que no hay recursos, la mayoría de policías no se enfrentan a la delincuencia ya que no cuentan con la capacitación ni la explotación de destrezas y habilidades para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada (Molina, 2022).

Se determina que los Policías Nacionales que se encuentran sirviendo en las calles; circuitos o barrios no cuentan con la logística para cumplir con su función constitucional, pero el Estado pone en vigencia una ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, sin recursos logísticos ni tecnológicos que garanticen tanto su vida como su integridad personal, teniendo en cuentan que, al ser ciudadanos, también gozan del derecho a desarrollar un proyecto de vida personal y familiar.

Los problemas que se presentan de manera práctica en la aplicación del uso legítimo de la fuerza son: Interpretación subjetiva del uso legítimo de la fuerza en el teatro de los acontecimientos, ya que un agente puede considerar como una respuesta proporcional; otro lo puede percibir como excesivo, lo que conllevaría a discrepancias y controversias en la evaluación de la situación y el nivel de fuerza utilizado (Parra, 2016).

Capacitación y supervisión insuficientes, ya que, para aplicar correctamente el uso legítimo de la fuerza, los agentes de seguridad deben recibir una capacitación adecuada y una supervisión efectiva. Sin embargo, en algunas ocasiones, la formación y el seguimiento pueden ser insuficientes, lo que puede llevar a un uso inapropiado de la fuerza o a una falta de comprensión sobre cómo aplicarla de manera gradual y proporcional (Parra, 2016).

Existe falta de claridad en las directrices sobre el uso legítimo de la fuerza y al mismo tiempo pueden ser ambiguas o no estar lo suficientemente definidas, lo que puede generar confusión entre los agentes de seguridad. La falta de claridad en las políticas y protocolos puede dificultar la aplicación coherente y uniforme del enfoque en diferentes situaciones. Las políticas públicas constituyen una estrategia que implica tomar acciones para resolver situaciones socialmente relevantes que requieren resolución por parte del gobierno de turno, luego del análisis de las situaciones problemáticas (Torres y Santander, 2013).

Se debe tener en cuenta la realidad nacional en un momento histórico determinado, en atención a que la limitada disponibilidad de recursos estatales significa que la implementación de una política pública requiere la participación de múltiples actores sociales que buscan los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de la sociedad (Adam y Kriesi, 2007).

Por lo tanto, se hace necesario analizar que una política pública se la puede considerar como una necesidad social, generando un plan que reduzca la situación problemática, con la intervención directa de actores sociales para lograr la meta propuesta (Aguilar, 2007).

En conclusión, la Policía Nacional es un componente fundamental de la función primordial del Estado ecuatoriano, que es velar por la seguridad ciudadana y mantener el orden público, velando también por que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos de conformidad con los principios de los DDHH. Además, el uso de la fuerza es una facultad crucial para garantizar la convivencia pacífica y ordenada conforme a la ley. La aplicación de la fuerza debe apegarse a los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, teniendo como referencia la cantidad de resistencia demostrada.

Estos elementos permiten identificar el siguiente problema: la falta de una política pública no permite la capacitación, supervisión y asignación de recursos logísticos a la Policía Nacional del Ecuador, para garantizar el uso legítimo de la fuerza y promover la seguridad ciudadana. El objetivo general que se ha determinado es: analizar la viabilidad de una política pública sobre la capacitación, supervisión y asignación de recursos logísticos a la Policía Nacional del Ecuador, con el fin de contribuir al respeto de los derechos de la seguridad ciudadana.

MÉTODO

La Investigación ha requerido de la ejecución de una metodología cualitativa y participativa para comprender y analizar los problemas de estudio de forma in situ. Dentro de la cualitativa permite que el servidor policial exprese, por un lado: miedos, necesidades, carencias, tristezas y por otro: sueños, deseos y alegrías. Busca una conceptualización que pueda abarcar una parte de la realidad policial. No se trata de evaluar o medir en qué grado una cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible en el tema del uso progresivo y legítimo de la fuerza. La metodología cualitativa de esta investigación, mantiene una estrategia, para tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad en el tema de políticas públicas para la capacitación y asignación de recursos a la Policía Nacional y el uso legítimo de la fuerza, especialmente como parte de la población, los servidores policiales que se encuentran en calidad de funcionarios de hacer cumplir la ley.

