INTRODUCCIÓN
La crisis penitenciaria en Ecuador ha sido un fenómeno creciente que, durante los años recientes, alcanzó niveles de violencia sin precedentes, visibilizando las falencias estructurales del sistema carcelario (Cruz-Arboleda et al., 2025). Entre 2021 y 2022, el país enfrentó una de las etapas más críticas de su historia penitenciaria, marcada por masacres dentro de los centros de privación de libertad que dejaron centenares de personas fallecidas (BBC News Mundo, 2021). Este escenario reveló la ausencia de una política penitenciaria sólida y la insuficiencia de las medidas estatales para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
La Constitución de la República del Ecuador (2008) reconoce a las personas privadas de libertad como parte de los grupos de atención prioritaria, estableciendo en su artículo 35 la obligación del Estado de garantizar su integridad y dignidad. A ello se suma el artículo 51, que dispone derechos específicos como la comunicación, el acceso a la salud, la educación y la protección contra torturas y tratos inhumanos. En el ámbito internacional, instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1966) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Organización de los Estados Americanos, 1969) establecen que la privación de libertad no puede implicar la pérdida de derechos fundamentales, sino únicamente de aquellos que son restringidos por la sentencia judicial.
Los antecedentes de la crisis penitenciaria ecuatoriana permiten comprender su carácter multicausal. Diversos informes han señalado problemas estructurales como el hacinamiento, la deficiencia en la atención en salud, el autogobierno de los reclusos, la falta de programas efectivos de rehabilitación y la presencia de economías ilícitas que atraviesan las cárceles (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2021; Federación Internacional de Derechos Humanos, 2022). La Penitenciaría del Litoral, inaugurada en 1958, se convirtió en el epicentro de esta problemática, siendo escenario de múltiples masacres y evidenciando la presencia de grupos criminales organizados que controlan la vida carcelaria (Pontón, 2022). En este sentido, el fortalecimiento de bandas como “Los Choneros” y sus facciones rivales ha profundizado la crisis y limitado la capacidad estatal de respuesta (El Comercio Perú, 2023).
La literatura académica coincide en que las prisiones se han transformado en espacios de reproducción de violencia, donde el sistema de rehabilitación social ha sido relegado a un segundo plano (Bermeo Sandoval y Proaño Reyes, 2022; Núñez Vega, 2006). Esto ha generado que las cárceles, en lugar de cumplir su finalidad constitucional de reinserción, funcionen como centros de consolidación de estructuras criminales. A nivel regional, estudios comparados muestran que problemas similares han sido enfrentados por otros países latinoamericanos, en los que la sobrepoblación y la falta de políticas integrales han derivado en la pérdida de control estatal sobre las cárceles (Cerda Pérez et al., 2016).
Bajo este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo analizar constitucionalmente los derechos de las personas privadas de libertad en el Ecuador, evaluando la situación del sistema de rehabilitación social en el período 2021-2022. El propósito central fue identificar los principales mecanismos que deben implementarse para garantizar una rehabilitación efectiva, considerando tanto la normativa nacional como los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Con ello, se buscó aportar a la discusión académica y social sobre la necesidad de transformar los centros penitenciarios en espacios que cumplan con su verdadera finalidad: la reinserción de las personas privadas de libertad y la prevención de la reincidencia.
MÉTODO
El estudio se sustentó en un enfoque mixto que combinó elementos cuantitativos y cualitativos, con el propósito de obtener una visión integral sobre la situación de los derechos de las personas privadas de libertad en el Ecuador durante el período 2021-2022. El enfoque cuantitativo permitió medir y sistematizar datos obtenidos a través de encuestas aplicadas a una muestra de internos, mientras que el cualitativo brindó una aproximación analítica a documentos normativos, doctrinales y académicos, así como a informes oficiales y experiencias previas de estudios penitenciarios (Hernández Samperi et al., 2014).
La investigación se diseñó como un estudio descriptivo y exploratorio. Se buscó identificar los principales factores que inciden en la vulneración de derechos dentro del sistema penitenciario, relacionando las condiciones estructurales de las cárceles con los marcos constitucionales e internacionales de protección de derechos. El carácter descriptivo permitió exponer con claridad las condiciones observadas, mientras que el exploratorio contribuyó a plantear nuevas interrogantes sobre la viabilidad de las políticas públicas implementadas (Álvarez Undurraga, 2002).
La población objeto de estudio estuvo conformada por personas privadas de libertad en el Ecuador, mientras que la muestra se seleccionó de manera no probabilística por conveniencia en cuatro centros penitenciarios de mayor relevancia: Latacunga, Turi, Regional de Guayaquil y la Penitenciaría del Litoral. Se encuestaron a 80 internos, distribuidos equitativamente en los centros mencionados, mediante un cuestionario de 14 preguntas cerradas que abordaron aspectos relacionados con integridad, calidad de vida, salud, seguridad, contacto con el exterior, quejas administrativas y percepción del rol del Estado como garante.
