INTRODUCCIÓN

El lavado de activos persiste como un desafío global que impacta las economías, la seguridad y la gobernanza. Este fenómeno se ha sofisticado con la globalización y la tecnología, permitiendo la integración de capitales ilícitos en la economía formal mediante metodologías cada vez más complejas y difíciles de rastrear (UNODC, 2019). El uso de criptomonedas y plataformas descentralizadas ejemplifica cómo los lavadores de dinero se han adaptado a la era digital, dificultando la labor de los organismos reguladores.

De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, 2012-2022), los criminales utilizan diversos métodos para lavar dinero, desde estructuras corporativas opacas hasta el comercio internacional, lo que complica la identificación y persecución de estos delitos a nivel global. La efectividad de los esfuerzos para combatir el lavado de activos depende críticamente de la cooperación internacional y de la capacidad de los países para implementar regulaciones sólidas y mantener una vigilancia constante.

El impacto del lavado de activos trasciende lo económico, corroyendo las instituciones democráticas al fomentar la corrupción y el crimen organizado. La falta de transparencia en los flujos financieros internacionales facilita la corrupción a gran escala y socava la confianza en las instituciones públicas (Transparency International, 2021). En Ecuador, este delito está tipificado y se relaciona principalmente con actividades ilícitas como el narcotráfico, trata de personas, terrorismo y contrabando. Adicionalmente, debe considerarse delitos cometidos por servidores públicos que abusan de sus cargos, entre ellos defraudación fiscal, peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito (Fiscalía General del Estado, 2020).

El marco regulatorio ecuatoriano (Reglamento General, 2017) define en su artículo 42 a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) como aquellas personas naturales, nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, manteniendo esta condición hasta un año después de culminado su cargo. Transparency International (2021) señala que la corrupción relacionada con PEP en Ecuador refleja cómo el poder político y económico puede corromperse y desviar recursos públicos. La UNODC (2019) indica que las PEP, debido a su influencia, están en posición privilegiada para participar en actos de corrupción como sobornos, lavado de activos y malversación de fondos.

Esta situación se ha visto exacerbada por un entorno político históricamente inestable que ha facilitado prácticas corruptas. Durante las últimas décadas, varios casos han vinculado a expresidentes, ministros y otros altos funcionarios en escándalos de corrupción. Según la Fiscalía General del Estado (2020), el impacto de la corrupción perpetrada por PEP ha sido devastador, minando la confianza pública en las instituciones y desviando recursos que podrían haberse destinado a necesidades urgentes como educación y salud, contribuyendo así a la perpetuación de la pobreza.

El sistema financiero nacional, conformado por instituciones bancarias, mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito, y compañías de seguros y valores, se encuentra regulado por organismos como la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (De La Cruz y García, 2022). Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, con su enfoque comunitario y modelo cooperativo donde los miembros son simultáneamente propietarios y clientes, enfrentan riesgos similares a otras instituciones financieras, especialmente con clientes de alto perfil como las PEP (Vásquez, 2020).

El riesgo se materializa cuando las PEP utilizan las cooperativas para canalizar fondos ilícitos provenientes de actividades corruptas como el desvío de fondos públicos o sobornos. Aunque la operativa de las cooperativas suele ser menos compleja, la entrada de fondos de un PEP exige un escrutinio reforzado sobre su procedencia y propósito (Shehu, 2021). Las normativas antilavado exigen a las cooperativas identificar, monitorear y aplicar debida diligencia reforzada a las PEP, reportando cualquier transacción sospechosa (FATF, 2020).

No obstante, las cooperativas enfrentan desafíos significativos para cumplir con estas exigencias. Al ser entidades generalmente más pequeñas con recursos limitados comparado con la banca tradicional, suelen tener dificultades para implementar sistemas robustos de cumplimiento normativo debido a restricciones financieras y de capital humano (Carvalho y Ferreira, 2019; Camacho, 2021).

Frente a esta problemática, el objetivo general de esta investigación se define como: analizar el procedimiento para administrar el riesgo de lavado de activos en las Personas Expuestas Políticamente en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda.

