INTRODUCCIÓN

El delito de lavado de activos, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2021), se considera autónomo respecto a otros delitos, cometidos dentro o fuera del territorio ecuatoriano. Las penas varían según el valor involucrado: si es menor a 100 salarios básicos unificados (SBU), la sanción es de 1 a 3 años de prisión; si supera los 100 SBU y hay asociación delictuosa sin uso de empresas ni del sistema financiero, la pena va de 7 a 10 años; y si excede los 200 SBU con uso de empresas, instituciones o cargos públicos, la pena se eleva a 10–13 años.

Para enfrentar este delito, se promulgó la Ley para la Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (2017), cuyo reglamento establece directrices para prevenir, identificar y eliminar estas prácticas, abarcando sus diversas manifestaciones.

El lavado de activos representa una problemática socioeconómica grave, originada en actividades ilegales que generan caos y colapso social (Proaño et al., 2023). Este fenómeno implica ocultar fondos ilícitos y simular actividades legítimas para encubrir su origen (Palma y Escobar, 2022). El proceso incluye la integración de estos activos a la economía nacional mediante el sistema financiero y transacciones en divisas (Iza, 2021). Así, personas de distintos sectores sociales intentan legitimar recursos ilícitos, lo que fomenta actividades ilegales y agrava problemas sociales, vinculando directamente el lavado de dinero con la corrupción (Casquete y Campos, 2022).

Las instituciones financieras —bancos, mutualidades, cooperativas, aseguradoras y casas de valores— están especialmente expuestas a este riesgo (UAFE, 2022). En respuesta, Ecuador ha implementado políticas públicas para mitigarlo. El sistema financiero está regulado por la Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera, y supervisado por entidades como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS).

Las cooperativas de ahorro y crédito enfrentan riesgos significativos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, debido a la naturaleza de sus operaciones. Por ello, tienen la obligación de aplicar métodos adecuados para analizar y evaluar estos riesgos (Martínez et al., 2020). La gestión de riesgos LA/FT se distingue de otros tipos de gestión (operativa, crediticia, de mercado o liquidez), constituyendo un mecanismo de control para prevenir, detectar y reportar amenazas de forma eficaz, en función del apetito de riesgo y la relación riesgo-retorno institucional (Superintendencia de Bancos, 2022). A nivel global, se recomienda emplear enfoques técnicos para identificar factores de riesgo que comprometan las estructuras financieras (Vásquez, 2023).

En este marco, la SEPS emitió normas específicas para prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y el financiamiento de delitos en entidades del Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS). Estas normas buscan establecer un marco que permita a dichas entidades adoptar medidas eficientes contra estas amenazas.

Surge entonces el siguiente problema: ¿Cuál sería el procedimiento más adecuado para que el Comité de Cumplimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Crecer Wiñari Ltda. reduzca los riesgos asociados al lavado de activos, conforme a la Norma Técnica vigente (Resolución SEPS-IGT-IGS-INSESF-INR-INGINT-INSEPS-IGJ-0121)?

El objetivo general de este estudio es desarrollar una metodología que permita al Comité de Cumplimiento de la Cooperativa Crecer Wiñari Ltda. mitigar dichos riesgos, en conformidad con la norma técnica mencionada. La propuesta busca dotar al Comité de una herramienta efectiva para minimizar el riesgo de lavado de activos, alineada con el marco penal vigente, dado que este delito está tipificado en el COIP.

MÉTODO

Esta investigación adopta un enfoque mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos para obtener una visión integral del problema. El enfoque cualitativo permitió explorar percepciones, experiencias y prácticas relacionadas con la prevención del lavado de activos en la cooperativa, mientras que el enfoque cuantitativo aportó datos numéricos mediante encuestas, que ayudaron a contextualizar y validar los hallazgos.