La técnica principal utilizada fue la encuesta, aplicada directamente en los centros penitenciarios con el apoyo del personal del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI). El instrumento empleado consistió en un cuestionario estructurado, validado a partir de revisiones previas en investigaciones similares. Asimismo, se recurrió al análisis documental de fuentes normativas, informes institucionales y literatura académica, lo cual permitió triangular los hallazgos y fortalecer la validez de los resultados.
Los datos recolectados mediante las encuestas fueron procesados en hojas de cálculo de Microsoft Excel, obteniéndose resultados estadísticos que se presentaron en tablas y gráficos de frecuencia. En paralelo, la información cualitativa se organizó y categorizó de acuerdo con los ejes de análisis establecidos en el marco teórico. La triangulación metodológica permitió contrastar la percepción de los internos con las disposiciones normativas y los informes internacionales, generando un análisis integral de la problemática penitenciaria.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos a partir de la investigación permiten evidenciar las condiciones estructurales, históricas y actuales del sistema penitenciario ecuatoriano, así como el estado de vulneración de derechos que enfrentan las personas privadas de libertad.
Evolución histórica de la violencia carcelaria
La violencia carcelaria en Ecuador ha estado marcada por factores estructurales e institucionales. Desde la década de 1960, prácticas como el cuatrerismo y la aplicación extrajudicial de la llamada 'ley de fuga' reflejaron la interacción entre represión estatal y autogobierno carcelario (Núñez, 2006). Durante las décadas de 1980 y 1990, el hacinamiento y el surgimiento de mafias internas consolidaron formas de regulación violenta en los centros penitenciarios. En los años 2000, la irrupción de grupos criminales como 'Los Choneros' y la expansión del narcotráfico internacional acentuaron la peligrosidad de las cárceles. Este trasfondo explica que, en el período 2021-2022, los enfrentamientos armados alcanzaran niveles sin precedentes, generando centenares de muertes dentro de los centros de privación de libertad.
Población penitenciaria y capacidad instalada
La población penitenciaria mostró un incremento sostenido desde 2011, llegando a cuadruplicarse en una década. Entre 2019 y 2021 se promedió una cifra cercana a los 40.000 internos, lo cual evidenció el impacto del hacinamiento y la saturación de las infraestructuras existentes. En la Figura 1 se observa esta evolución según datos del SNAI.
Figura 1. Población penitenciaria y capacidad instalada en Ecuador 2009-2021.
Elaboración: Los autores.
Centros de privación de libertad y niveles de violencia
El análisis de los principales centros penitenciarios del país reflejó una concentración de muertes violentas en las nuevas infraestructuras, siendo la Penitenciaría del Litoral el escenario con mayores niveles de violencia. Más del 65 % de los asesinatos entre 2019 y 2021 ocurrieron en este centro, confirmando su rol como epicentro de la crisis penitenciaria. La Tabla 1 muestra la relación entre los centros de privación de libertad y niveles de violencia de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Gobierno y el SNAI.
Tabla
1.
Centros de privación de libertad y niveles de violencia.
|
Nombre del centro |
Ciudad |
Total PPL |
Capacidad instalada efectiva |
% hacinamiento |
Asesinatos 2019-2021 |
|
CRS masculino-Guayaquil |
Guayaquil |
8908 |
5036 |
76,89 % |
287 |
|
CRS RZ8 masculino-Guayas |
Guayaquil |
3874 |
4368 |
0,00 % |
0 |
|
CRS RSCN MIXTO-Cotopaxi |
Latacunga |
4927 |
4600 |
7,11 % |
43 |
|
CRS RSCS Mixto-Turi |
Cuenca |
2286 |
2540 |
0,00 % |
41 |
|
CPPL Mixto-Guayaquil |
Guayaquil |
1998 |
545 |
266,61 % |
6 |
|
CRS Mixto-Santo Domingo |
Santo Domingo |
1841 |
914 |
101,42 % |
1 |
|
CRS Masculino-Esmeraldas |
Esmeraldas |
1640 |
1110 |
47,75 % |
9 |
|
CRS Femenino-Portoviejo |
Portoviejo |
1637 |
94 |
1641,49 % |
3 |
|
CRS Masculino-Machala |
Machala |
1284 |
524 |
145,04 % |
3 |
|
CPPL Masculino-El Inca |
Quito |
1007 |
959 |
5,01 % |
1 |
Elaboración: Los autores.
