INTRODUCCIÓN

En las últimas tres décadas, la comunidad internacional ha desarrollado un marco normativo robusto para combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT). Los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, 2020), que incluyen procesos de evaluación mutua y la inclusión en listas negras de países no cooperantes, han sido estrategias efectivas para garantizar el cumplimiento y promover una mejora continua en esta lucha frontal a nivel global.

En respuesta a estos estándares internacionales, Ecuador promulgó la Ley Orgánica de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos (2015), con el objetivo fundamental de fortalecer su sistema de prevención y control. Esta ley estableció mecanismos para la identificación, monitoreo y reporte de actividades sospechosas a través de los denominados "sujetos obligados"—entidades que manejan o administran recursos financieros. Estas instituciones deben implementar políticas de debida diligencia, conocer a sus clientes y el origen de sus fondos, y realizar un monitoreo continuo de transacciones. La responsabilidad de reportar las Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) recae primordialmente en la figura del oficial de cumplimiento.

El compromiso de Ecuador por alinearse con las recomendaciones del GAFI se evidencia en los análisis realizados por expertos. Rojas et al. (2021) examinaron el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y concluyeron que el país, para evitar una calificación negativa o inclusión en listas negras, trabajó en reformas legales que lograron paliar en gran medida estos delitos. Como medida adyacente, destacan que la UAFE publicó once tipologías de LA y otras estrategias para mejorar los controles.

La eficacia de este sistema no depende únicamente de las leyes, sino también de la solidez organizacional de las instituciones. Al respecto, Fornari (2021) enfatiza la crítica importancia del diseño organizacional en la prevención del LA/FT. Subraya la responsabilidad compartida de los directorios y los oficiales de cumplimiento, abogando por una clara definición de sus misiones y funciones. Un incumplimiento normativo, según el autor, revela un esquema organizacional débil que impacta directamente la debida diligencia y la eficacia del sistema.

El marco regulatorio ecuatoriano ha sido preciso en la formalización del rol del oficial de cumplimiento. La Resolución UAFE-DG-SP (2017) dispone que los sujetos obligados deben registrar a su oficial titular y suplente ante la UAFE, previo cumplimiento de requisitos internos. Esto se detalla en la "Norma para la calificación y registro de oficiales de cumplimiento", que establece seis requisitos básicos: goce de derechos políticos, mayoría de edad, título de tercer nivel, experiencia, capacitación y relación de dependencia con la entidad. Complementariamente, normas como la Resolución Nro. SEPS-IGT-IGS-INSESF-INR-INGINT-INSEPS-IGJ-0121 exigen para el sector popular y solidario una unidad de cumplimiento con un oficial a nivel gerencial, quien implementará y ejecutará el Sistema de Prevención de Riesgos y Lavado de Activos (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria [SEPS], 2024).

Sin embargo, contar con un marco legal y una estructura definida no garantiza por sí solo la integridad del sistema. Bayancela (2022) analiza cómo la responsabilidad penal incorporada en la Ley Anticorrupción de 2021 debería alentar una cultura de cumplimiento. No obstante, señala que el oficial de cumplimiento y su equipo deben desarrollar acciones concretas, como programas y manuales de prevención, que requieren recopilar, verificar y actualizar información constantemente para un control efectivo de los perfiles de riesgo.

Es en este punto donde la integridad y confiabilidad del propio oficial de cumplimiento se convierten en un factor de riesgo crítico. Para mitigar este riesgo, surge la propuesta de incorporar evaluaciones de confianza más rigurosas. Cabrera (2022) analiza la aplicación de la prueba poligráfica como una herramienta para prevenir delitos empresariales y conductas antisociales o corruptas, como el fraude. Su objetivo es establecer una correlación entre la conducta histórica de una persona y su perfil comportamental, determinando si se alinea con las necesidades de integridad de la entidad. Esta "prueba de confianza", técnicamente avalada, podría convertirse en un mecanismo de fiabilidad para quienes ocupan el cargo.

Esta propuesta encuentra respaldo en investigaciones como la de Caivinagua y Torres (2022), quienes, si bien reconocen que la auditoría de cumplimiento es efectiva para identificar transacciones inusuales, concluyen que los sistemas de prevención no siempre han tenido los resultados esperados. Ante esto, sugieren innovar, proponiendo que la implementación de pruebas poligráficas como proceso complementario aportaría de manera frontal a prevenir la infiltración de organizaciones delictivas en las entidades sujetas a control.

