Microsoft Word - 1.-TRABAJO FINAL

RESUMEN

La gestión de la reputación constituye un aspecto crítico para los sujetos obligados en procesos comerciales o contractuales con personas políticamente expuestas, debido al elevado riesgo asociado a este tipo de relaciones. La presente investigación analiza cómo las empresas —incluidas instituciones financieras, firmas legales y otras entidades reguladas— perciben y gestionan los riesgos reputacionales derivados de sus vínculos con personas políticamente expuestas. Para ello se empleó un enfoque cualitativo sobre la relación entre la reputación corporativa y las interacciones con con personas políticamente expuestas. En este marco, se identifican las principales percepciones de riesgo, los impactos reputacionales y las estrategias de mitigación adoptadas por los sujetos obligados. Se evidencia que las relaciones con con personas políticamente expuestas son consideradas de alto riesgo debido al potencial de corrupción, soborno y lavado de activos, factores que pueden generar un daño significativo a la reputación corporativa.

Descriptores: Sujeto obligado; riesgo reputacional; personas políticamente expuestas. (Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

Reputation management is a critical issue for entities involved in commercial or contractual processes with politically exposed persons, due to the high risk associated with this type of relationship. This research analyzes how companies—including financial institutions, law firms, and other regulated entities—perceive and manage the reputational risks arising from their links with politically exposed persons. To this end, a qualitative approach was used to examine the relationship between corporate reputation and interactions with politically exposed persons. Within this framework, the main risk perceptions, reputational impacts, and mitigation strategies adopted by regulated entities are identified. It is evident that relationships with politically exposed persons are considered high risk due to the potential for corruption, bribery, and money laundering, factors that can cause significant damage to corporate reputation.

Descriptors: Obligated party; reputational risk; politically exposed persons. (UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

En el mundo empresarial y financiero actual, la reputación no es solo un valor intangible, sino un componente crítico para el éxito y la sostenibilidad de cualquier organización. Al hablar de un proceso comercial o contractual, Clavijo (2023) menciona que estas relaciones pueden satisfacer necesidades por medio de un producto o un servicio y para que exista una genuina cercanía entre ambas partes, es fundamental que cualquier negocio desarrolle y afine su proceso comercial y contractual.

Este valor resulta especialmente crucial para los sujetos obligados, entendidos como personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que forman parte de los distintos sectores económicos y que deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos (UAFE, 2023). Estos sujetos enfrentan desafíos particulares al establecer relaciones comerciales o contractuales con personas políticamente expuestas (PEP). Dada la naturaleza de las PEP, quienes ejercen o han ejercido cargos de poder, dichas relaciones se encuentran bajo un escrutinio constante por parte de las autoridades regulatorias.

En los últimos años las Personas Expuestas Políticamente (PEP) se han visto relacionadas con gran corrupción, flujos internacionales de dinero robado y lavado de activos que ejercen un impacto insidioso y devastador sobre el desarrollo de los países que son víctima de este delito. Greenberg et al. (2020) señalan que el Banco Mundial estima que los fondos obtenidos en base a la corrupción robado de países en vía de desarrollo fluctúan entre $20 mil millones y $40 mil millones por año aproximadamente el equivalente al PBI anual de los 12 países más pobres del mundo, la mayoría de este dinero proveniente de personas con cargos públicos importantes.

Particularmente, cuando se trata de relaciones comerciales o contractuales con personas políticamente expuestas (PEP), la importancia de una gestión adecuada de la reputación se intensifica. Las PEP, debido a su posición de influencia, presentan un riesgo inherente de corrupción y otros delitos financieros, lo que convierte la reputación en un factor determinante para el éxito o fracaso de tales relaciones (Gericke, 2018).

En un entorno donde la transparencia y la integridad son cada vez más valoradas, la percepción que tienen terceros sobre la conducta y la ética de un sujeto obligado influye directamente en su capacidad para establecer relaciones comerciales sólidas y duraderas (Diaz, 2021). Esta reputación no solo afecta la confianza de las contrapartes, sino que también puede tener un impacto significativo en la evaluación de riesgos y en la toma de decisiones estratégicas (Fernández et al., 2022). De esta manera, la reputación se convierte en un activo intangible que debe ser cuidadosamente gestionado y protegido, ya que su deterioro puede llevar a consecuencias legales, financieras y operativas.