Resultados de la encuesta aplicada en cuatro centros penitenciarios
Se aplicó una encuesta a 80 internos distribuidos en Latacunga, Turi, Regional de Guayaquil y Penitenciaría del Litoral. El cuestionario de 14 preguntas cerradas abordó variables claves relacionadas con integridad, calidad de vida, salud, seguridad, infraestructura, contacto con el exterior, procedimientos de quejas y percepción del rol del Estado. Los resultados reflejaron una grave deficiencia en la satisfacción de derechos básicos, con una percepción generalizada de desprotección y falta de rehabilitación efectiva. La Tabla 2 resume las respuestas de las personas privadas de libertad.
Tabla
2.
Resultados de la encuesta aplicada a personas privadas de libertad.
|
Variables |
Interrogantes |
Resultados |
|
Integridad |
¿Considera usted que el centro de privación de libertad, donde se encuentra, está en peligro su integridad física, psicológica o sexual? |
Sí: 100% No: 0% |
|
Calidad de vida |
¿Este centro de privación de libertad, le proporciona un alojamiento apropiado para cumplir su pena? |
Sí: 0% No: 100% |
|
Calidad de vida |
¿Durante el tiempo que ha permanecido en este centro de privación de libertad, le han dado al menos tres comidas en el día? |
Sí: 80% No: 20% |
|
Calidad de vida |
¿El centro le provee de vestimenta para que pueda estar dentro del mismo? |
Sí: 0% No: 100% |
|
Salud |
¿Dentro del centro de privación de libertad hay algún dispensario médico que pueda atender emergencias o seguir tratamientos médicos y/o psicológicos? |
Sí: 0% No: 100% |
|
Salud |
¿Cuándo ha sufrido de alguna enfermedad, ha sido dotado de los medicamentos requeridos por parte de algún dispensario médico dentro del centro de privación de libertad? |
Sí: 0% No: 100% |
|
Seguridad |
¿Considera usted que los guías penitenciarios que existen dentro del centro de privación de libertad son suficientes para garantizar la seguridad en el pabellón que se encuentra? |
Sí: 0% No: 100% |
|
Instalaciones |
¿Cuenta el centro de privación de libertad donde se encuentra recluido con suficientes ambientes para practicar deportes, talleres artesanales y/o profesionales, estudios? |
Sí: 0% No: 100% |
|
Contacto con el mundo exterior |
¿El centro le da facilidades para mantener contacto con sus familiares? |
Sí: 60% No: 40% |
|
Procedimiento interno de quejas administrativas |
¿Califique el procedimiento interno para tramitar quejas administrativas en contra de funcionarios que laboran en el centro de privación de libertad? |
Célere: 0% Lento: 90% Inexistente: 10% |
Elaboración: Los autores.
El análisis de los resultados permitió establecer que la crisis penitenciaria ecuatoriana responde a una combinación de hacinamiento, ausencia de programas de rehabilitación y el dominio de bandas criminales. La percepción de los internos mostró que el Estado no cumplió con su rol de garante de los derechos fundamentales, lo cual refuerza la necesidad de una intervención integral para transformar el sistema penitenciario en un espacio orientado a la rehabilitación y reinserción social.
Resultados desde el marco constitucional ecuatoriano
Dentro del contexto constitucional ecuatoriano, las personas privadas de libertad se encuentran catalogadas como parte del grupo vulnerable de la sociedad, que requiere atención prioritaria y especializada por parte de toda autoridad pública o privada, según lo establecido en el artículo 35 de la norma suprema. Esta diferenciación se la hace en el sentido de que aquellas personas detenidas les es imposible contribuir al desarrollo económico de la sociedad y mucho menos mejorar sus condiciones de vida por sí mismos (Morales-Nivel y Pérez-Reina, 2022). Por lo tanto, es una tarea del Estado velar por su bienestar mientras sufran esta condición especial y proveer de lo que necesiten para mantener su calidad humana y lograr una igualdad material, en razón de la vulnerabilidad que viven y que actualmente quebranta sus derechos (Naciones Unidas, 2021).
DISCUSIÓN
El análisis de los resultados obtenidos en este estudio permite evidenciar que la crisis penitenciaria en Ecuador es un fenómeno estructural y multicausal que no puede entenderse únicamente como el resultado de enfrentamientos entre bandas delictivas. Tal como lo han señalado organismos internacionales, la sobrepoblación, el hacinamiento, la corrupción y la ausencia de programas sostenibles de rehabilitación social, constituyen factores que han exacerbado las condiciones de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2022).
La evidencia obtenida mediante la encuesta aplicada en los cuatro principales centros de privación de libertad confirma que los internos no perciben seguridad, atención médica adecuada ni condiciones dignas de alojamiento y alimentación. Además, señalaron la inexistencia de infraestructura educativa, laboral o recreativa, lo que contradice lo dispuesto en la Constitución ecuatoriana y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1966).