La centralidad del oficial de cumplimiento dentro de los programas de compliance y los riesgos de corrupción que podrían comprometer su labor plantean la problemática de investigación, que se formula con la siguiente pregunta científica: ¿Cuál es la situación actual de los procesos de evaluación de confianza en los requisitos de calificación del oficial de cumplimiento para mitigar los riesgos de corrupción en la detección del lavado de activos en instituciones financieras del Ecuador?

Para abordar esta problemática, Salazar (2019) sostiene que incrementar los requisitos de calificación con la evaluación de confianza (polígrafo) apoyaría la seguridad de la información. La considera un instrumento de medición vital para disminuir la filtración de personas propensas a cometer actos delictivos que dañen a las instituciones y afecten su reputación. Toda organización busca un capital humano con un perfil de integridad, honestidad y responsabilidad, para lo cual los exámenes de preempleo y las evaluaciones de rutina son herramientas clave para predecir y monitorear el comportamiento.

En consecuencia, los procesos de selección del oficial de cumplimiento podrían ser perfeccionados con la inclusión de evaluaciones poligráficas, optimizando así la credibilidad y confianza del postulante. En respuesta al problema formulado, esta investigación se propone como objetivo general determinar la situación actual de los procesos de evaluación de confianza en los requisitos de calificación del oficial de cumplimiento para mitigar los riesgos de corrupción en la detección del lavado de activos en instituciones financieras del Ecuador. El logro de este objetivo beneficiaría directamente a las entidades financieras, fortaleciendo su integridad, e indirectamente a la seguridad del Estado, al robustecer la primera línea de defensa contra las economías ilegales.

MÉTODO

Este estudio se desarrolló mediante un enfoque cualitativo para analizar los procedimientos de selección y designación del oficial de cumplimiento en entidades financieras ecuatorianas, con el propósito de evaluar la incorporación de la evaluación de confianza (prueba poligráfica) como mecanismo complementario.

El diseño integró el análisis documental de normativa actual y un estudio diagnóstico transversal que incluyó entrevistas y encuestas aplicadas a personal directivo de tres instituciones financieras. Estas técnicas permitieron recabar información contextualizada sobre los procesos actuales y su eficacia frente a riesgos de corrupción en la detección del lavado de activos.

La investigación combinó un alcance descriptivo, analítico-explicativo y propositivo. Se caracterizaron los procedimientos existentes, se analizó la relación entre la evaluación de confianza y la mitigación de riesgos, y se formuló una propuesta concreta de mejora. Como investigación aplicada, se orientó a identificar vulnerabilidades en los procesos de selección y proponer soluciones prácticas.

Los métodos teóricos de análisis-síntesis e inductivo-deductivo sustentaron el procesamiento de la información, mientras que las técnicas empíricas de análisis documental y entrevistas permitieron la recolección sistemática de datos entre profesionales con experiencia en los requisitos UAFE y la prevención del lavado de activos.

RESULTADOS:

Análisis de conceptos y normativa:

La revisión de documentación normativa y científica de los últimos cinco años evidencia que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha establecido recomendaciones clave para que los países miembros fortalezcan sus sistemas contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT). En sus estándares actualizados a 2022, el GAFI enfatiza la necesidad de que cada país desarrolle herramientas para identificar, evaluar y comprender estos riesgos, implementando medidas apropiadas según sus particularidades. Específicamente, la Recomendación 18 destaca la importancia del oficial de cumplimiento como responsable de la gestión y control de estas políticas.

El contexto ecuatoriano refleja la urgencia de estas medidas. Según el World Compliance Association (2021), la implementación del compliance y la figura del oficial de cumplimiento responden a la crítica situación del país, que ocupa el puesto 92 de 180 en el Índice de Percepción de Corrupción. Adicionalmente, el Índice Global de Crimen Organizado (GITOC, 2022) identifica nodos críticos en Ecuador, particularly en la variable de actores ilegales internacionales, donde el tráfico de cocaína desde Colombia y Perú incide directamente en las actividades de lavado de activos. Esto exige que los sistemas de prevención evolucionen según las características fenomenológicas del crimen organizado local.

Evaluación de confianza del oficial de cumplimiento

Toso (2021) define al oficial de cumplimiento como el responsable de ejecutar y vigilar permanentemente la efectividad del programa de cumplimiento de la organización. Para ello, debe poseer cualidades específicas detalladas a continuación:

· Capacitación técnica sobre riesgos: Contar con la capacidad que le permita determinar los riesgos de manera temprana, así como las formas de prevención.