Para Vaudo (2022) la incapacidad de mantener una reputación sólida puede llevar a sanciones regulatorias, pérdida de negocios, y daño a la confianza de los stakeholders. Además, una reputación comprometida puede impactar negativamente en la capacidad del sujeto obligado para operar en mercados globales, acceder a financiamiento y establecer alianzas estratégicas. Siendo la reputación del sujeto obligado un reflejo de su historial en términos de cumplimiento normativo, responsabilidad social y comportamiento ético.

La gestión de la reputación del sujeto obligado en procesos comerciales o contractuales con PEP es un desafío complejo que requiere una combinación de cumplimiento normativo, estrategias de mitigación de riesgos, y una gestión proactiva. Por lo tanto, es esencial que los sujetos obligados adopten un enfoque integral para proteger su reputación al tratar con PEP, asegurando que cada paso en la relación esté cuidadosamente planificado y ejecutado (Alshirah et al., 2022).

Así como lo mencionan Clavijo et al. (2021) existe el concepto de "riesgo de contagio" se refiere a la posibilidad de que la mala reputación de una PEP se transfiera al sujeto obligado simplemente por asociación. Este riesgo puede ser particularmente alto si la PEP está involucrada en sectores o actividades que son polémicos o que tienen una percepción negativa en la opinión pública.

Generalmente las entidades de control tienden a hacer más hincapié en el cumplimiento de los procesos administrativos que en un enfoque más analítico o cualitativo de la gestión de los riesgos relacionados con las PEP. Esto puede llevar a las instituciones financieras a centrarse más en evitar sanciones reglamentarias que en mitigar eficazmente los riesgos asociados a las PEP, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (Menz, 2021).

No obstante, la normativa administrativa no detalla cuales son las medidas que se deben tomar en las relaciones comerciales o contractuales al tratarse de una asociación con PEP, materializando la amenaza del lavado de activos provenientes de corrupción, colocando al sujeto obligado en una exposición mayor a los riesgos de reputación y legales, además de las sanciones administrativas. Cuando Gutiérrez Zanelli (2020) analiza la relación entre corrupción y lavado de activos resulta relevante en virtud de que las PEP corruptas, así como sus familiares y allegados, suelen recurrir el sistema económico formal para colocar dinero, bienes, efectos o ganancias obtenidos provenientes de la corrupción, procurándoles dar apariencia de legalidad y evitar el descubrimiento del origen ilícito de su procedencia

En este contexto, es crucial analizar cómo la reputación del sujeto obligado puede ser afectada por su asociación con PEP, y cómo una gestión adecuada de los riesgos puede mitigar posibles impactos negativos. La investigación en este campo según Pendás (2022) se centra en la identificación de los factores que contribuyen a la construcción y mantenimiento de una buena reputación, así como en el desarrollo de estrategias efectivas para manejar los riesgos asociados a las relaciones con PEP. La presente investigación analiza cómo las empresas —incluidas instituciones financieras, firmas legales y otras entidades reguladas— perciben y gestionan los riesgos reputacionales derivados de sus vínculos con personas políticamente expuestas. Es importante analizar las implicaciones legales, regulatorias y de percepción pública que enfrentan los sujetos obligados, así como las mejores prácticas para mantener una reputación sólida en un entorno donde la transparencia y el cumplimiento normativo son fundamentales.

MÉTODO

La investigación realizada corresponde a un análisis cualitativo dado que existió un desarrollo teórico y de análisis documental que permitió investigar nuevas perspectivas y construir teorías emergentes sobre la relación entre la reputación y las interacciones con PEP. Para esto fue importante el uso de estudios de caso, permitieron un análisis detallado de situaciones específicas en las que la reputación del sujeto obligado ha jugado un papel crucial en la interacción con PEP. Cada caso fue analizado en profundidad para identificar patrones y factores clave.

Según el tipo de diseño de investigación del objeto, esta investigación realizó una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre reputación corporativa, gestión de riesgos, cumplimiento normativo, y PEP. En el que se señalaron las áreas que no han sido suficientemente estudiadas y con ello se contribuyó a la discusión académica del problema objeto de estudio.