Estos hallazgos se alinean con investigaciones previas que sostienen que las cárceles ecuatorianas se han convertido en espacios de reproducción de criminalidad compleja y no en lugares destinados a la rehabilitación (Núñez Vega, 2006). La evidencia histórica muestra que la ausencia de control estatal ha permitido el surgimiento de estructuras de autogobierno al interior de los centros penitenciarios, lo cual ha favorecido la consolidación de mafias y redes vinculadas al narcotráfico. A ello se suma el recorte presupuestario en materia penitenciaria y la eliminación del Ministerio de Justicia en 2018, lo que debilitó institucionalmente al sistema y acentuó el poder de los grupos criminales (Asamblea Nacional del Ecuador, 2021).
Frente
a este panorama, resulta evidente que las acciones implementadas hasta la fecha
por el Estado ecuatoriano han sido insuficientes para garantizar la seguridad y
la integridad de las personas privadas de libertad. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha establecido que los Estados tienen la obligación de
garantizar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana (Corte
Interamericana de Derechos Humanos, 2017), lo que implica no solo el resguardo
físico de los internos, sino también el acceso a servicios de salud, educación,
trabajo y actividades orientadas a la reinserción. En este sentido, el Estado
ecuatoriano debe implementar políticas públicas integrales que articulen
dimensiones sociales, penitenciarias y de seguridad, asegurando además recursos
económicos y humanos suficientes para su sostenibilidad.
Finalmente, se concluye que la superación de la crisis penitenciaria exige un
compromiso decidido de todos los poderes del Estado, con un enfoque basado en
derechos humanos y en la finalidad constitucional de la pena: la rehabilitación
social. Solo mediante un proceso coordinado entre instituciones, sociedad civil
y organismos internacionales será posible transformar los centros
penitenciarios en espacios que garanticen la dignidad y permitan una verdadera
reinserción de las personas privadas de libertad.
CONCLUSIONES
El análisis realizado sobre la crisis penitenciaria en Ecuador durante el período 2021-2022 permitió constatar que la situación responde a factores estructurales, institucionales y sociales que han debilitado la capacidad del Estado para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Se evidenció que los centros penitenciarios, lejos de cumplir con su finalidad constitucional de rehabilitación, se han convertido en espacios de reproducción de criminalidad y violencia, lo que afecta gravemente la integridad, la salud y la calidad de vida de los internos.
Las
encuestas aplicadas en los principales centros carcelarios reflejaron una
percepción generalizada de desprotección, ausencia de seguridad y carencia de
servicios básicos, confirmando la vulneración de derechos constitucionales e
internacionales. Asimismo, el análisis documental permitió identificar la falta
de coherencia en la política pública penitenciaria y la insuficiencia de
recursos asignados para enfrentar la crisis.
En consecuencia, se concluye que la superación de esta problemática requiere la
implementación de una estrategia integral que articule políticas sociales,
penitenciarias y de seguridad, con un enfoque en derechos humanos y en la
finalidad de la pena: la rehabilitación social. Solo a través de la
coordinación entre las instituciones estatales, la sociedad civil y los
organismos internacionales, será posible transformar los centros penitenciarios
en espacios dignos que promuevan la reinserción efectiva de las personas
privadas de libertad.
FINANCIAMIENTO
Autofinanciado.
AGRADECIMIENTOS
A todos los agentes sociales involucrados en el proceso investigativo.
REFERENCIASCONSULTADAS
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Bermeo Sandoval, D. L., y Proaño Reyes, G. M. (2022). Conflicto entre la finalidad de la pena y la rehabilitación social, en personas adultas con sentencias acumuladas de hasta cuarenta años. Debate Jurídico Ecuador, 5(3), 330-346. https://n9.cl/mi0e9y
Cerda Pérez, P. L., Alvarado Pérez, J. G., y Cerda Pérez, E. (2016). Reinserción y readaptación social: agendas pendientes en el esquema penitenciario mexicano. Revista de Ciencias Humanas y Sociales, (Extra 9), 343-370. https://n9.cl/8a1ofn
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2022). Personas privadas de libertad en Ecuador. Organización de los Estados Americanos. https://n9.cl/8opyz
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Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Personas privadas de libertad (Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana No. 9). https://n9.cl/41iau
Cruz-Arboleda, J. I., Aguilar-Robles, E.D., Hurtado-Lomas, C. R., & Isea-Arguelles, J. J. (2025). Impacto socio-jurídico de la prisión preventiva en el Ecuador: Análisis multicriterio de sus consecuencias en los familiares de los procesados. Revista UGC, 3(S1), 57-65. https://n9.cl/dlmnr
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Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). (2000). Las cárceles en Ecuador. https://n9.cl/w8p1j8
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