· Conocimientos financieros y comerciales: Requiere tener competencias sobre la naturaleza del negocio de cuyo cumplimiento se encuentra encargado.

· Habilidades interpersonales: Destrezas para convencer a la alta gerencia sobre la importancia de la política de cumplimiento.

Cabrero (2018) enfatiza que estas cualidades deben complementarse con atributos humanos como integridad, carisma e independencia, cruciales para asesorar y capacizar en ética. Ríos et al. (2022) añaden que, conforme a la ley ecuatoriana, sus funciones se centran en controlar transacciones que excedan parámetros legales, elaborar reportes obligatorios y revisar listados de personas políticamente expuestas.

Montiel (2018) vincula la eficacia del cumplimiento con modelos de autorresponsabilidad, donde la integridad del oficial es síntoma de una estructura organizacional robusta. En este marco, las evaluaciones de confianza surgen como herramientas idóneas para verificar dichas cualidades. Estas evaluaciones, aplicables en distintas etapas laborales, permiten acreditar la idoneidad ética del candidato.

Con base en la Metodología de Examen de Confianza del Consejo de la Judicatura (2024), se propone un modelo estructurado para el oficial de cumplimiento, compuesto por: 1) Prueba psicométrica, para medir competencias según el perfil del cargo; 2) Prueba de honestidad, que evidencie principios y valores; y 3) Entrevista, que complemente y profundice en los aspectos evaluados.

Navejas y Orozco (2016) justifican el uso de estas herramientas, incluido el polígrafo, para validar factores sociales, psicológicos e históricos de los postulantes, siempre que su aplicación respete el marco legal y no vulnere derechos fundamentales.

El polígrafo y su función en el examen de confianza

El polígrafo, o detector de mentiras, se configura como un instrumento de precisión que, aplicado por peritos calificados, podría evaluar aspectos específicos de la idoneidad del oficial de cumplimiento. Vergara et al. (2019) sostienen que estos profesionales requieren no solo conocimiento actualizado de la normativa, sino habilidades éticas robustas para evitar su implicación en actividades corruptas.

Cabe destacar que las funciones del oficial de cumplimiento no recaen exclusivamente en una persona, sino que deben delegarse y compartirse dentro de un comité. Por lo tanto, la evaluación de confianza debería extenderse a todos los integrantes de dicho comité.

La incorporación de la prueba poligráfica dentro de los requisitos para la calificación como oficial de cumplimiento e incluso para formar parte del Comité de Cumplimiento de las instituciones financieras tienen como propósito mitigar la corrupción, lo cual adicionalmente se encuentra relacionado con la puesta en marcha de otras acciones puntuales de prevención, que podrían ser valoradas dentro del proceso de calificación por parte de la UAFE.

En este sentido, conforme el Informe de Gestión correspondiente a 2023 la UAFE impartió dentro de sus políticas de capacitación continua, el curso virtual de Formación previa a la calificación como oficial de cumplimiento titular y/o suplente de los Sujetos Obligados, que tuvo como objetivo facilitar el aprendizaje en materia de prevención y detección del lavado de activos y financiamiento de delitos, como el terrorismo, así como incrementar y transmitir nuevos conocimientos que ayudarán al desarrollo de las funciones de los aspirantes a oficial de cumplimiento.

La importancia que tiene la prevención de los delitos de lavado de capitales y financiamiento al terrorismo que se encuentra en cabeza del oficial de cumplimiento dentro de las instituciones financieras, requieren tanto la selección de las personas conforme a su capacitación e idoneidad ética para tal función, así como de la formación continua, todo dentro del marco de la legislación vigente en Ecuador.

Análisis de las entrevistas realizadas:

Las entrevistas realizadas al personal encargado de las unidades de recursos humanos de instituciones financieras que poseen los años y experiencia suficientes en el tema de prevención de lavado de activos y requisitos de la UAFE para el oficial de cumplimento, permitió conocer que dentro del proceso de selección se ceñían estrictamente a acoger lo establecido en la legislación nacional, y las políticas internacionales que también se han incorporado al quehacer diario de la actividad de cumplimiento dentro de las instituciones financieras.

