RESUMEN

Este estudio abordó las obligaciones alimentarias y las consecuencias socioeconómicas derivadas de la pandemia de Covid-19 en el cantón Babahoyo durante el período 2020-2021. El objetivo fue analizar críticamente la situación de los alimentantes deudores frente al desempleo y la reducción de ingresos, en el marco del Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico General de Procesos. Se aplicó una metodología cuantitativa mediante encuestas dirigidas a profesionales del derecho vinculados a la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con una muestra de 62 participantes. Los resultados evidenciaron que la disminución del salario básico y la pérdida de empleo fueron factores decisivos en el incumplimiento de pensiones alimenticias, mientras que la mayoría de encuestados rechazó la pertinencia de las boletas de apremio en este contexto. Se concluyó que la pandemia vulneró derechos fundamentales y generó tensiones entre el interés superior del niño y la dignidad humana de los deudores.

Descriptores: Derecho de familia; derecho constitucional; pandemias; consecuencias socioeconómicas. (Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

This study addressed child support obligations and the socioeconomic consequences of the COVID-19 pandemic in the Babahoyo canton during the 2020-2021 period. The objective was to critically analyze the situation of maintenance debtors in the face of unemployment and reduced income, within the framework of the Children and Adolescents Code and the General Organic Code of Procedures. A quantitative methodology was applied through surveys of legal professionals linked to the Judicial Unit for Family, Women, Children, and Adolescents, with a sample of 62 participants. The results showed that the decrease in basic wages and job loss were decisive factors in the non-payment of child support, while the majority of respondents rejected the relevance of enforcement orders in this context. It was concluded that the pandemic violated fundamental rights and created tensions between the best interests of the child and the human dignity of the debtors.

Descriptors: Family law; constitutional law; pandemics; socioeconomic consequences. (UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

El estudio de las obligaciones alimentarias constituye un eje fundamental en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, dado que se vincula directamente con la garantía de condiciones mínimas para su desarrollo integral. La pandemia de Covid-19 trajo consigo un escenario sin precedentes que alteró la dinámica social, económica y jurídica en el Ecuador, generando múltiples tensiones respecto al cumplimiento de las pensiones alimenticias y las medidas judiciales aplicables frente al incumplimiento (Ruíz Alcívar, 2021).

Desde una perspectiva teórica, la doctrina ha reconocido que el derecho a alimentos se enmarca dentro del principio de protección integral de la niñez y la adolescencia, tal como lo consagra la Constitución de la República del Ecuador (2008) y el Código de la Niñez y Adolescencia (Asamblea Nacional, 2017). Estos marcos normativos establecen que los progenitores tienen la obligación irrenunciable de garantizar las necesidades básicas de sus hijos, entre ellas la alimentación, educación, salud y recreación. No obstante, durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, se produjeron colisiones entre principios jurídicos. Por un lado, el interés superior del niño y, por otro, el derecho a la dignidad humana y a la seguridad jurídica de los alimentantes deudores (Andrade Santamaría et al., 2020).

Los antecedentes internacionales y nacionales permiten comprender que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en contextos de crisis no es un fenómeno aislado. Estudios previos señalan que en periodos de emergencias sanitarias o económicas se incrementan los índices de desempleo y subempleo, lo que repercute en la capacidad de los padres para cumplir con el pago de pensiones (Carrera, 2021). En el caso de Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la tasa de desempleo alcanzó el 13,3 % en junio de 2021, el nivel más alto registrado en la última década (Weller, 2020). Este contexto llevó a que gran parte de los alimentantes deudores se vieran imposibilitados de cumplir con sus obligaciones, enfrentando al mismo tiempo procesos judiciales que podían culminar en privación de libertad.

En el ámbito jurídico, el Código Orgánico General de Procesos (Asamblea Nacional, 2015) establece el apremio personal como una medida coercitiva en caso de incumplimiento reiterado de las pensiones alimenticias. Sin embargo, la aplicación de esta figura durante la pandemia ha sido objeto de debate, pues se cuestiona si resulta compatible con los derechos fundamentales en un contexto en el cual la causa principal del incumplimiento se relaciona con factores externos, como el desempleo masivo o la reducción de salarios (Asamblea Nacional, 2020). Esta discusión se inscribe en lo que diversos autores denominan el 'constitucionalismo del desastre', entendido como la necesidad de replantear el alcance de los derechos y garantías en situaciones de crisis extrema (Guerrero Salgado y Rodríguez Estévez, 2022).