MÉTODO

La investigación fue realizada desde su enfoque corresponde al tipo cualitativo, puesto que buscó la observación de las figuras del delito de lavado de activos y las personas expuestas políticamente, esto con la finalidad de analizar el procedimiento que permita mitigar el riesgo. Según el tipo de diseño de investigación del objeto, se trató de una investigación donde predominó procedimientos tales como: sistematización de la teoría fundamentada y análisis documental de normativas y guías (SEPS, 2022; UAFE, 2020). En lo referente a su finalidad, se trató de una investigación aplicada al contexto teórico académico, con grandes probabilidades de aplicación al contexto institucional para el que está considerada, se pretendió mitigar el riesgo L.A en las PEP.

Respecto al alcance, se trató de una investigación descriptiva, analítico -- explicativa ya que pretendió identificar, analizar, evaluar y monitorear a los clientes PEP para la gestión y mitigación del riesgo de L.A.

Los métodos fundamentales que se emplearon en esta investigación respondieron tanto al nivel teórico como al nivel empírico del conocimiento científico. Para la parte teórica, predominaron los métodos de análisis y síntesis, inducción - deducción y de enfoque en sistema. Todos constituyeron métodos de aplicación en la sistematización conceptual de la teoría fundamentada seleccionada, en la preparación y aplicación de instrumentos de diagnóstico y para la organización y exposición del artículo científico como producto final.

En el caso del análisis de documentos, como método del nivel empírico de conocimientos, se orientó a la revisión de documentación informativa oficial y de normativa jurídica directamente relacionada con el objeto de estudio contenido en el problema de investigación: la administración del riesgo de L.A con relación a las personas expuestas políticamente (Ley Orgánica contra el LA/FT, 2020; UAFE, 2020).

RESULTADOS

Análisis normativo sobre el lavado de activos y las PES en Ecuador.

El tema referente al delito de lavado de activos ha sido abordado en la Constitución del Ecuador, específicamente en el artículo 394, establece que "el Estado adoptará medidas para prevenir y reprimir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo". La inclusión de este tema en la Constitución refleja la importancia que el Estado ecuatoriano le da a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y su compromiso para la protección del sistema financiero y la seguridad nacional, según el artículo 394, el Ecuador debe adoptar medidas para:

· Precautelar que el sistema financiero sea utilizado para el LA/FT.

· Detectar y reportar operaciones sospechosas.

· Congelar y confiscar activos provenientes de actividades ilícitas.

· Cooperar con otros países en la lucha contra el LA/FT.

La Constitución también establece que la lucha contra el LA/FT debe ser realizada de manera coordinada entre las instituciones del Estado, incluyendo la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. Además, establece un marco legal en este aspecto y refleja el compromiso del Estado ecuatoriano con la protección de la integridad del sistema financiero y la seguridad nacional.

Las cooperativas de ahorro y crédito son consideradas sujetos obligados en la prevención del LA/FT, debido a su papel importante en el sistema financiero y su potencial vulnerabilidad a ser utilizadas para actividades ilícitas.

Según la Ley Orgánica contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (2020), las cooperativas de ahorro y crédito están obligadas a implementar medidas para prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2022) también destaca la importancia de que las cooperativas de ahorro y crédito cumplan con las obligaciones de prevención del LA/FT, señalando que el incumplimiento de estas obligaciones puede generar riesgos para la estabilidad del sistema financiero y la seguridad nacional.

Por otra parte, la administración del riesgo del LA/FT es un tema crucial para las instituciones financieras y no financieras. Según la FATF (2022), la administración del riesgo es un enfoque fundamental para prevenir el LA/FT.

El proceso de identificar, evaluar, mitigar y monitorear los riesgos asociados con el LA/FT en una institución u organización busca prevenir y detectar actividades ilícitas, proteger la integridad del sistema financiero y cumplir con las regulaciones y leyes aplicables, incluye procedimientos tales como identificar las áreas y procesos vulnerables a actividades ilícitas; evaluar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados; implementar medidas para reducir o eliminar los riesgos identificados; monitorear y seguir los riesgos y las medidas implementadas para asegurar su efectividad. La administración del riesgo de LA/FT es un proceso continuo que requiere actualizaciones y ajustes periódicos para adaptarse a los cambios en el entorno y las regulaciones.