Al tratarse de instituciones de reconocida trayectoria en el sector financiero nacional pero que cuentan con asociados internacionales, deben cumplir no solo lo establecido internamente, sino también los requisitos para el nombramiento del oficial de cumplimiento que se siguen en otros países donde tienen sus sedes los bancos corresponsales.

Dentro del proceso de selección de personal se aplican distintas pruebas tanto de conocimiento particular para el cargo, como de honestidad, que permite parametrizar valores y percepciones sobre la posibilidad de comisión de delitos o de verse involucrada la persona en situaciones que atenten contra las actividades de la institución, y su reputación. En el esquema de las pruebas que son aplicadas para el ingreso y permanencia se encuentran no solo las que pueden ser de honestidad, sino también las de posible conflicto de intereses, aunque no aplican herramientas como el polígrafo.

DISCUSIÓN

Zabala (2019) identifica la importancia de las recomendaciones del GAFI que se incorporan a los ordenamientos jurídicos de los países, definiendo los componentes que son los ideales para llevar a un buen término la lucha contra el flagelo del lavado de capitales y el financiamiento al terrorismo y que, además, han de permitir la integración de forma eficiente entre el sector público y privado.

Según Zabala (2019), el área de cumplimiento, liderada por el oficial de cumplimiento, debe estar integrada por un equipo interdisciplinario de expertos, incluidos estadistas, estadísticos, ingenieros de sistemas o electrónicos, expertos financieros, contadores, economistas, abogados expertos en delitos empresariales que les permitan identificar operaciones sospechosas e inusuales.

Martínez et al. (2020) postulan que el oficial de cumplimiento debe contar con las herramientas necesarias para identificar y evaluar los riesgos referentes a la prevención de lavado de capitales y financiamiento al terrorismo, destacando que el riesgo inherente a estas actividades, precisa la búsqueda y análisis de información que en muchos casos no es estructurada y proviene de distintas fuentes de información, y por tanto, se precisa de novedosas herramientas para su estudio, así como la idoneidad del oficial de cumplimiento.

Vergara et al. (2019) revelan que gran parte de empresas ecuatorianas, no solo las que se encuentran dedicadas al sector financiero, sino también otras que hacen vida en el escenario comercial del país y que de alguna forma u otra pueden llegar a involucrarse en esquemas de la economía ilegal, aún no han logrado obtener una cultura organizacional dentro de la cual hayan redactado un manual de prevención del delito de lavado de activos y financiamiento al terrorismo para el tipo específico de empresa.

Esto se debe al arraigado el pensamiento de que este tipo de prácticas no les podrían llegar a acontecer, sin percatarse de que el lavado de dinero y demás delitos, especialmente relacionado con grupos del crimen organizado opera de forma dinámica y puede llegar a involucrar prácticamente todo tipo de empresa como parte del medio para lograr el fin de incorporarse al sistema económico.

Por esto el oficial de cumplimiento debe estar capacitado para afrontar todo tipo de compromisos en el ejercicio de sus funciones, precisando las habilidades y competencias no solo técnicas, sino también desde la perspectiva de la ética, que son susceptibles de valoración por medio de las pruebas o evaluaciones de confianza, incluido el empleo del polígrafo, para detectar inclinaciones en distintas dimensiones de los delitos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

La justificación de actualizar los procesos de evaluación de confianza en los requisitos de calificación del oficial de cumplimiento para mitigar los riesgos de corrupción en la detección del lavado de activos en instituciones financieras del Ecuador se revela según Bacigalupo (2021) al precisar la función de control y supervisión que tiene el oficial de cumplimiento, e incluso las funciones de intervención en el control jurídico y de auditoría, con el propósito de evitar la vulneración de protocolos internos de las instituciones financieras, e incluso inmiscuirse en la formación de los empleados en el correcto conocimiento del programa y las políticas internas. Esta particular labor cobra importancia cuando se tiene claro que la función del oficial de cumplimiento requiere de la interrelación con las demás unidades o departamentos dentro de la institución financiera, de lo contraria sería prácticamente imposible la implementación de una cultura de cumplimiento y de mitigación de la corrupción.

CONCLUSIONES

Los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo representan una amenaza global que trasciende fronteras y afecta la estabilidad del sistema financiero internacional. Si bien organismos como el GAFI han establecido políticas estandarizadas para combatirlos, su efectividad depende de la adecuación a las particularidades de cada país.