En lo referente a la investigación cualitativa se ha investigado la realidad y experiencia de los sujetos investigados, como se comporta en la realidad el problema científico planteado en la presente investigación, a partir de la información documental que ha sido obtenida del ordenamiento jurídico, posiciones doctrinarias, así como libros que hablen sobre el uso progresivo de la fuerza, las políticas públicas y la misión constitucional de la Policía Nacional del Ecuador.

El diseño de la presente investigación ha sido de carácter no experimental debido a la información recolectada, ha permitido observar cómo la falta de una política pública no permite la capacitación, supervisión y asignación de recursos logísticos a la Policía Nacional del Ecuador, para garantizar el uso legítimo de la fuerza y promover la seguridad ciudadana. La recogida de datos de esta investigación se ha encontrado ubicada en el tiempo y en el espacio, determinado de manera expresa un trimestre esto es de marzo a julio del año 2023, en el Distrito Metropolitano de Quito, por eso se ha desarrollado un estudio transversal.

El alcance de la investigación ha sido Jurídico – descriptivo al caracterizar el uso legítimo de la fuerza de la Policía Nacional del Ecuador, la que brinda el servicio a la comunidad cumpliendo los deberes estatales que se localizan entre los derechos más importantes de los ciudadanos, así se encuentra estipulado en la Ley del uso legítimo de la fuerza. El análisis de las necesidades de capacitación de los miembros de la Policía Nacional, así como las deficiencias en la supervisión y la asignación de recursos logísticos, ha incentivado al Escalón Superior a realizar los distintos procesos para lograr el objetivo planteado.

Dentro de los métodos de investigación del nivel teórico se han utilizado: el Analítico – sintético, el Inductivo - deductivo, el Histórico – lógico y el Exegético, estos han permitido el estudio profundo del objeto, revelando sus características esenciales, a partir del estudio de la normativa legal. Como método del nivel empírico se ha utilizado el Análisis de contenido, el que ha permitido examinar las diferentes fuentes consultadas: fuentes de carácter legal, artículos científicos, libros, entre otros documentos (Botero, 2016; Piñeiro, 2020).

Como técnica de recolección de datos se ha utilizado la Entrevista semiestructurada, realizada a los informantes seleccionados. Esta ha requerido la elaboración de una Guía de entrevista en la que han constado las preguntas realizadas, de carácter abierto.

La población de esta investigación está conformada por componentes accesibles o unidades de investigación que pertenecen al dominio particular en el que se ha realizado el estudio: policías Directivos y Técnicos Operativos del Distrito Metropolitano de Quito en el año 2023.

Mediante un muestreo no probabilístico se seleccionaron informantes clave, partir de los criterios establecidos: sujetos que habían recibido entrenamiento en el uso progresivo de la fuerza y no completaron la tarea; sujetos que aún estaban siendo evaluados después de recibir su entrenamiento inicial. Los informantes se constituyeron en un papel muy importante en el desarrollo de la presente investigación.

RESULTADOS

Se aplicó una entrevista semiestructurada de manera individual a los sujetos seleccionados como informantes, con el propósito de conseguir información amplia para la investigación. Los resultados están enfocados a la Policía Nacional del Ecuador, en donde la aplicación de una política pública a través de una capacitación con los recursos necesarios en el uso progresivo legítimo de la fuerza, ha tenido un rebote en el ámbito policial en la que su población poco o nada conocen de las causas y consecuencias.

La investigación de campo cualitativa permitió obtener información de fuentes vivas, que son servidores policiales Directivos y Técnicos Operativos que cumplen con ciertos criterios que los convierten en candidatos adecuados para la investigación ya que tienen conexiones basadas en sus experiencias personales, empatía y relaciones en el campo. La selección de informantes ha sido exitosa, lo que ha asegurado que se presenten diferentes perspectivas sobre un mismo fenómeno.

Cabe señalar que la red de informantes en este análisis tiene como objetivo brindar datos sobre la política pública y la capacitación en el uso legítimo de la fuerza. Las instituciones definen como un medio para compensar la información y proporcionar recompensas basadas en los resultados. Se menciona a los servidores policiales Directivos, Técnicos Operativos y la ciudadanía (ciudadano) como informantes claves. Estos conjuntos de personas informantes complementan el análisis de la investigación.