En cuanto al alcance, se desarrolló como una investigación descriptiva, analítica explicativa y propositiva e incluyó como referente de estudio empírico, en calidad de sujetos obligados, a diferentes tipos de instituciones, como bancos, firmas de inversión, o proveedores de servicios legales, para evaluar cómo cada tipo maneja su reputación en relaciones con PEP. Igualmente se incluyó un análisis de las leyes y regulaciones que afectan la gestión de la reputación en relación con PEP, como las normativas de anti-lavado de dinero (AML), leyes anticorrupción, y directrices de cumplimiento.

Los métodos fundamentales que se emplearon en esta investigación fueron análisis y síntesis y análisis documental. En el primer caso, dirigido a la revisión de la teoría fundamentada y la sistematización de conceptos. En el segundo caso, para la revisión de informes de cumplimiento, políticas internas de empresas, sanciones, y casos legales relacionados con PEP y casos específicos donde la reputación del sujeto obligado haya jugado un papel significativo en las relaciones con PEP.

Desde su enfoque cualitativo, se realizó un análisis de teoría fundamentada y documental, tanto en la Resolución emitida por la UAFE 2020-0090, referente a la guía y tratamiento de personas expuestas políticamente, como para el análisis de las medidas razonables de aplicación a las relaciones comerciales o contractuales con sujetos obligados en el Ecuador.

RESULTADOS

La reputación del sujeto obligado en procesos comerciales o contractuales con personas políticamente expuestas (PEP) en Ecuador constituye un tema de gran relevancia debido a los riesgos inherentes a la gestión de relaciones con individuos que, por su posición o función pública, pueden estar vinculados a prácticas de corrupción, lavado de activos u otros delitos financieros.

Los sujetos obligados perciben el riesgo de tratar con personas políticamente expuestas de diferentes maneras, influenciados por factores como el entorno regulatorio, la naturaleza de sus negocios, la jurisdicción en la que operan y la percepción pública sobre la corrupción y el lavado de dinero. Entre los hallazgos más comunes se identifica que los sujetos obligados consideran que, vincularse con PEP incrementa de forma significativa el riesgo de ser objeto de investigaciones regulatorias o legales, debido a la presunción de que estas poseen mayor acceso a fondos ilícitos o están involucradas en prácticas corruptas. Por ello, las entidades financieras y otros sujetos obligados implementan controles reforzados para mitigar estos riesgos, siendo el posible daño reputacional una de las principales preocupaciones. El temor radica en que cualquier relación con PEP que involucre transacciones sospechosas pueda afectar negativamente la imagen pública y la confianza de clientes y socios comerciales.

Las organizaciones que mantienen relaciones comerciales o contractuales con PEP enfrentan un alto riesgo de daño reputacional. Esto se evidencia en casos documentados en los que asociaciones con PEP implicadas en actividades ilícitas han derivado en pérdida de confianza por parte de clientes e inversionistas, cobertura mediática negativa, investigaciones regulatorias y, en algunos escenarios, sanciones financieras y legales.

El daño reputacional se traduce en consecuencias financieras tangibles, tales como la disminución del valor de mercado de las acciones, la reducción en la base de clientes y el incremento de los costos operativos asociados con la implementación de controles adicionales y auditorías intensivas. En contraste, algunas organizaciones han fortalecido su reputación al demostrar una gestión proactiva y transparente de sus relaciones con PEP. Aquellas que comunican de manera clara sus políticas de cumplimiento y prácticas de debida diligencia logran consolidar la confianza de los stakeholders, posicionándose como entidades comprometidas con la ética y la integridad.

Las medidas adicionales necesarias para gestionar el riesgo asociado a las PEP, como el monitoreo intensivo y la presentación de reportes regulares, pueden implicar costos operativos significativos. Por ello, algunas entidades consideran que el riesgo de tratar con PEP representa una carga que puede afectar la eficiencia operativa. Las percepciones de riesgo varían según el tipo y tamaño del sujeto obligado: las entidades con más recursos tienden a implementar políticas robustas y más estrictas hacia las PEP, mientras que aquellas con recursos limitados suelen ser más flexibles, lo que también las expone a mayores riesgos.

La reputación de los sujetos obligados en el contexto de relaciones con PEP está influenciada por diversos factores que impactan en la percepción pública, la confianza de los clientes y la credibilidad frente a reguladores y demás partes interesadas. La rigurosidad en la ejecución de procesos de debida diligencia mejorada resulta fundamental para evaluar y mitigar los riesgos asociados a las PEP. Esto incluye la revisión exhaustiva de antecedentes, la verificación del origen de los fondos y el monitoreo constante de transacciones. Un historial positivo en la gestión de relaciones con PEP, sin incidentes de corrupción, lavado de activos o sanciones regulatorias, fortalece la reputación del sujeto obligado. De igual forma, la capacidad de cumplir con las normativas locales e internacionales, como las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las leyes de prevención del lavado de dinero (PLD) y financiamiento del terrorismo (FT), se convierte en un factor crítico.