Finalmente, para concentrarnos en el estudio del riesgo de lavado de activos que pueden generar las personas expuestas políticamente, es necesario partir de su concepto por lo cual de acuerdo con la Unidad de Análisis financiero y Económico y su guía sobre el alcance a la definición de PEP y los criterios sobre su designación con enfoque basado en riesgos (2020).

Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son:

Todas aquellas personas naturales, nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado funciones o cargos públicos destacados en el Ecuador o en el Extranjero; o funciones prominentes en una organización internacional, conforme a los lineamentos establecidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), y el organismo de control respectivo. Los familiares de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), sean estos los cónyuges o personas unidas bajo el régimen de unión de hecho, familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad; y, el o los colaboradores directos esto es la persona natural con las cuales una Persona Expuesta Políticamente (PEP), se encuentre asociada o vinculada societariamente, o mantenga otro tipo de relaciones empresariales, comerciales o laborales estrechas, serán consideradas como PEP(...).

Estas personas son individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas prominentes, ya sea a nivel nacional o internacional, y que por lo tanto tienen un mayor riesgo de estar involucrados en actividades corruptas o ilícitas, como el LA/FT.

Según la FATF (2012-2022), las PEP en su definición incluyen autoridades del gobierno, ministros o secretarios de Estado, miembros de la Asamblea General, altos funcionarios de la administración pública; miembros de la familia inmediata de las personas mencionadas anteriormente y asociados cercanos de las personas mencionadas anteriormente.

La clasificación de una persona como PEP no implica necesariamente que esté involucrada en actividades ilícitas, pero sí que requiere un mayor escrutinio y vigilancia por parte de las otras entidades para prevenir el LA/FT.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán LTDA fortalezas y debilidades frente al lavado de activos y las PEP.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda. es una institución financiera ubicada en el norte del Ecuador, comprometida con la inclusión financiera y el desarrollo socio económico de la comunidad, como parte del sistema financiero, está sujeta a la normativa nacional e internacional en materia de LA/FT, temas que son clave para garantizar la transparencia y seguridad de las operaciones financieras.

Fortalezas

La cooperativa está sujeta a regulaciones emitidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), estas normativas exigen a las cooperativas implementar políticas robustas de prevención de lavado de activos (PLAFT), por ello implementa un sistema de prevención de lavado de activos (PLA), que refuerza la seguridad de sus operaciones, lo que constituye una fortaleza importante, ya que incluye procedimientos de la política Conozca a su cliente (KYC), monitoreo de transacciones y sistemas de alertas para operaciones inusuales o sospechosas, lo que servirá de insumo de información para generar perfiles de riesgo de las diferentes contrapartes y de las personas expuestas políticamente (PEP) que pueden presentar un riesgo mayor debido a su influencia política.

Una de sus fortalezas constituye la capacitación en Prevención de Lavado de activos, la cooperativa ejecuta programas periódicos para su personal, con ello, dicho personal pueda identificar y reportar señales de alerta. También cuenta con sistemas que permiten monitorear transacciones sospechosas, como depósitos inusuales, transferencias internacionales de alto valor o actividades financieras que no concuerdan con el perfil del cliente. Esta vigilancia es crucial para detectar posibles actividades ilícitas.

Debilidades

No contar con un procedimiento debidamente revisado y analizado que permita identificar, controlar y monitorear puede llevar a la cooperativa a enfrentarse a los riesgos de operaciones relacionadas con personas expuestas políticamente (PEP). Así como también puede verse reducida su capacidad operativa en la gestión de controles para el volumen significativo de clientes clasificados como PEP o aquellos involucrados en transacciones de alto riesgo, lo que podría comprometer su capacidad de respuestas o su habilidad para realizar un análisis exhaustivo de cada operación.

La relativa vulnerabilidad ante la evasión de controles internos hace que se tornen más flexibles o no tan rigurosos, esto puede hacer que la cooperativa sea más susceptible a ser utilizada como un canal para el lavado de dinero si no se fortalecen los procedimientos de vigilancia.