El primer resultado obtenido, referido al criterio del Informante uno sobre el impacto que tiene la capacitación en los servidores policiales Directivos y Técnicos Operativos en el uso progresivo legítimo de la fuerza indica que la seguridad ciudadana está garantizada mediante el uso progresivo de la fuerza, lo que faculta a la Policía Nacional velar por el orden público y los derechos humanos. Los servidores policiales tienen la autoridad de utilizar la fuerza progresiva cuando lo consideren necesario. En el contexto de la aplicación de la ley, los ciudadanos tienen derecho a una seguridad que esté protegida por ello. A partir de este análisis se determina la categoría a la importancia de la capacitación de los servidores policiales para que apliquen correctamente el uso progresivo de la fuerza.

El segundo resultado obtenido, referido al criterio del Informante uno sobre la política pública sobre la capacitación y asignación de recursos en los servidores policiales Directivos y Técnicos Operativos en el uso progresivo legítimo de la fuerza indica que Ecuador está catalogado como un Estado constitucional que defiende tanto los derechos como la justicia según la Constitución de la República. Enfatizó que los ciudadanos están percibiendo el ejercicio policial como beneficioso dada la importante disminución de los índices de criminalidad, y es más probable que trabajen para construir una convivencia pacífica con sus comunidades. A partir de este análisis se determina la categoría a la asignación de recursos logísticos para ejecutar la capacitación de los servidores policiales para que apliquen correctamente el uso progresivo de la fuerza.

El tercer resultado obtenido, referido al criterio del Informante uno sobre el uso progresivo legítimo de la fuerza en los servidores policiales Directivos y Técnicos Operativos indica que es necesaria la capacitación, educación y evaluación permanente de los funcionarios de la Policía Nacional en materia de legislación penal, verbalización, uso adecuado de la fuerza, armas no letales y no letales de destacamento policial. Se deben completar todas las metodologías y técnicas de formación obligatoria. Periódicamente, la Policía Nacional brindará capacitación y especialización a los servidores policiales sobre diversos temas, como el uso de la fuerza en el hogar, el seguimiento de procedimientos penales y otras cuestiones de derechos humanos. A partir de este análisis se determina la categoría a la necesidad de una capacitación para definir las competencias y procedimientos que realizan los servidores policiales.

El primer resultado obtenido, referido al criterio del Informante dos sobre el impacto que tiene la capacitación en los servidores policiales Directivos y Técnicos Operativos en el uso progresivo legítimo de la fuerza indica que el Estado, a través de sus órganos competentes, debe proporcionar el equipamiento necesario a los policías de carrera que se hayan incorporado a la Institución para el cumplimiento de sus responsabilidades profesionales. A partir de este análisis se determina la categoría de la identificación de las funciones específicas del servicio que realizan los servidores policiales para que apliquen correctamente el uso progresivo de la fuerza. El segundo resultado obtenido, referido al criterio del Informante dos sobre la política pública sobre la capacitación y asignación de recursos en los servidores policiales Directivos y Técnicos Operativos en el uso progresivo legítimo de la fuerza indica que los procesos de mejora institucional, como la capacitación, son cruciales para mejorarla eficacia organizacional y la productividad de los servidores policiales, al tiempo que contribuyen al desarrollo personal.

Estos procedimientos deben orientarse hacia las políticas educativas institucionales, doctrinas, planes nacionales para el buen vivir, leyes y reglamentos de educación superior. A partir de este análisis se determina la categoría a la falta de asignación de recursos logísticos para ejecutar la capacitación en los servidores policiales para que apliquen correctamente el uso progresivo de la fuerza. El tercer resultado obtenido, referido al criterio del Informante dos sobre el uso progresivo legítimo de la fuerza en los servidores policiales Directivos y Técnicos Operativos indica que como ciudadano no se ha beneficiado de la seguridad ciudadana, debido a que los mismos policías son asaltados y la inseguridad avanza a pasos agigantados. A partir de este análisis se determina la categoría a la inseguridad demostrada por la falta de capacitación en el uso progresivo de la fuerza de los servidores policiales.

El primer resultado obtenido, referido al criterio del informante tres sobre el impacto que tiene la capacitación en los servidores policiales Directivos y Técnicos Operativos en el uso progresivo legítimo de la fuerza indica que la Policía Nacional tiene alrededor de 53.000 servidores policiales y no existen resultados en todo el territorio ecuatoriano. Somos víctimas de la delincuencia organizada y de la delincuencia común. A partir de este análisis se determina la categoría a la inseguridad que vivimos por falta de capacitación en el uso progresivo de la fuerza.