La habilidad para manejar crisis relacionadas con PEP, tales como investigaciones regulatorias o acusaciones de corrupción, es crucial para preservar la reputación. Una respuesta rápida, transparente y orientada a la solución permite minimizar los impactos negativos y proteger la credibilidad a largo plazo. En este sentido, una herramienta clave dentro de la relación entre la reputación de los sujetos obligados y sus vínculos con PEP es el principio de “Conozca a su Cliente” (Know Your Customer, KYC).

El KYC permite a los sujetos obligados conocer el perfil del cliente, su actividad económica, el origen de los fondos y su comportamiento transaccional esperado. Esta información es esencial para evaluar el nivel de riesgo que representa cada cliente en términos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. En función de los datos obtenidos, los clientes se clasifican por niveles de riesgo, y aquellos con un perfil alto, como las PEP, deben someterse a procesos de debida diligencia mejorada a fin de monitorear y mitigar los riesgos potenciales.

Es fundamental adoptar un enfoque integral que combine diversas herramientas y estrategias de gestión de riesgos. Estas medidas no solo permiten cumplir con las normativas locales e internacionales, sino que también fortalecen la confianza de clientes, inversionistas y otras partes interesadas. En este marco, resulta clave el monitoreo continuo de las transacciones del cliente para confirmar que se ajusten a su perfil y comportamiento financiero conocido. Si dicho monitoreo detecta operaciones inconsistentes o sospechosas —como transferencias de grandes sumas de dinero sin justificación—, los sujetos obligados deben analizarlas y, en caso necesario, presentar un reporte de actividades sospechosas ante las autoridades competentes.

Por este motivo, los sujetos obligados están obligados a emitir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) reportes que contribuyan al monitoreo de riesgos en las relaciones comerciales o contractuales con PEP. En la tabla 1, se detallan los reportes que deben presentarse.

Tabla 1.

Reportes de los sujetos obligados a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

Reporte solicitado por la Unidad de Análisis Financiero	Siglas	Plazo de Entrega
Reporte de Operaciones Sospechosas	ROS	Dentro de los quince días posteriores al fin de cada mes.
Reporte de operaciones y transacciones individuales	RESU	Dentro del término de cuatro días, contados a partir de la fecha en que el Comité u Oficial de Cumplimiento del sujeto obligado tenga conocimiento de tales operaciones o transacciones.
Reporte de Información Adicional	RIA	Dentro del término de cinco días a partir de la fecha de solicitud por parte de la UAFE

Elaboración: Los autores.

La implementación de tecnologías avanzadas, como el uso de inteligencia artificial para el monitoreo de transacciones y el análisis predictivo de riesgos, ha sido efectiva para reducir incidentes que podrían dañar la reputación de las instituciones al gestionar relaciones con PEP. A su vez, La capacitación continua de los empleados en la identificación y gestión de riesgos asociados con PEP, son prácticas recomendadas para fortalecer la reputación del sujeto obligado. Estas medidas permiten a las organizaciones mantenerse actualizadas con las mejores prácticas y con las últimas herramientas disponibles para gestionar riesgos de manera efectiva.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) desarrolla un Plan Anual de Capacitación dirigido a fortalecer las capacidades de los sujetos obligados y otros actores relevantes en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Este plan tiene como objetivo sensibilizar, capacitar y actualizar conocimientos en temas relacionados con la prevención y detección de estos delitos. Dentro de los componentes claves en este plan de capacitación anual, se ven temas tal como se muestra en la tabla 2:

Tabla 2.

Temas del Plan de Capacitación Anual Unidad de Análisis Financiero y Económico.