La metodología empleada fue de tipo documental, descriptiva y explicativa. La investigación documental se basó en la recopilación de información formal que enriqueció el desarrollo teórico, incluyendo políticas públicas, leyes y reglamentos vigentes en Ecuador para prevenir el lavado de activos (Reyes, 2022). La fase descriptiva permitió caracterizar la problemática, identificar prácticas actuales en la cooperativa y revisar el marco normativo aplicado, ofreciendo una imagen detallada de los desafíos existentes. Por su parte, el análisis explicativo buscó comprender las causas y factores que incrementan el riesgo de lavado de activos, facilitando el diseño de estrategias para mitigarlo.

La técnica principal de recolección de datos fue la encuesta, basada en un cuestionario de preguntas cerradas (Tejero, 2021). Se aplicó a empleados de la cooperativa con contacto directo con clientes, seleccionando una muestra representativa debido a limitaciones de tiempo y recursos (Tafur, 2022). Esta muestra fue significativa en términos de conocimiento y preparación, lo que permitió generalizar los hallazgos al resto de la institución.

Los criterios de selección incluyeron: empleados encargados de supervisar y ejecutar procedimientos de prevención de lavado de activos; personal que maneja transacciones financieras diarias; socios y clientes sujetos a políticas de debida diligencia; y se excluyó al personal no vinculado directamente con operaciones financieras o cumplimiento normativo.

La muestra final estuvo compuesta por 14 colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Crecer Wiñari Ltda., todos con funciones relacionadas con la gestión de riesgos y cumplimiento. Participaron representantes de áreas estratégicas como auditoría interna, oficial de cumplimiento, consejo de administración, consejo de vigilancia, unidad de cumplimiento, gerencia y negocios. El área de negocios aportó ocho participantes, mientras que las demás áreas estuvieron representadas por un integrante cada una.

RESULTADOS

Los resultados de la encuesta aplicada al personal operativo revelan deficiencias significativas en materia de capacitación y conocimientos sobre prevención de lavado de activos, según criterios de AML Consulting (2025). El 57.1% de los encuestados no ha recibido capacitación especializada durante los últimos 12 meses, mientras que el 42.9% restante considera que la formación recibida ha sido limitada.

Respecto a las modalidades formativas, solo el 28.6% ha participado en cursos en línea y el 14.3% en talleres presenciales, mientras que el 57.1% no ha accedido a ninguno de estos formatos estructurados.

El análisis del conocimiento sobre procedimientos de reporte evidencia importantes brechas operativas. El 28.6% de los encuestados conoce adecuadamente el proceso para reportar transacciones sospechosas, mientras que la mitad (50.0%) manifiesta necesitar mayor claridad al respecto.

En relación con los canales de reporte, existe dispersión en las respuestas: el 42.9% identifica correctamente al oficial de cumplimiento, mientras que el 21.4% menciona al supervisor directo y el 14.3% a autoridades regulatorias.

Respecto a las políticas implementadas, el 35.7% identifica correctamente todas las medidas preventivas, mientras que el 21.4% destaca específicamente las políticas de Conocimiento del Cliente (KYC).

La evaluación de la efectividad percibida de los procedimientos actuales revela que solo el 28.6% los considera muy efectivos, contrastando con el 35.7% que expresa incertidumbre y el 21.4% que los califica como no efectivos.

Respecto al cumplimiento normativo, el 50.0% considera que las políticas cumplen en su mayoría con las regulaciones, mientras que el 28.6% afirma que cumplen completamente.

En materia tecnológica el 57.1% reporta utilizar software de análisis de transacciones, aunque persisten prácticas de monitoreo manual (14.3%).

Sobre las mejoras recientes, el 42.9% percibe mejoras moderadas en los sistemas de monitoreo, mientras que el 28.6% no identifica avances significativos.

El análisis de las medidas requeridas evidencia un consenso mayoritario (42.9%) sobre la necesidad de implementar un abordaje integral.

Análisis Integral: Los resultados demuestran consistentemente la necesidad de fortalecer tres dimensiones críticas: (1) capacitación especializada y continua, (2) clarificación de protocolos operativos, y (3) modernización de sistemas de monitoreo, con especial atención a la gestión de Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Propuesta metodológica para el Comité de Cumplimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Crecer Wiñari Ltda.