Diversos trabajos académicos han explorado la relación entre crisis económicas y el incumplimiento de obligaciones alimentarias. En Perú, por ejemplo, Daga et al. (2024) identificaron que los progenitores con empleos informales eran los más vulnerables a incumplir con pensiones en tiempos de recesión. De manera similar, estudios en Cuba y otros países de América Latina resaltan la importancia de mecanismos de ponderación judicial para evitar que las sanciones se conviertan en violaciones de derechos humanos (Andrade et al., 2020). Estos antecedentes sustentan la pertinencia de analizar el caso ecuatoriano desde una mirada crítica, considerando tanto el marco normativo como los impactos socioeconómicos de la pandemia.

La investigación llevada a cabo se basó en tres ejes centrales. En primer lugar, la teoría de los derechos fundamentales, que enfatiza el principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, en el cual el derecho a la alimentación y el derecho a la dignidad no pueden entenderse de manera aislada. En segundo lugar, el enfoque del interés superior del niño, que establece que en toda decisión judicial que involucre a menores debe primar su bienestar integral (Defensoría del Pueblo de Ecuador y Universidad UTE, 2020). Finalmente, la teoría del constitucionalismo de emergencia, que plantea la necesidad de ajustar las políticas públicas y las decisiones judiciales a circunstancias excepcionales sin menoscabar los principios esenciales del Estado de derecho (Pin Valarezo, 2022).

En este marco, el objetivo del presente estudio fue analizar las obligaciones alimentarias y las consecuencias socioeconómicas provocadas por la pandemia de Covid-19, en el cantón Babahoyo durante el período 2020-2021, con especial énfasis en la valoración de la pertinencia del apremio personal frente a los alimentantes deudores. Asimismo, se buscó contribuir al debate académico y jurídico sobre la ponderación de principios en situaciones de crisis, ofreciendo elementos que permitan fortalecer la justicia constitucional y la protección de los derechos humanos en Ecuador.

MÉTODO

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, adecuado para obtener información objetiva y verificable sobre la percepción de profesionales del derecho en torno a las obligaciones alimentarias durante la pandemia de Covid-19. Este enfoque permitió estructurar los datos y realizar un análisis basado en evidencias numéricas, fortaleciendo la validez de los resultados obtenidos (Hernández Sampieri et al., 2014).

El estudio fue de tipo descriptivo y correlacional, ya que se buscó caracterizar las consecuencias socioeconómicas y su relación con el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el cantón Babahoyo. El diseño fue no experimental, de corte transversal, pues los datos se recolectaron en un solo momento temporal, correspondiente a los años 2020 y 2021 (Baquero de la Calle y Gil-Blanco, 2015).

La población estuvo conformada por profesionales del derecho del libre ejercicio y funcionarios vinculados a la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Babahoyo. Se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionándose 62 participantes que contaban con experiencia directa en procesos relacionados con obligaciones alimentarias. Esta muestra permitió obtener criterios fundamentados en el conocimiento técnico-jurídico de los encuestados.

La técnica principal empleada fue la encuesta estructurada, que incluyó cinco preguntas cerradas de tipo dicotómico (sí/no). Este instrumento se diseñó para recopilar percepciones sobre el impacto de la reducción de la jornada laboral, el desempleo, las boletas de apremio y la posibilidad de apoyo económico estatal. Las encuestas se aplicaron de manera presencial y virtual, garantizando la confidencialidad de las respuestas.
El procedimiento se inició con la validación del cuestionario por parte de docentes investigadores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES). Posteriormente, se aplicaron las encuestas durante un periodo de cuatro semanas en 2022. Los datos recolectados fueron tabulados en hojas de cálculo y posteriormente analizados mediante estadística descriptiva, lo que permitió identificar tendencias y proporciones de respuestas en cada pregunta planteada.

La investigación respetó los principios de confidencialidad, anonimato y consentimiento informado. Los participantes fueron informados sobre los objetivos del estudio y accedieron voluntariamente a responder las encuestas. Se garantizó que los datos obtenidos se utilizarían exclusivamente con fines académicos e investigativos, en conformidad con los principios éticos de la Declaración de Helsinki.

Entre las principales limitaciones se encuentra el tamaño de la muestra, que restringe la generalización de los resultados a otras regiones del país. Asimismo, el carácter transversal del estudio impide observar variaciones en el tiempo más allá del periodo analizado. A pesar de estas limitaciones, los hallazgos ofrecen un aporte valioso para comprender la relación entre crisis socioeconómicas y obligaciones alimentarias en contextos de emergencia.