El segundo resultado obtenido, referido al criterio del Informante tres sobre la política pública sobre la capacitación y asignación de recursos en los servidores policiales Directivos y Técnicos Operativos en el uso progresivo legítimo de la fuerza indica que ha sido testigo de muchos asaltos y delitos en los barrios, sin embargo, no han sido atendidos por la policía Nacional, ya que no se encuentran equipados, están sin recursos y varias UPC, se encuentran cerradas. A partir de este análisis se determina la categoría sobre la necesidad que tiene la Policía Nacional para prepararse en el Uso Legítimo de la Fuerza.

El tercer resultado obtenido, referido al criterio del informante tres sobre el uso progresivo legítimo de la fuerza en los servidores policiales Directivos y Técnicos Operativos indica que los servidores policiales no son capacitados en este tema debido a que no hay recursos necesarios para prácticas en el uso progresivo de la fuerza. Manifiesta que es necesario que los servidores policiales se capaciten en este tema para que puedan enfrentar a la delincuencia. A partir de este análisis se determina la categoría de falta de recursos logísticos para una capacitación efectiva de los servidores policiales en el tema del uso progresivo de la fuerza.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se elabora como posible solución al problema una política pública que permite la capacitación de los servidores policiales en cuanto al uso legítimo de la fuerza. Está diseñada para asegurar la modernización, la innovación y el desarrollo de la institución, actuando como catalizadores del cambio. Se considera que se debe potenciar el personal policial en este contexto para consolidar e integrar las políticas de formación, de especialización y de capacitación de la Policía Nacional en correspondencia con la realidad política. Este es un factor importante para una gestión eficaz. El cambio en la naturaleza del trabajo implica cambios estructurales, participación ciudadana y automatización de tareas en la gestión pública.

DISCUSIÓN

Sobre el resultado obtenido a la importancia de la capacitación de los servidores policiales sobre el uso progresivo de la fuerza este resultado coincide con el resultado plasmado en el Acuerdo Ministerial 4472, Ministerio del Interior [Por medio del cual se expide el Reglamento de uso legal, adecuado y proporcional de la fuerza para la Policía Nacional del Ecuador], R.O. 314 de 19 de agosto de 2014. Al ser la Policía Nacional una institución civil, uniforme, jerárquica, disciplinada y altamente especializada que pueda resolver los conflictos que determina la Constitución de la República y la Ley. Hoy, los funcionarios de la Policía Nacional no se encuentran capacitados en derechos humanos, investigación especializada, control y prevención del delito, así como en el uso de la disuasión y la conciliación como alternativas al uso o aplicación progresiva de la fuerza. El Comandante General de la Policía Nacional manifiesta que la criminalidad ha disminuido, al igual que los robos a domicilio han disminuido, pero la realidad que viven los barrios demuestran lo contrario (Camino, 2022).

La Dirección Nacional de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Ecuador (Méndez, 2021) considera que la prevención es fundamental en un sistema de capacitación donde los problemas se pueden identificar antes de combinar delincuencia y violencia. La malla curricular señala las necesidades investigativas que deben cumplir los cuerpos policiales, sin embargo, el razonamiento lógico de los aspirantes a servidores policiales tanto Directivos como Operativos afirman que dentro de su formación y capacitación no lo realizan ya que no tiene recursos logísticos para su capacitación. El objetivo es brindar oportunidades para que los servidores policiales Directivos y Técnicos Operativos reciban capacitación tanto a nivel nacional como internacional.

El nuevo sistema educativo aborda una conexión significativa entre la formación académica y las demandas de la sociedad. El objetivo es contar con policías que sean responsables de velar por la seguridad y el orden público de los ciudadanos, así como de salvaguardar sus derechos y seguridad dentro del país. El Gobierno se esfuerza por frenar el aumento de la violencia mediante el fortalecimiento de la capacidad humana y el equipamiento de la Policía Nacional. La Policía trabaja en el crecimiento estadístico de servidores policiales hasta llegar a 60.000 funcionarios. La debilidad de esta estrategia radica en el repotenciamiento y principalmente en el equipamiento de la Policía, ya que el gobierno no ha implementado en su totalidad.