Manejar cuentas o transacciones de personas expuestas políticamente (PEP) representa un mayor riesgo de involucramiento en actividades ilícitas o corruptas, debido a la influencia de estas personas en sectores gubernamentales. Si la cooperativa no realiza una adecuada evaluación de riesgo en estos casos, podría estar expuesta a sanciones o problemas legales.

Respecto a lo mencionado en la resolución 637-2020-F, art. 211.- Dispone aplicar la debida diligencia ampliada en función de su transaccionalidad y el comportamiento de las contrapartes, en este caso para las PEP se encuentra normado en el numeral 11, en el cual indica que, si se identifica a una PEP, esta se debe categorizar en función del riesgo. En base a lo expuesto anteriormente la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda., tiene implementado en su manual interno de políticas y procedimientos de Prevención de lavado de activos denominado "Manual de Prevención de Lavado de Activos Financiamiento de Delitos incluido el Terrorismo", en el capítulo III de políticas el artículo 3.9.5.

Debida diligencia para personas políticamente expuestas (PEP), se puede observar que se encuentra la definición de PEP, así como también los cargos que les otorga tal condición. En el artículo 3.9.6. quién autoriza la relación comercial o contractual con una persona considera como PEP, define al señor gerente general como el encargado de autorizar el inicio de la relación comercial con una PEP, así como también, dispone aplicar políticas, procedimientos de control que conlleven el monitoreo y seguimiento exhaustivo de operaciones transaccionales y otros servicios o productos que estas personas realicen en la institución, tanto en la apertura de la cuenta, inversión o crédito como en el tiempo que mantenga su condición de socio - cliente.

Finalmente, en el artículo 3.9.7. Si un cliente es considerado como PEP, remarca en esta política que la institución en cumplimento con la normativa, no podrá negar el servicio a este tipo de personas y estipula contar con sistemas apropiados para la administración del riesgo y la aplicación de la debida diligencia ampliada (DDA) considerando los siguientes aspectos:

Cuando el cliente PEP es identificado, el personal operativo comunicará al representante legal y a la Unidad de Cumplimiento, mediante la copia del documento de registro de cliente y la declaración de origen lícito de recursos en el caso que aplique.

Todo tramite y/o servicios con clientes PEP debe autorizar por escrito el representante legal.

Dicha autorización también deberá ser enviada al oficial de cumplimiento.

El personal operativo debe emitir un informe de la verificación de información, y este se incorporará al expediente de la PEP con copia a la Unidad de Cumplimiento.

Clasificación de la PEP en registros como socios - clientes de riesgo alto.

El oficial de cumplimiento de manera mensual realizará el monitoreo transaccional del socio - cliente de acuerdo con las alertas generadas y reportará las inusualidades al comité de cumplimiento.

Cuando una PEP ya es socio - cliente de la institución y opta por acceder a un producto o servicio, el personal operativo debe informar a la Unidad de Cumplimiento, la misma que efectuará una revisión al perfil de comportamiento del cliente e informará en el comité de cumplimiento.

De acuerdo con la Resolución UAFE-DG-2020-0090 (2020) el tipo de relación comercial o contractual relacionadas con el cónyuge o a las personas unidas bajo el régimen legal de unión de hecho reconocida legalmente; o a familiares comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad; a personas naturales o jurídicas de cualquier naturaleza, con las cuales una persona expuesta políticamente (PEP), se encuentre asociada o vinculada societariamente, o sus colaboradores cercanos, deberán ser sometidas a los mismos procedimientos de DDA.

También se destaca en este documento interno que la cooperativa en concordancia con las políticas anteriormente expuestas y el documento explicativo para su elaboración remitido por la SEPS, cuenta en el capítulo IV Procedimientos y controles, con el procedimiento

Procedimientos para personas expuestas política y públicamente (PEP), el cual gestiona el riesgo de lavado de activos mediante la aplicación de las siguientes actividades:

Tabla 1.

Actividades y responsables del Procedimiento para Personas Expuestas Políticamente (PEP).