En este apartado se desarrolló un procedimiento para que el Comité de Cumplimiento de cumplimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Crecer Wiñari Ltda. pueda mitigar los riesgos del lavado de activos, según lo establecido en la Norma Técnica vigente en la Resolución Nro. SEPS-IGT-IGS-INSESF-INR- INGINT-INSEPS-IGJ-0121 (2024) y GAFILAT (2021).

Fase 1. Metodología con enfoque basado en riesgos segmentación de los factores de riesgo

A través de una adecuada segmentación de los factores de riesgo, la COAC identificará y categorizará las potenciales fuentes de riesgo: clientes, productos y/o servicios, canales y jurisdicción. Esta segmentación puede realizarse con base a las siguientes metodologías método Delphi, atada a la debida diligencia, clusterización (K-Means), machine learning (redes neuronales) y minería de datos (CRISP-DM), siendo los expertos de la cooperativa quienes elegirán el método que más se ajuste a sus necesidades.

Perfil de comportamiento de las contrapartes

La cooperativa debe desarrollar un método para identificar las características típicas y habituales de cada contraparte a partir de la información general proporcionada (formulario de identificación o conocimiento de las contrapartes, consultas en listas de control, formulario de licitud de fondos, verificación de la información, etcétera), y con la forma de emplear los servicios-productos que oferta la entidad.

Perfil transaccional de las contrapartes

Enmarca el patrón del comportamiento financiero de las contrapartes, es decir, la capacidad que tiene para realizar transacciones con la entidad a través de los diferentes canales. Para determinar este perfil, se debe analizar el historial de transacciones que realiza la contraparte, por ejemplo:

· Frecuencia de transacciones: Detectar si las transacciones son consistentes con el perfil de la contraparte.

· Montos promedio: Evaluar si los montos transaccionados coinciden con los ingresos y actividades económicas declaradas.

· Transacciones inusuales: Identificar picos de actividad atípicos, como grandes depósitos o retiros sin explicación coherente.

Fase 2. Administración de Riesgos

Para lograr una adecuada gestión de riesgos, las cooperativas deben identificar, clasificar y conocer información sobre todos los eventos de riesgo utilizando indicadores clave y establecer límites, medir, gestionar y controlar los eventos de riesgo, así como proporcionar y actualizar constantemente la matriz de riesgos como herramienta de desarrollo. Conceptos básicos de métodos y modelos.

Identificación

Para gestionar y mitigar los riesgos, además de identificar y aplicar métodos de segmentación de factores de riesgo, la cooperativa antes de ingresar a nuevos mercados, abrir nuevos puntos de servicio, cambiar o incluir nuevos canales de distribución y uso de nuevas tecnologías tiene que identificar los eventos de riesgos en relación a cada escenario que puede ser percibido como dudoso o inseguro.

Evaluación o Medición

En esta etapa, la Institución debe crear y aplicar métodos para medir o evaluar cualitativa o cuantitativamente la probabilidad de un evento de riesgo de lavado de dinero y financiamiento criminal, así como el impacto en la institución si este evento ocurre, los factores de riesgo y riesgos relacionados (operativo, legal, reputacional y de contagio), determinando así el grado de riesgo inherente.

Control

Esta fase implica la definición de medidas de control que contribuyan a mitigar los riesgos evaluados en la fase anterior. Como mínimo en la cooperativa se debe:

Definir e implementar medidas de control para cada uno de los escenarios riesgosos o dudosos.

Definir niveles de aceptación razonables; y,

Efectuar reportes de operaciones inusuales e injustificadas y remitirlos a la UAFE.