RESULTADOS

Los resultados de esta investigación permitieron identificar con claridad las percepciones y experiencias de los profesionales del derecho encuestados, en relación con las obligaciones alimentarias durante la pandemia de Covid-19 en el cantón Babahoyo. Se presentan a continuación los hallazgos organizados de acuerdo con cada pregunta del cuestionario, complementados con el análisis descriptivo de las frecuencias y los porcentajes.

Impacto de la pandemia en las obligaciones alimentarias

Se preguntó a los participantes si consideraban necesario analizar el impacto de la pandemia de Covid-19 sobre las obligaciones alimentarias de las personas desempleadas. El 81 % de los encuestados respondió afirmativamente, mientras que el 19 % indicó lo contrario. Este resultado sugiere una conciencia generalizada de que la crisis sanitaria influyó significativamente en la capacidad de los alimentantes deudores para cumplir con sus obligaciones, lo que refleja la necesidad de políticas públicas más inclusivas y mecanismos de apoyo a los sectores más afectados.

Reducción de la jornada laboral y salario

La segunda pregunta exploró la relación entre la reducción al 50 % de la jornada laboral y del salario básico unificado y el incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias. El 94 % de los encuestados estuvo de acuerdo en que esta reducción fue una de las principales causas del incumplimiento, mientras que un 6 % no compartió esta opinión. Este hallazgo confirma que las medidas adoptadas durante la emergencia sanitaria, aunque necesarias para enfrentar la crisis, tuvieron efectos adversos directos sobre las familias más vulnerables.

Restricciones laborales y despidos intempestivos

Se consultó si la restricción a la contratación de nuevas plazas laborales y el incremento de despidos intempestivos vulneraron principios constitucionales vinculados al desarrollo y la producción. El 82 % respondió afirmativamente, mientras que el 18 % consideró que no hubo vulneración. Estos datos reflejan que, desde la perspectiva de los profesionales encuestados, las decisiones económicas adoptadas durante la pandemia tuvieron un efecto directo sobre derechos reconocidos constitucionalmente, lo que plantea la necesidad de revisar la pertinencia de dichas medidas.

Pertinencia de las boletas de apremio

En relación con la emisión de boletas de apremio personal a los alimentantes que incumplieron con el pago de pensiones debido a la falta de empleo, el 94 % de los encuestados manifestó que esta medida no era adecuada, mientras que solo el 6 % la consideró pertinente. Este resultado refleja un consenso sobre la necesidad de adoptar enfoques más equilibrados que tomen en cuenta las condiciones socioeconómicas excepcionales de los deudores.

Viabilidad del apoyo económico estatal

Finalmente, se indagó sobre la viabilidad de un apoyo económico por parte del Estado ecuatoriano, en coordinación con organismos internacionales, para cubrir el 50 % de las pensiones alimenticias en situaciones de emergencia. El 81 % de los encuestados consideró que esta medida sería factible, mientras que el 19 % no estuvo de acuerdo. Este hallazgo pone de manifiesto la percepción de que la intervención estatal es fundamental para garantizar los derechos de los niños y adolescentes en contextos de crisis socioeconómica.

Síntesis de los resultados

En conjunto, los resultados evidencian la estrecha relación entre las medidas adoptadas durante la pandemia de Covid-19 y el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en Babahoyo. Las respuestas obtenidas muestran un consenso general sobre los efectos negativos de la reducción salarial y el desempleo, así como sobre la necesidad de que el Estado implemente estrategias de apoyo económico en contextos de emergencia. Asimismo, los resultados sugieren que las medidas coercitivas como las boletas de apremio deben ser reconsideradas en situaciones excepcionales, priorizando soluciones que equilibren la protección del interés superior del niño, con la dignidad de los alimentantes.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en esta investigación reflejaron el profundo impacto que la pandemia de Covid-19 tuvo sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en el cantón Babahoyo. La mayoría de los encuestados señaló que la reducción del 50 % de la jornada laboral y del salario básico unificado, así como el incremento del desempleo, constituyeron factores determinantes en la incapacidad de los alimentantes para cumplir con sus deberes. Este hallazgo coincide con lo planteado por Carrera (2021) así como por Becerra Sarmiento y Valencia González (2021), quienes identificaron que la crisis sanitaria en Ecuador generó un aumento significativo de la precariedad laboral, especialmente en sectores informales y vulnerables.