N°	Actividad	Responsable
1	Monitorear de manera permanente las transacciones de las PEP, con base en la política de debida diligencia ampliada.	Unidad de Cumplimiento
2	Recopilar la información del socio o cliente identificado como PEP: Cédula. Nombre. Denominación del cargo. Institución donde desempeña el cargo. Otra información necesaria. Nota: Estos requisitos aplican también para el cónyuge, pareja, familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, y colaboradores directos.	Unidad de Cumplimiento
3	Mantener actualizada la lista de control de PEP. La identificación de un cliente PEP no será motivo de negación de servicios.	Unidad de Cumplimiento
4	Al emitirse una alerta en el Core Financiero por cliente PEP, gestionar el llenado del "Formulario de autorización de vinculación o permanencia de persona políticamente expuesta PEP´S".	Asistentes de Servicios Cooperativos, Asistentes de Negocios, Oficiales de Negocios y Oficiales de Captaciones
5	Una vez firmado el formulario por el socio-cliente y el responsable operativo, solicitar autorización a Gerencia General vía correo electrónico (con el formulario adjunto) para continuar con el trámite. Posteriormente, archivar el documento en el expediente del cliente.	Asistentes de Servicios Cooperativos, Asistentes de Negocios, Oficiales de Negocios y Oficiales de Captaciones

Elaboración: Los autores.

Las actividades descritas en el anterior procedimiento se gestionan en la fase de identificación, ya que cumplen con la resolución Nro. 637-2020-F, la Guía de Clientes PEP y la Guía de elaboración del manual, puesto que cuenta con un control automatizado y se aplica mediante la búsqueda en la lista PEP a través del ingreso de datos como lo son la cédula o nombres completos, dicha lista se encuentra residente en el registro financiero y actualizada mensualmente.

Este tipo de personas por normativa, son consideradas de riesgo alto, por ende, se aplica la correspondiente DDA solicitando información de acreditación con la suscripción del formulario de autorización de vinculación o permanencia de persona políticamente expuesta PEP, en el cual recopila la información respecto a: nombres y apellidos, cargo, institución en la cual trabaja, periodo del cargo, sueldo, información de los familiares, tipo de trámite que realiza en la cooperativa, información respecto a otros ingresos, espacio para la firma del cliente PEP, identificación del tipo de cliente PEP, espacio para la firma del señor gerente general para la autorización, espacio para la firma del usuario quien le aplica el control y por último un campo para las observaciones.

Una vez lleno la información y suscrito por el titular PEP, el personal operativo de la entidad, solicita a través de correo interno o de manera física, la suscripción del formulario al señor gerente general, autorizando la relación comercial con dicha persona. Adicional la cooperativa mantiene una matriz que le permite configurar perfiles de riesgo a las contrapartes y cumplir con las etapas de: identificación, medición, control y monitoreo, para medir y controlar los riesgos mediante la ejecución de los procesos de DDA y monitoreo a sus clientes, y finalmente conseguir la mitigación del riesgo de L.A obteniendo como resultado el riesgo residual.

DISCUSIÓN

La lucha contra el lavado de activos se ha venido manejando a nivel mundial a través de organismos internacionales, mediante la implementación de políticas y estándares para administrar un riesgo que se viene configurando con más fuerza en la actualidad (FATF, 2020).

En el Ecuador se cuenta con organismos especializados que tratan el tema con mucho interés, por ello, existen políticas, resoluciones y procedimientos para regular este tipo de riesgo, en los últimos años y tras la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en nuestro país, ha permitido que los entes supervisores nacionales como la UAFE y la SEPS, implementen medidas que permitan avanzar en la administración del riesgo de LA/FT (UAFE, 2020; SEPS, 2022).

El Sistema de Prevención de Administración de Riesgos de Lavado de Activos Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos que se maneja en nuestro país (SPARLAFTD) junto con la planificación estratégica, son necesarias para las instituciones financieras, la aplicación de dicho sistema para las cooperativas de ahorro y crédito también denominados en la ley como sujetos obligados, tienen esa responsabilidad de implementarlos, por ello, se presenta el análisis del procedimiento para gestionar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en personas expuestas políticamente (PEP) pueden evaluarse desde diversas perspectivas, incluyendo la efectividad de las medidas implementadas, la reducción de riesgos, y el cumplimiento normativo. A continuación, se presentan los principales criterios para evaluar estos resultados.