Cevallos (2020) detalla las facultadas de la Policía Nacional en brindar seguridad ciudadana y el sustento en derechos humanos: En Ecuador, la Policía Nacional está legalmente facultada para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público siguiendo las leyes internacionales de derechos humanos. Sin embargo, los ciudadanos enfrentan desafíos cotidianos de inseguridad, miedo y peligro. Mientras la Policía Nacional implementa modelos educativos para capacitar a los servidores policiales en el Uso Legítimo de la Fuerza, para esta capacitación se necesita recursos logísticos, pertrechos en donde el Gobierno Nacional no colabora en la adquisición de estos implementos a tiempo y los resultados en la realidad la vivimos a diario.

El Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (2017) manifiesta en el Ecuador y su constitución en el art. 393 manifiesta que el Estado debe garantizar la seguridad de las personas mediante la ejecución de políticas y acciones integradas para promover la convivencia pacífica, promover una cultura de paz y prevenir la violencia, la discriminación, las infracciones o los delitos, sin embargo, las realidades de nuestro país demuestran estadísticas elevadas en delito y crimen organizado dando como resultados la falta de capacitación en el uso progresivo de la fuerza.

En Colombia las fuerzas del orden toman medidas para hacer cumplir la Constitución, las leyes o los mandamientos, en la mayoría de los casos es necesaria la represión por la fuerza, así se lo está ejecutando en el Ecuador. Por lo tanto, la capacitación técnica y profesional es fundamental para determinar el nivel de fuerza adecuado para diversos asuntos, incluidas las armas. Cuando el policía desempeña sus funciones y no puede hacer cumplir la Ley por métodos alternativos, o no existen otras opciones disponibles para proteger la vida o integridad de terceros, se considera apropiado el uso de la fuerza. Si se emplea la fuerza, debe hacerse de manera legal y con el más alto nivel de justicia de conformidad con los Derechos Humanos. La policía debe distinguir entre fuerza y violencia.

Las leyes se definen como aquellas que tienen como objetivo mantener las condiciones necesarias para los DDHH (Derechos Humanos) y la cohesión social, mientras que la violencia se define como acciones que atentan contra la dignidad humana, la integridad física y mental, causan dolor o sufrimiento entre las personas y restringen su capacidad para ejercer sus derechos básicos.

CONCLUSIONES

La Policía Nacional del Ecuador norma el uso de forma legítima de la fuerza por parte del Gobierno y estado, para salvaguardar los derechos, libertades o seguridad de los ciudadanos y garantizar su completa protección. La Policía Nacional está obligada a cumplir con las leyes del país en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales. Deben emplear medidas preventivas como la negociación y la verbalización antes de recurrir a la violencia física o a armas menos letales o de fuego. Los niveles del uso de la fuerza podrán ser aplicados por las servidoras y servidores de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de manera personal, combinada o conjunta respetando la normativa establecida en la ley.

El diagnóstico realizado evidencia que la Policía Nacional está facultada para garantizar el orden público y los derechos humanos mediante el uso progresivo de la fuerza así lo manifiestan los informantes con un razonamiento lógico sobre la necesidad de que los funcionarios de la Policía Nacional deben someterse a una formación, especialización, capacitación y evaluación permanente, así como el seguimiento de procedimientos penales y otras cuestiones de derechos humanos. El Estado está obligado a proporcionar el equipo necesario a los nuevos policías de carrera para que puedan desempeñar sus funciones profesionales, según lo dispuesto por sus órganos competentes. Este análisis ha revelado que la falta de capacitación y entrega de recursos logísticos hace que la inseguridad avance a pasos agigantados. Destacan la importancia de que los policías estén capacitados en esta materia para enfrentar la actividad criminal.

La política pública elaborada, permite la capacitación en beneficio de los servidores policiales en el uso legítimo de la fuerza está diseñada para asegurar la modernización, la innovación y el desarrollo como institución, actuando como catalizadores del cambio. La apertura de puertas para potenciar el personal policial en este contexto permite consolidar e integrar las políticas de formación, de especialización y de capacitación de la Policía Nacional con la realidad política. Este es un factor importante para una gestión eficaz. El cambio en la naturaleza del trabajo implica cambios estructurales, participación ciudadana y automatización de tareas en la gestión pública.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTOS

A todos los actores sociales involucrados en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

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RESUMEN

ABSTRACT