Tema	Contenido
Identificación de Sujetos Obligados	Definición y reconocimiento de las obligaciones de los sujetos obligados según la normativa ecuatoriana.
Normativa y Regulaciones	Actualizaciones sobre las leyes, regulaciones y estándares internacionales aplicables a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Metodologías y Herramientas de Evaluación de Riesgos	Metodologías de evaluación de riesgo para identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados al lavado de activos e implementación de matrices de riesgo, identificación de PEP
Detección de Operaciones Inusuales o Sospechosas	Técnicas de identificación y reporte de operaciones inusuales o sospechosas y uso de sistemas de monitoreo y software especializado para la detección de transacciones sospechosas.
Colaboración Interinstitucional	Fomento de la cooperación y coordinación con otras entidades nacionales e internacionales que luchan contra el lavado de activos e intercambio de buenas prácticas y experiencias a través de redes y foros especializados

Elaboración: Los autores.

En Ecuador, informes de UAFE (2023) han señalado la importancia de la debida diligencia reforzada y la implementación de políticas internas rigurosas para prevenir el uso del sistema financiero por parte de PEP para actividades ilícitas. Aunque estos informes no siempre están estructurados como estudios científicos, proporcionan evidencia relevante y conclusiones sobre cómo los sujetos obligados gestionan su reputación frente a PEP en el contexto ecuatoriano.

La gestión de riesgos asociados a personas políticamente expuestas (PEP) y la implementación de políticas internas rigurosas son áreas clave para proteger la reputación de los sujetos obligados, como bancos, aseguradoras, y otras instituciones financieras.

Las directrices para la debida diligencia reforzada, emitidas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico están alineadas con las normativas internacionales para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La implementación de directrices de debida diligencia es crucial para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, especialmente cuando se trata de PEP. Las instituciones deben seguir las directrices emitidas por la UAFE y adoptar medidas efectivas para identificar, evaluar, y monitorear a las PEP, protegiendo así su reputación y cumpliendo con las normativas locales e internacionales.

DISCUSIÓN

Los resultados muestran que los sujetos obligados perciben un alto riesgo en las relaciones comerciales con PEP, alineándose con la literatura que destaca el potencial de corrupción y lavado de dinero. Este hallazgo sugiere que la percepción del riesgo no solo está basada en factores legales, sino también en preocupaciones reputacionales y de integridad corporativa.

El manejo de PEP en América Latina indica que el riesgo reputacional es uno de los principales desafíos que enfrentan los sujetos obligados (como bancos y otras instituciones financieras) al tratar con PEP. Este riesgo se debe a la posibilidad de estar involucrado en escándalos de corrupción, que afectan la percepción pública y la confianza en la entidad.

Este resultado concuerda con estudios previos sobre gestión de riesgos reputacionales y teoría de los stakeholders, que enfatizan la importancia de la transparencia y la ética en las relaciones comerciales, además revelan que las principales estrategias utilizadas por los sujetos obligados incluyen auditorías internas, sistemas de monitoreo continuo, y un enfoque más profundo de “conozca a su cliente” (KYC). Estas prácticas refuerzan la idea de que la gestión proactiva del riesgo es clave para mantener la reputación en mercados globales, como se sugiere en la literatura sobre cumplimiento y mitigación de riesgos financieros.

Implementar políticas KYC efectivas reduce significativamente el riesgo de que el sujeto obligado se vea implicado en actividades de lavado de dinero o corrupción a través de relaciones con PEP. Las empresas que demuestran un compromiso con la diligencia debida y el cumplimiento normativo son percibidas como más confiables y éticas por los inversores, clientes y reguladores, fortaleciendo así su reputación.

Adoptar estas herramientas de manera integral ayudará a los sujetos obligados a fortalecer su reputación, gestionar de manera más efectiva los riesgos asociados con PEP, y cumplir con las normativas locales e internacionales. Además, una reputación sólida basada en una gestión rigurosa del riesgo puede ofrecer una ventaja competitiva en el mercado y construir confianza a largo plazo.

Las instituciones financieras con exposición a PEP enfrentan un mayor escrutinio tanto de los reguladores como del público. El estudio identificó que los bancos que aplican una debida diligencia reforzada y un monitoreo continuo de las cuentas asociadas con PEP pueden mitigar significativamente los riesgos reputacionales, si bien, han mejorado significativamente sus mecanismos de identificación y monitoreo de PEP aún enfrentan desafíos críticos que podrían afectar su reputación. Se destaca la necesidad de una mayor claridad regulatoria y la implementación de tecnologías más robustas para una evaluación de riesgos más efectiva.