Efectividad en la identificación y mitigación de riesgos

Precisión en la identificación de PEP: Un resultado positivo es la correcta identificación y clasificación de PEP en la cooperativa. Esto implica que los sistemas de debida diligencia son capaces de reconocer a las PEP y asignarles un perfil de riesgo adecuado.

Mitigación del riesgo: La implementación de medidas adecuadas (debida diligencia ampliada y el monitoreo continuo) se traduce en la reducción del riesgo asociado a las PEP. Un indicador clave es la reducción en la cantidad de actividades sospechosas no detectadas inicialmente y el incremento en la detección de transacciones inusuales.

Cumplimiento normativo

Adherencia a regulaciones: Las instituciones deben demostrar que cumplen con las resoluciones a nivel nacional e internacional relacionadas con la administración de riesgos de LA/FT, especialmente en lo que respecta a PEP (Ley Orgánica contra el LA/FT, 2020). Esto incluye la adecuada documentación, la formación del personal, y la implementación de políticas y procedimientos establecidos.

Auditorías y revisiones regulatorias: Los resultados positivos en auditorías internas y externas, así como en revisiones regulatorias, son indicativos de una buena administración de riesgos. La ausencia de sanciones regulatorias relacionadas con la gestión de PEP también es un signo de cumplimiento adecuado.

Identificación y reporte de operaciones inusuales e injustificadas.

Incremento de casos a reportar a la UAFE: Un resultado esperado es el aumento en la cantidad y calidad de los ROII presentados por actividades relacionadas con PEP. Este incremento sugiere que las instituciones están mejorando en la identificación de riesgos y cumpliendo con su obligación de reportar.

Eficiencia en la cooperación con las autoridades: La rapidez y precisión con que una institución responde a las solicitudes de información de las autoridades es otro criterio para medir la efectividad de las medidas implementadas. La cooperación efectiva y oportuna puede llevar a una mejora en las investigaciones y en la prevención del LA/FT.

Impacto en la reputación

Reducción de riesgos reputacionales: La correcta administración del riesgo relacionado con PEP debe traducirse en una mejora o mantenimiento de la reputación de la institución. Evitar estar vinculado a escándalos de LA/FT o ser utilizado como vehículo para actividades ilícitas es un resultado clave.

Confianza del mercado y de los clientes: El mercado y los clientes suelen confiar más en instituciones que manejan de manera efectiva los riesgos de LA/FT, lo cual puede reflejarse en la estabilidad o el incremento de las afiliaciones de nuevos socios - clientes y en la posición competitiva en el mercado.

Costos y beneficios

Costos de cumplimiento vs. beneficios: Un análisis de costos-beneficios también puede ser un criterio importante. Idealmente, los costos de implementar medidas de administración de riesgos deben ser justificados por los beneficios obtenidos, como la reducción del riesgo, el cumplimiento normativo, y la mejora en la reputación (Camacho, 2021).

Retorno sobre la inversión en cumplimiento: Las instituciones que logran integrar eficientemente sus sistemas de administración de riesgos de PEP suelen ver una mayor eficiencia operativa y un retorno positivo sobre la inversión en sus programas de cumplimiento.

Mejora continua

Evolución de las políticas y procedimientos: Un buen resultado implica que las políticas y procedimientos de gestión de PEP no solo cumplen con los requisitos actuales, sino que también se adaptan y mejoran continuamente en respuesta a nuevos riesgos y regulaciones (Martínez y Rodríguez, 2021). La implementación de sistemas de gestión basados en inteligencia artificial y machine learning permite una actualización dinámica de los perfiles de riesgo (Chen y Wang, 2022). Capacitación continua: La efectividad del programa también se refleja en la capacitación continua y en la sensibilización del personal en relación con la administración de riesgos de PEP, donde programas de formación especializada han demostrado mejorar significativamente la detección de operaciones sospechosas (Gómez et al., 2023).