Monitoreo

Esta etapa es fundamental en la detección de nuevos riesgos en el tiempo, por tanto, es proceso debe ser continuo y dinámico, para lo cual, en la cooperativa se debe considerar como mínimo:

· Implementar mecanismos de seguimiento permanentes, eficaces y eficientes para facilitar la detección y eliminación oportuna de las deficiencias que puedan surgir en la gestión de los riesgos. Estos mecanismos deben evaluarse al menos trimestralmente.

· Monitorear y comparar los riesgos inherentes y residuales de cada elemento que podría considerarse como peligroso o que tenga potencial de serlo y verifica los niveles de aceptación de los riesgos residuales;

· Definir indicadores descriptivos y/o prospectivos que permitan evidenciar posibles fuentes de riesgos de blanqueamiento de patrimonio; y, asegurar que el control propuesto sea específico, oportuno, efectivo y eficiente.

Se diseñó un procedimiento metodológico para que el Comité de Cumplimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Crecer Wiñari Ltda. mitigue los riesgos de lavado de activos, conforme a la Norma Técnica establecida en la Resolución SEPS-IGT-IGS-INSESF-INR-INGINT-INSEPS-IGJ-0121 (2024). El modelo propuesto se estructura en dos fases secuenciales, integrando técnicas cualitativas y cuantitativas adaptadas a las capacidades operativas del sector cooperativo.

La primera fase aborda la segmentación multidimensional del riesgo, considerando cuatro dimensiones clave: clientes (perfil económico, actividad y exposición política), productos/servicios (nivel de complejidad y vulnerabilidad), canales (medios de distribución e interacción) y jurisdicción (contexto geopolítico y regulatorio). Para ello, se recomienda el uso de herramientas como el método Delphi, algoritmos de clusterización (K-Means), redes neuronales para reconocimiento de patrones y minería de datos (CRISP-DM).

Además, se propone la construcción de perfiles de comportamiento de contrapartes, utilizando información de formularios de identificación, listas de control, antecedentes, historial de uso de productos y comportamiento socioeconómico. Se complementa con el análisis del perfil transaccional, evaluando frecuencia, montos promedio y detección de operaciones inusuales.

La segunda fase se enfoca en la administración integral de riesgos. Inicia con la identificación proactiva de eventos de riesgo ante cambios operativos como expansión de mercados, apertura de nuevos puntos de servicio o adopción tecnológica. Luego, se aplican métodos de evaluación para medir la probabilidad de ocurrencia de eventos LA/FT, su impacto operativo, legal y reputacional, y el nivel de riesgo inherente mediante matrices especializadas.

La fase de control contempla la implementación de medidas mínimas por escenario de riesgo, definición de niveles aceptables de riesgo residual y reporte formal de operaciones inusuales a la UAFE. Finalmente, se establece un sistema de monitoreo continuo, con evaluación trimestral de eficacia, comparación entre riesgos inherentes y residuales, uso de indicadores descriptivos y prospectivos para detección temprana, y verificación constante de que los controles sean específicos, oportunos y eficientes.

DISCUSIÓN

El lavado de dinero se ha convertido en una grave amenaza para la economía global; Informes recientes indican que, en Ecuador, las actividades de lavado de dinero a través del sistema financiero se triplicaron entre 2016 y 2021, alcanzando los $3.500 millones, cifra que resulta preocupante ya que el delito de lavado introduce importantes riesgos en los mercados financieros, como iliquidez y pánico bancario. particularmente cuando grandes sumas de dinero desaparecen abrupta e inesperadamente, afectando considerablemente la estabilidad económica, pero también afectando gravemente a la sociedad en general, por lo que se requiere de una intervención eficiente y efectiva para limitar sus consecuencias (Moreira et al., 2024).

Bajo este argumento, en la presente investigación se indagó sobre el abordaje del lavado de activos en la Cooperativa De Ahorro Y Crédito Crecer Wiñari Ltda, donde se observó que si bien existen los colaboradores vinculados a la gestión de riesgos de lavados de activos sí conocen el proceso para reportar transacciones sospechosas, necesitan mayor claridad, pues según Fernández et al. (2022), es necesario lograr la comprensión total de los procedimientos internos para reducir el peligro de una inadecuada legitimación de capitales, pero, para Montes (2018) esto sólo se puede lograr mediante la programación de capacitaciones periódicas y retroalimentación.