El análisis evidenció también que el uso de boletas de apremio como mecanismo de coerción resultó cuestionado por la gran mayoría de profesionales del derecho encuestados. El 94 % consideró que no era pertinente aplicar esta medida en un contexto en el que el incumplimiento obedecía a factores externos, como el desempleo o la reducción salarial. Esta posición se encuentra alineada con lo expuesto por Pin Valarezo (2020), quien advierte que la privación de libertad en casos de deudores alimentarios en tiempos de pandemia, vulnera derechos fundamentales y genera efectos contraproducentes al impedir que los alimentantes puedan generar ingresos para cumplir con sus obligaciones.

Asimismo, los hallazgos sugieren la necesidad de repensar la ponderación de principios en el ámbito judicial. En particular, se observó un conflicto entre el interés superior del niño, que exige garantizar de manera prioritaria el derecho a los alimentos, y la dignidad humana de los alimentantes deudores, que no debe ser menospreciada aun en circunstancias excepcionales. Andrade et al. (2020) señalan que los jueces tienen la obligación de ponderar principios en colisión, adoptando decisiones que permitan salvaguardar los derechos de todas las partes involucradas en un caso concreto.

La investigación también evidenció un consenso mayoritario respecto a la necesidad de que el Estado ecuatoriano, en conjunto con organismos internacionales, implemente medidas de apoyo económico en contextos de emergencia sanitaria o socioeconómica. El 81 % de los encuestados consideró viable esta alternativa, lo cual coincide con experiencias en otros países latinoamericanos que destinaron recursos estatales para garantizar la subsistencia de los menores durante la pandemia (Schwarz y Stampini, 2025). Este enfoque se inscribe dentro del denominado constitucionalismo del desastre, que plantea la obligación estatal de adoptar políticas públicas excepcionales sin desconocer los derechos humanos básicos (Guerrero Salgado y Rodríguez Estévez, 2022).
Resumiendo, los resultados permitieron confirmar que la pandemia exacerbó tensiones estructurales ya existentes en el sistema de protección de derechos alimentarios en Ecuador. Se constató que el marco jurídico, aunque robusto en cuanto a la protección de los derechos de niños y adolescentes, no logró adaptarse a las condiciones extraordinarias derivadas de la crisis sanitaria. Este escenario refuerza la importancia de diseñar mecanismos alternativos de cumplimiento, como la mediación, el diferimiento de pagos o el apoyo estatal, que permitan compatibilizar el interés superior del niño con la dignidad humana y la seguridad jurídica de los deudores.

Finalmente, es necesario subrayar que la discusión académica y judicial sobre las obligaciones alimentarias en tiempos de crisis no debe limitarse al análisis coyuntural de la pandemia de Covid-19, sino proyectarse hacia futuros escenarios de emergencia. De esta manera, los hallazgos del presente estudio aportan a un debate más amplio sobre cómo garantizar derechos fundamentales en situaciones de desastre, fortaleciendo la resiliencia del sistema jurídico y social frente a nuevas contingencias.

CONCLUSIONES

El análisis realizado permitió constatar que la pandemia de Covid-19 generó un impacto significativo en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en el cantón Babahoyo durante el período 2020-2021. Las medidas adoptadas, como la reducción de la jornada laboral y del salario básico unificado, sumadas al incremento del desempleo, constituyeron factores decisivos que limitaron la capacidad de los alimentantes para atender de manera adecuada las pensiones de sus hijos e hijas.

Los resultados obtenidos reflejaron un amplio consenso entre los profesionales del derecho encuestados en que el uso de boletas de apremio personal, en este contexto, no resultaba pertinente, pues desconocía las condiciones excepcionales de los deudores y afectaba su dignidad humana. Se concluye que es necesario repensar el papel de esta medida coercitiva, incorporando alternativas más flexibles y acordes a situaciones de emergencia.
Asimismo, se evidenció una percepción generalizada sobre la importancia de que el Estado, en coordinación con organismos internacionales, implemente mecanismos de apoyo económico que permitan garantizar el interés superior del niño y la protección de los derechos fundamentales en contextos de crisis. La falta de políticas públicas claras y de instrumentos eficaces para afrontar escenarios de desastre dejó en evidencia debilidades estructurales en el sistema jurídico y social ecuatoriano.

Finalmente, este estudio concluye que el equilibrio entre el interés superior del niño y la dignidad humana de los alimentantes debe constituir el eje central en la adopción de decisiones judiciales y políticas públicas. La experiencia de la pandemia demuestra la necesidad de fortalecer la resiliencia institucional, garantizar la seguridad jurídica y promover medidas de protección social que mitiguen los efectos de futuras crisis sobre las familias ecuatorianas.

FINANCIAMIENTO

Autofinanciado.

AGRADECIMIENTOS

A todos los agentes sociales involucrados en el proceso investigativo.

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