Estos criterios permiten evaluar de manera integral los resultados de las medidas de administración del riesgo de LA/FT aplicadas a las PEP, asegurando que no solo se cumplen las normativas, sino que también se protegen eficazmente las instituciones contra los riesgos inherentes.

Análisis de comportamiento en Cooperativa de Ahorro y crédito Tulcán Ltda

La cooperativa en lo concerniente a la efectividad en la identificación y mitigación de riesgos cuenta con un control automatizado de revisión de listas en su registro financiero que le permite identificar eficientemente a los clientes PEP. Sin embargo, el control no abarca el conocimiento de los beneficiarios finales lo que la cooperativa deberá trabajar en este aspecto para ajustar su control y evitar observaciones de los entes gubernamentales y minimizar el riesgo de lavado de activos, implementando sistemas de verificación de beneficiarios finales como recomiendan los estándares internacionales (Chen y Wang, 2022).

En lo relacionado al cumplimiento normativo, la cooperativa se ha preocupado por la implementación de las políticas dispuestas por los organismos de control, particularmente en la política conozca a su cliente PEP, en la cual, ha implementado controles en los procedimientos de vinculación con socios PEP a través de formularios de inclusión que le permite conocer de acuerdo a norma la información con este tipo de clientes, sus familiares y colaboradores cercanos, de igual manera este control abarca la solicitud de autorización por el gerente general y la alimentación permanente de la base de datos con nuevos clientes PEP y sus familiares, información que le proporciona una empresa proveedora.

Respecto a la identificación de operaciones inusuales e injustificadas, la cooperativa a través de la evaluación transaccional y financiera efectuada por el oficial de cumplimiento información complementaria en la revisión de los clientes PEP, permite identificar posibles señales de alerta en el comportamiento transaccional e información financiera del PEP, y de ser el caso reportar una operación sospechosa (ROS) al ente de control, de igual manera los clientes PEP identificados y analizados son informados al comité de cumplimiento de manera mensual, siguiendo metodologías de análisis de comportamiento transaccional validadas internacionalmente (Gómez et al., 2023).

En lo referente a los costos y beneficios, la inversión que la cooperativa ha efectuado para robustecer el sistema de PLA en la parte tecnológica es a través de un sistema automatizado que le permite obtener la perfilería de niveles de riesgo, administrar el riesgo inherente y residual mediante una matriz de riesgo y la búsqueda en listas de control y restrictivas, le han permitido controlar y minimizar el riesgo, así como también cumplir con disposiciones específicas en el tema normativo exigido por los entes de control (De La Cruz y García, 2022).

En caso de aparecer nuevas alertas o cambios en la normativa, se requiere la permanente revisión en los controles implementados en los diferentes procesos operativos que maneja la institución y proceder con los ajustes necesarios, siguiendo el principio de mejora continua promovido por los estándares internacionales (FATF, 2012-2022) y los modelos de actualización dinámica de políticas (Martínez y Rodríguez, 2021).

CONCLUSIONES

De acuerdo con el análisis efectuado al procedimiento para la administración del riesgo de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda., se concluye:

La administración es esencial para la prevención del LA/FT a través de un sistema sólido que ayude a las entidades del sector financiero a identificar, evaluar, y mitigar los riesgos asociados con estas actividades ilícitas. Para lo que la cooperativa de ahorro y crédito Tulcán Ltda., debe continuar adoptado un enfoque basado en riesgos para la identificación y gestión de este tipo de riesgo. Esto implica una evaluación continua y dinámica de los riesgos, lo que permite una asignación eficiente de recursos para mitigar los riesgos más elevados (GAFI, 2012-2022).

Igualmente la necesidad de desarrollar políticas y procedimientos claros y efectivos que aborden estos temas de prevención deben ser revisadas y actualizadas regularmente para asegurar su eficacia frente a nuevas amenazas y vulnerabilidades a lo que se suma que la capacitación del personal es esencial para la implementación efectiva de las políticas de prevención para que los empleados se encuentren bien informados y ser conscientes de las señales de alerta que podrían indicar actividades sospechosas.