Se identificaron factores críticos como la transparencia, el cumplimiento normativo y el historial de relaciones con PEP. En casos donde se identifican riesgos elevados asociados a una PEP, contar con procedimientos robustos permite una respuesta rápida y adecuada, como la terminación de relaciones comerciales de alto riesgo o la notificación a las autoridades pertinentes. Esta capacidad de reacción puede mitigar el daño reputacional al demostrar que la empresa actúa de manera proactiva para evitar involucrarse en actividades ilícitas. Sin embargo, aporta una novedad al enfatizar que, además de las medidas de cumplimiento formal, la percepción pública y las relaciones comunicativas juegan un papel crucial en la construcción de la reputación.

Algunos sujetos obligados pueden optar por evitar completamente cualquier relación con PEP para reducir su exposición al riesgo. Si bien esto puede proteger la reputación a corto plazo, puede llevar a la pérdida de oportunidades de negocio legítimas y afectar negativamente la percepción de la organización como una entidad dispuesta a gestionar adecuadamente los riesgos y el sujeto obligado verse como evasivo o incapaz de manejar adecuadamente los riesgos. Es crucial para comprender los matices y complejidades de la gestión del riesgo reputacional en este contexto específico. Además, puede proporcionar recomendaciones basadas en evidencia para mejorar las políticas de cumplimiento y fortalecer la confianza y transparencia en el mercado.

Este estudio amplía el conocimiento existente al ofrecer una perspectiva más amplia sobre cómo los sujetos obligados gestionan sus relaciones con PEP, los sujetos obligados deberían implementar políticas de cumplimiento robustas que abarquen no solo las obligaciones legales mínimas, sino también estrategias de comunicación transparentes que refuercen la confianza pública. Adoptar tecnologías avanzadas para la detección y monitoreo continuo puede ser crucial para mantener la reputación, para que las autoridades reguladoras pueden considerar estos resultados para formular políticas que incentiven la transparencia y el cumplimiento proactivo por parte de los sujetos obligados. Podrían desarrollarse mejores prácticas que equilibren las necesidades de negocio con las obligaciones de cumplimiento.

En resumen, los hallazgos de este estudio subrayan la importancia de una gestión integral del riesgo reputacional en las relaciones con PEP. Los sujetos obligados deben equilibrar el cumplimiento regulatorio con estrategias de comunicación proactivas y tecnología avanzada para minimizar los riesgos y proteger su reputación.

La gestión de relaciones comerciales o contractuales con personas políticamente expuestas es esencial para la reputación de los sujetos obligados. La percepción de una empresa o institución que maneja adecuadamente estos riesgos puede fortalecer su posición en el mercado, mientras que una mala gestión puede tener consecuencias devastadoras. La reputación se convierte en un activo crucial, dado que las relaciones con PEP pueden tanto potenciar como perjudicar la imagen de la organización ante sus clientes, inversores y reguladores.

CONCLUSIONES

Los sujetos obligados adoptan diversas medidas razonables para gestionar los riesgos asociados a las personas políticamente expuestas, orientadas principalmente a la prevención, la mitigación y el cumplimiento regulatorio. Estas medidas son esenciales para proteger a las entidades de una posible vinculación con actividades ilícitas, evitar sanciones por parte de las autoridades competentes y salvaguardar su reputación institucional.

La verificación exhaustiva de la identidad, el historial y el origen de los fondos de las PEP constituye una acción prioritaria. Este proceso incluye la revisión de antecedentes, la consulta de bases de datos internacionales de sanciones y listas de vigilancia, así como la recopilación de documentación adicional sobre la procedencia del patrimonio, lo cual contribuye a reducir la exposición al riesgo.

El monitoreo continuo de las transacciones y actividades de las PEP se presenta como una medida indispensable para la detección temprana de comportamientos inusuales o sospechosos. Este seguimiento debe intensificarse en función del nivel de riesgo que represente cada persona políticamente expuesta, lo que permite a las entidades anticiparse a posibles contingencias.

La clasificación de las PEP en diferentes categorías de riesgo (alto, medio y bajo) resulta fundamental para diseñar e implementar controles diferenciados. Factores como el cargo que desempeñan, la jurisdicción en la que operan, su proximidad al poder y el historial de corrupción del país constituyen criterios clave para esta categorización. De esta manera, los sujetos obligados pueden aplicar enfoques más específicos y efectivos en la gestión del riesgo.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTOS

A todos los actores sociales involucrados en el desarrollo de la investigación.

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