En Ecuador, donde el crimen organizado impacta múltiples sectores económicos, esta investigación evidencia la necesidad de incorporar la evaluación de confianza como requisito en la calificación del oficial de cumplimiento. Dada la naturaleza crítica de sus funciones de supervisión y control preventivo, este mecanismo resulta fundamental para mitigar los riesgos de corrupción en la detección del lavado de activos.

La implementación de la prueba poligráfica, aplicada por profesionales especializados, se configura como un instrumento clave para verificar los estándares de ética e integridad de los candidatos. Finalmente, se concluye que el oficial de cumplimiento y su comité deben poseer no solo competencia técnica, sino un perfil de integridad robusto, convirtiendo la evaluación de confianza en una garantía esencial contra la infiltración de esquemas corruptos en las instituciones financieras.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A todos los actores sociales involucrados en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Bacigalupo, M. (2021). La función de control y supervisión del oficial de cumplimiento. Centro de Estudios de Derecho Penal Económico. https://n9.cl/zwfu1

Bayancela, F. (2022). Programas de cumplimiento y responsabilidad penal en la Ley Anticorrupción. Editorial Jurídica del Ecuador.

Cabrero, A. (2018). Habilidades humanas del oficial de cumplimiento: integridad, carisma e independencia. Revista de Compliance y Ética Empresarial, 5(2), 45-60.

Cabrera, M. (2022). La prueba poligráfica como herramienta de prevención de delitos empresariales. Revista de Criminología Aplicada, 18(1), 112-130. https://doi.org/10.15566/rcrim.v18i1.245

Caivinagua, L., y Torres, P. (2022). Eficacia de los sistemas de prevención y la auditoría de cumplimiento. Journal of Financial Security, 25(3), 78-95.

Consejo de la Judicatura. (2024). Metodología de Examen de Confianza para el Concurso Público de Oposición y Méritos. https://n9.cl/yw3fv

Fornari, F. (2021). El diseño organizacional en la prevención del lavado de activos. Instituto de Compliance Financiero. https://n9.cl/b2ymx

GAFI. (2020). Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Grupo de Acción Financiera Internacional. https://n9.cl/z467r

GITOC. (2022). Índice Global de Crimen Organizado 2022. Global Initiative Against Transnational Organized Crime. https://n9.cl/31fn7

Martínez, R., López, G., y Díaz, F. (2020). Herramientas para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT. Revista Internacional de Compliance, 12(4), 33-50.

Montiel, J. (2018). Cumplimiento normativo y modelos de autorresponsabilidad. Editorial Thomson Reuters.

Navejas, F., y Orozco, L. (2016). Justificación ética y legal de los instrumentos de evaluación de confianza. Revista de Psicología Jurídica y Forense, 8(1), 22-40.

Ríos, J., Mendoza, A., y Pazmiño, C. (2022). Funciones del oficial de cumplimiento en la ley ecuatoriana. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 9(3), 1-15.

Rojas, V., Pérez, M., y Guerrero, L. (2021). Análisis del COIP y su alineación con las recomendaciones del GAFI. Revista de Derecho Penal y Criminología, 15(2), 45-67.

Salazar, P. (2019). La evaluación de confianza como herramienta de seguridad de la información. Ciencia y Tecnología, 14(1), 89-104.

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2024). Resolución Nro. SEPS-IGT-IGS-INSESF-INR-INGINT-INSEPS-IGJ-0121. https://n9.cl/le91m

Toso, A. (2021). El rol del oficial de cumplimiento: gestión y vigilancia de programas. Asociación Mundial de Compliance. https://n9.cl/o8gev

Unidad de Análisis Financiero y Económico. (2017). Resolución UAFE-DG-SP-2017-0012. https://n9.cl/sj7r9

Unidad de Análisis Financiero y Económico. (2023). Informe de Gestión 2023. https://n9.cl/arnr0

Valencia, C., Morales, R., y Serrano, D. (2020). Estrategias de formación para la prevención del lavado de activos. Revista de Educación Financiera, 7(2), 101-118.

Vergara, S., Castillo, M., y Reyes, A. (2019). Conocimiento normativo y habilidades éticas del oficial de cumplimiento. Journal of Business Compliance, 5(1), 77-95.

World Compliance Association. (2021). El rol del oficial de cumplimiento frente a las reformas del COIP y la corrupción en Ecuador. https://n9.cl/sg0f9w

Zabala, I. (2019). Recomendaciones del GAFI y su integración en los sistemas nacionales. Centro de Estudios Financieros. https://n9.cl/4a384

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