Es crucial que la cooperativa realice un monitoreo y evaluación constante de las operaciones y transacciones para detectar cualquier anomalía o actividad sospechosa para probar la eficiencia de su sistema de prevención frente a los riesgos y la implementación de mejoras cuando sea necesario a través de una estructura de gobernanza clara, donde las responsabilidades en LA/FT estén bien definidas (UAFE, 2020). La alta dirección de la cooperativa debe asumir un papel proactivo en la supervisión y gestión de riesgos para prevenir y detectar actividades ilícitas, protegiendo tanto a la institución, así como también la economía y la seguridad global.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A todos los actores sociales involucrados en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Camacho, L. (2021). AML/CFT Compliance Challenges in Small Financial Institutions: Evidence from Latin America. Journal of Money Laundering Control, 24(3), 512-528. https://doi.org/10.1108/JMLC-08-2020-0085

Carvalho, A., y Ferreira, J. (2019). The Role of Cooperative Banks in Preventing Money Laundering. European Journal of Law and Economics, 47(3), 451-471. https://doi.org/10.1007/s10657-019-09625-6

Chen, L., y Wang, H. (2022). Artificial intelligence in anti-money laundering: A systematic review of machine learning approaches for suspicious transaction detection. Journal of Financial Compliance, 5(2), 45-62. https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0112

De La Cruz, G. P., y García, M. E. (2022). Prevención de lavado de activos como alternativa de administración de riesgo en Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2020. 593 Digital Publisher CEIT, 7(3), 35-48. https://doi.org/10.33386/593dp.2022.3.158

FATF (2020). Global Money Laundering & Terrorist Financing Threat Assessment. Financial Action Task Force. https://shorturl.at/9VpJ1

Fiscalía General del Estado (2020). Informe sobre casos de corrupción en Ecuador. https://shorturl.at/8nJp1

GAFI (2012-2022). Recomendaciones del GAFI. Financial Action Task Force. https://shorturl.at/9Yb5R

Gómez, R., Silva, M., y Torres, P. (2023). Effectiveness of specialized training programs in PEP risk management: Evidence from Latin American financial institutions. International Journal of Financial Security, 8(1), 112-130. https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2187612

Ley Orgánica contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (2020). Registro Oficial Suplemento 349 de 12 de mayo de 2020. https://shorturl.at/4nJm6

Martínez, J., y Rodríguez, K. (2021). Dynamic updating of AML/CFT policies: A framework for continuous adaptation to emerging risks. Journal of Money Laundering Control, 24(4), 789-805. https://doi.org/10.1108/JMLC-03-2021-0025

Reglamento General de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos (2017). https://shorturl.at/1b1h0

SEPS (2022). Guía para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en cooperativas de ahorro y crédito. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. https://shorturl.at/1Wp1K

Shehu, A. Y. (2021). Money Laundering and Financing of Terrorism in Developing Countries: The Case of West Africa. Springer. https://shorturl.at/5V1W9

Transparency International (2021). Corruption Perceptions Index 2021. https://shorturl.at/9J5X6

UAFE (2020). Guía para que los sujetos obligados puedan tener mejor entendimiento sobre el alcance a la definición de PEP y los criterios para su designación con enfoque basado en riesgo (Resolución UAFE-DG-2020-0090). Unidad de Análisis Financiero y Económico. https://shorturl.at/3Y6J2

UNODC (2019). Persons Exposed Politically: Risks and Mitigation. United Nations Office on Drugs and Crime. https://shorturl.at/9G1J3

Vásquez, G. (2020). Cooperativas y su rol en la prevención del lavado de activos. Revista de Economía Solidaria, 32(1), 70-85. https://doi.org/10.34236/redes.v32i1.123

World Bank (2019). Enhancing Financial Integrity through Improved Beneficial Ownership Transparency. https://shorturl.at/9H1J5

©2025 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Joffre Adrián Paucar-Guaillaguamán

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

FINANCIAMIENTO

AGRADECIMIENTO

REFERENCIAS CONSULTADAS