Cuando sospechan de una actividad de lavado de activos en la cooperativa lo reportan al oficial de cumplimiento, quién, según De la Torre (2018) es una figura clave en el sistema de prevención de lavado de activos, pero su éxito depende de la coordinación con el resto del personal de la entidad financiera.

Por otra parte, la cooperativa ha implementado políticas de conocimiento del cliente, realiza auditorías internas y externas de forma periódica, reporta y monitorea las transacciones sospechosas. Sin embargo, los procedimientos para mitigar el riesgo de lavado de activos son parcialmente efectivos, pues hay que considerar que en la cooperativa se cumplen en su mayoría con las normativas legales contra el lavado de activos, sin embargo, se debe tener presente que, según Palma y Escobar (2022) el incumplimiento e ineficacia de la ley para prevenir y erradicar el lavado de dinero genera consecuencias económicas para las entidades financieras, además de sanciones legales y operativas, incluyendo acciones judiciales de gran magnitud.

Por lo expuesto y como parte del trabajo investigativo se planteó un procedimiento adecuado para que el Comité de Cumplimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Crecer Wiñari Ltda. pueda mitigar los riesgos del lavado de activos, según lo establecido en la Norma Técnica vigente en la Resolución Nro. SEPS-IGT-IGS-INSESF-INR-INGINT-INSEPS-IGJ-0121. El procedimiento contempla dos fases, en la primera se aborda como la cooperativa debe efectuar la segmentación de los factores de riesgo, identificar el perfil de comportamiento de las contrapartes y su perfil transaccional. En la segunda fase, se describe el procedimiento para que se lleve a cabo la Administración de Riesgos, abordando el proceso de identificación, evaluación y medición, control y monitoreo.

Esta metodología, según Parra et al. (2020) es genérica para todo tipo de organización y contextos, de fácil interrelación con otros métodos y herramientas más robustas, pues hay que tener en cuenta que no todas las entidades tienen el mismo nivel de riesgo e incertidumbres.

CONCLUSIONES

La propuesta desarrollada consistió en una metodología integral diseñada para apoyar al Comité de Cumplimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Crecer Wiñari Ltda. en la reducción de riesgos relacionados con el lavado de activos, alineándose con la Norma Técnica establecida en la Resolución N° SEPS -IGT- IGS-INSESF-INR-INGINT-INSEPS-IGJ-0121, que incluye disposiciones específicas con medidas de control enfocadas a la prevención, detección y eliminación de los delitos de blanqueo de capitales y financiación de actividades delictivas en instituciones financieras. del sector de la Economía Popular y Solidaria.

La metodología presentada se basa en un análisis específico de los riesgos inherentes a las transacciones financieras de la cooperativa, y facilitan una serie de pasos organizados para la identificación, evaluación, control y monitoreo de gestión de estos riesgos. Esta metodología permite a los expertos de la cooperativa elegir entre el método Delphi, Atada a la debida diligencia, Clusterización (K-Means), Machine learning (redes neuronales) y Minería de datos (CRISP-DM) para una adecuada segmentación de los factores de riesgo.

La metodología no solo cumple con los requisitos regulatorios, sino que también brinda flexibilidad para su aplicación a posteriores cambios en el entorno regulatorio o en las transacciones de la institución. Aunque la cooperativa ha implementado medidas y políticas para prevenir el lavado de activos, los resultados indican que existe una necesidad clara de mejorar la capacitación, fortalecer el conocimiento de los procedimientos y mejorar las herramientas tecnológicas y operativas para mitigar de manera efectiva los riesgos asociados.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A todos los actores sociales involucrados en el desarrollo de la investigación.

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©2025 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

RESUMEN

ABSTRACT

MÉTODO

RESULTADOS

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES