INTRODUCCIÓN

La percepción del Estado y el contrato social han sufrido un deterioro alarmante, exacerbado por las crisis generadas por la pandemia Covid-19 y las conflictos sociales, acrecentando el clamor social por una gestión pública responsable y un consenso generalizado sobre la necesidad de combatir la corrupción como preocupación central de los ciudadanos, afectando significativamente su satisfacción con el sistema político, y un reflejo del fracaso de la gobernabilidad y el desarrollo (Acuña-Alfaro y Mord, 2022).

En ese sentido, la corrupción causa un gran costo social, económico e institucional, e impacta negativamente en las personas al no recibir servicios públicos de calidad y de limitada cobertura (educación, salud e infraestructura), ocasionando insatisfacción, conflictos sociales, incremento de las desigualdades socioeconómicas (Altamirano y López, 2023).

Por ello, se hace necesario implementar un modelo de apertura que mejore la transparencia, la participación de los ciudadanos y la rendición de cuentas en la gestión pública como elementos esenciales para el fortalecimiento de la democracia y la eficiencia de las políticas públicas (Castillo y Recalde, 2024; Campaña-Contreras et al., 2026).

Según Transparencia International (2024), en la lucha contra la corrupción en el contexto global se ha avanzado muy poco, conforme el indicador de percepción de la corrupción (IPC), más de dos tercios de los 180 países evaluados, obtienen una puntuación inferior a 50 en la escala de corrupción. En el 2023, la percepción pública de la corrupción en América Latina y el Caribe fue que el 75.5% de encuestados de la región percibe una corrupción extendida en el gobierno de su país, en comparación al 53.6% en promedio entre los países de la OCDE, según la encuesta Gallup (OCDE y BID, 2024). La formación ética se erige como un instrumento clave para este propósito, siendo necesario ofrecer a los empleados públicos las herramientas necesarias para enfrentar dilemas éticos de manera efectiva (Pliscoff-Varas y Lagos-Machuca, 2021).

En el contexto mundial, se viene manifestando un creciente interés de parte de los gobiernos por mejorar la ética en la gestión de los recursos públicos; siendo así, los países de la OCDE han fortalecido sus marcos anticorrupción y de integridad, que cada vez son más amplios y sofisticados; sin embargo, aún es insuficiente, con una tasa media de implementación del 67% que refleja que un tercio de las medidas previstas no se han llevado a cabo (OECD, 2024); esto refleja, que no se cuenta con un sistema completo e integral de mecanismo e instrumentos que potencien la ética en las decisiones de los gestores públicos.

El éxito de la administración pública depende, en última instancia, de diversos factores, entre los que se incluyen el liderazgo, la gestión del talento humano, la planificación de operaciones, el diagnóstico, las políticas públicas, la calidad de los procesos, la ética, la transparencia, la auditoría de gestión y la participación ciudadana. Todos estos aspectos tienen un impacto positivo en lo efectivo y eficiente que es la gestión estatal y contribuyen a robustecer la gobernabilidad (Zavaleta, 2024).

Se plantea como objetivo general analizar la integridad pública como elemento fundamental en el modelo del gobierno abierto desde un enfoque teórico.

MÉTODO

Los investigadores plantean el desarrollo del método, mediante la indagación, recolección y análisis crítico documental y referencial bibliográfico, basándose en la exploración metódica, rigurosa y profunda de diversas fuentes documentales conformadas por artículos arbitrados y convenios, describiendo los hallazgos encontrados. En la investigación, se ha empleado como técnica la revisión documental, la cual permite obtener información valiosa para encuadrar los acontecimientos, problemas y reacciones más usuales de personas y culturas que son objeto de análisis (Sánchez et al, 2021). Se recurre, además, al método inductivo-deductivo, el cual propone que para hallar una verdad se deben escudriñar los hechos y no basarse en meras especulaciones, igualmente a partir de afirmaciones generales para llegar a las específicas (Dávila, 2006).

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados, luego del método planteado por los investigadores.

El Gobierno abierto y los principios para mejorarla gobernanza pública

El concepto de gobierno abierto tiene varias facetas respecto a su significado y carece de una definición consensuada, lo que complica su implementación y evaluación (González-García y García, 2022). El gobierno abierto implica la transparencia gubernamental, la accesibilidad de servicios y la capacidad de responder a nuevas demandas sociales (Aguilar, 2021). Además, en tiempos complejos, se necesitan acciones innovadoras e inclusivas que permitan al gobierno coordinar esfuerzos para el desarrollo comunitario, promoviendo políticas basadas en el consenso (Sánchez-Ramos, 2023).

Consecuentemente, el Gobierno abierto, según la recomendación del Consejo de la OCDE (2024), se encuentra enfocado en fortalecer la interacción Estado -. ciudadano, siendo así una cultura de gobernanza basada en la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e integridad pública, apoyando a la democracia y a un crecimiento inclusivo (Gonzálvez-Gallego et al., 2021).

Marco conceptual de la Integridad y el interés colectivo como fundamento del correcto funcionamiento de la función pública

La ética ha sido una inquietud continua desde la Grecia antigua y a través de la historia. Desde Aristóteles, el término "ética", que proviene de "ethika", que a su vez proviene de "ethós", palabra griega que significa costumbre o comportamiento, se refiere al conjunto de principios o pautas del comportamiento humano y de las acciones (Álvarez-Corder, 2015). En este orden, la ética, como conjunto de valores que rigen el proceder individual, es fundamental para la conducta diaria. Le permite al individuo diferenciar entre lo bueno y lo malo, posibilitándole actuar con principios que fortalecen su personalidad (Pirona, 2022). El respeto mutuo y la confianza. En el gobierno abierto, el ciudadano deja de ser un "sujeto pasivo" y se convierte en un "coproductor". La participación de los ciudadanos solo es una simulación si el Estado no tiene una ética de respeto (Isea Arguelles et al., 2024).

En las instituciones del Estado, la integridad se refiere a actuar conforme a los valores, principios y normas que son promovidos y salvaguardados en el desempeño ético de la función pública, con el objetivo de asegurar que los recursos asignados se utilicen de manera efectiva para cumplir con los fines establecidos (Secretaría de Integridad Pública, 2021).

El interés creciente por mejorar la ética pública en las organizaciones públicas, si bien se ha avanzado desarrollo integral de instrumentos que potencian la ética en las decisiones de los gestores públicos, y a pesar de existir marco legal y regulaciones que garantizan la integridad y la transparencia en la gestión pública, aún persiste la falta de cultura de cumplimiento y la corrupción (Abadie-Aguilera, 2023).

Asimismo, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente del ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, las instituciones gubernamentales juegan un rol importante, en la creación y fortalecimiento de un aparato gubernamental integro, donde la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información son los pilares de un nuevo modelo de administración pública, siendo que la integridad se convierte en la virtud central y el fundamento para la consecución del desarrollo sostenible (Balderas -Sánchez, 2024).

La transparencia y participación ciudadana como agentes para promover la integridad pública el gobierno abierto

En el informe “Open Government for Stronger Democracies” (2023) subraya la importancia de una transición audaz de encaminarse hacia una cultura de gobierno abierto como medio para fortalecer el modelo de gobernanza democrática. A medida que estos principios se integren en las agendas políticas de los países, se vinculen a objetivos más amplios que promueven la participación pública, la innovación en el sector público y la eficiencia gubernamental para prestar servicios de calidad y aumenta la legitimidad de las decisiones (OECD, 2023).

En ese contexto, la efectividad de la transparencia depende de las normas vigentes y del conocimiento que tengan las organizaciones públicas sobre el tema. Institucionalizar la transparencia mejora el valor de los asuntos públicos, garantizando que la ciudadanía acceda a información oportuna, accesible y confiable sobre el gasto público. Así, una gestión pública basada en transparencia genera un beneficio social al fortalecer el conocimiento colectivo para la toma de decisiones (Merino y Arriaga, 2024).

Además, se relacionan con lo siguiente: los gobiernos deben implementar reformas para detener problemas socioeconómicos; la democracia participativa; los procesos y procedimientos del gobierno; la reestructuración de sistemas; la confianza; el desarrollo; el gobierno electrónico; la capacidad de control; la responsabilidad; la capacidad de respuesta; el "derecho a saber"; la transparencia organizacional; la credibilidad y la integridad, así como el respeto hacia otros (Paes et al., 2023).

La participación ciudadana y su impacto en la rendición de cuentas

A pesar de que los países cuentan con un extenso marco normativo para la participación ciudadana, elementos económicos y políticos se han erigido como obstáculos para su implementación política, lo que ha supuesto una debilidad del modelo, el cual se basa en la presencia de una participación ciudadana densa y sostenible (Córdova, 2024).

Lo que debe llevar a mejorar los resultados de las políticas, leyes y servicios públicos que consideran y utilizan la experiencia y el conocimiento de los ciudadanos, bajo un ambiente de confianza, comprensión y el respaldo de la ciudadanía (OCDE, 2023).

La relación entre el Estado y la sociedad, requiere de la actuación inclusiva de los ciudadanos en las decisiones del Estado, por lo que las respuestas para atender los problemas públicos deberán ser producto de propuestas conjuntas y consensuadas; sin embargo, la integración de los individuos en las decisiones públicas no es una tarea fácil, por cuanto las sociedades presentan una composición diferente, heterogénea y dispersa geográficamente; sin embargo, se necesitan generar elementos de soporte que garanticen el acceso permanente a espacios de debate y análisis de los problemas sociales en el territorio, y para su solución, se presenten planteamientos, propuestas y sugerencias, además, de los mecanismos de constante diálogo con las demás instituciones estatales (Hernández y Herrera, 2024).

El Estado debe esforzarse por ser moderno y eficiente en vista de los diversos problemas territoriales, lo que permitirá a los ciudadanos participar desde la planificación, la ejecución y el resultado final de procesos administrativos que tienen un impacto directo en la sociedad. Por lo tanto, la participación ciudadana acerca a los habitantes a las entidades públicas, garantizando transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión pública. Esto ayudará a mejorar cómo los ciudadanos interactúan con el Estado, ya sea individualmente o como colectivo, y servirá como una herramienta para supervisar tanto el uso de recursos estatales como las acciones de sus administradores públicos (Demarchi-Sánchez, 2023).

Por lo tanto, para mejorar la gobernabilidad, es necesario reforzar la participación de los ciudadanos. Esto incluye prevenir las exclusiones y desigualdades en las decisiones gubernamentales y políticas públicas; consolidar la identidad social; equilibrar los intereses y poderes del gobierno con los de la sociedad; y garantizar que las políticas públicas satisfagan las necesidades e intereses de los individuos. De este modo, se convierten en una herramienta para tomar decisiones, fiscalizar y controlar (Zentner et al., 2024).

DISCUSIÓN

Hay consenso en la literatura acerca de que el Gobierno Abierto no es únicamente un grupo de herramientas tecnológicas, sino una cultura de gobernanza. La OCDE (2023) considera la integridad pública como uno de los fundamentos para robustecer la democracia, mientras que escritores como Pirona (2022) y Balderas-Sánchez (2024) enfatizan que esta ética es la "virtud fundamental". Los procedimientos de transparencia corren el riesgo de volverse "simulaciones" o estructuras vacías si los funcionarios no tienen un comportamiento ético implantado. En este contexto, la integridad funciona como un sistema operativo que posibilita que el hardware (que está compuesto por leyes y portales de datos) funcione adecuadamente para lograr el ODS 16 sobre instituciones sólidas.

Un aspecto clave en la discusión es la transformación del papel de la sociedad. La participación ciudadana, de acuerdo con Hernández y Herrera (2024) y Isea Arguelles et al. (2024), pasa de ser un derecho inmutable a transformarse en un proceso que co-crea valor público. No obstante, hay una advertencia significativa: la relación entre el Estado y los ciudadanos es delicada. La participación se vuelve artificial si el gobierno no actúa con empatía y respeto (ética relacional). La inclusión auténtica tiene lugar cuando los ciudadanos participan en todo el ciclo: planificación, ejecución y supervisión. Esto no solo democratiza el poder, sino que también aumenta la eficiencia de los gastos públicos (Demarchi-Sánchez, 2023).

Aunque hay un marco jurídico sólido y un acuerdo a nivel internacional acerca de las ventajas del Gobierno Abierto, todavía existe una brecha importante. Según Abadie-Aguilera (2023) y Córdova (2024), la corrupción y los intereses políticos o económicos continúan impidiendo que se lleve a cabo la implementación de manera efectiva. Esto indica que el problema no está en la carencia de leyes, sino en la falta de una cultura que se comprometa. Para que la transparencia sea efectiva, debe estar institucionalizada para que el "derecho a saber" quede asegurado de manera confiable y oportuna, y no esté sujeto a la voluntad política del momento (Merino y Arriaga, 2024). El gobierno abierto no sólo requiere el uso de herramientas tecnológicas ni de la implementación de sistemas de transparencia y rendición de cuentas, sino que, además, necesita de compromiso ético compartido entre gobierno, ciudadanos, organizaciones públicas para consolidar la integridad como principio orientador del accionar gubernamental.

Los estados deben asumir la integridad como política pública, con marcos normativos definidos y la implementación efectiva del sistema de integridad; correspondiéndole a las organizaciones gubernamentales su promoción como parte de una cultura organizacional, fomentando valores éticos, responsabilidad profesional y coherencia con la función pública; y, la ciudadanía y sociedad civil, deben ejercer el rol activo para participar en la construcción de un gobierno abierto, informándose y ejerciendo el control social y uso responsable de la información pública.

CONCLUSIONES

La integridad pública se constituye en un elemento esencial en el gobierno abierto, otorgándole un fundamento ético y una institucionalidad para constituirse en un modelo efectivo y sostenible; que conjuntamente con los mecanismos de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas orientan el ejercicio de la función pública y fortalecen la confianza, legitimidad del estado, así como previene la corrupción y optimiza los recursos públicos.

Desde la concepción teórica, el gobierno abierto y la integridad tienen una relación de interdependencia, esto es, que el modelo de gobierno sin la integridad no es suficiente, en tanto que la integridad se fortalece en contextos abiertos, donde las actuaciones de funcionarios publica son sometidos a la evaluación y el control ciudadano.

FINANCIAMIENTO

No monetario

AGRADECIMIENTO

A la Universidad César Vallejo, Trujillo, por el apoyo en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Abadie Aguilera, J. (2023). Compliance y la formación ciudadana en Ecuador. Conrado, 19(92), 491-498. https://n9.cl/c2bcx

Acuña–Alfaro, J., y Mord, M. (5 de mayo de 2022). La fórmula contra la corrupción. Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo. América Latina y el Caribe. https://n9.cl/skjhl8

Aguilar, A. (2021). Transformação digital na administração pública: do governo eletrônico ao governo digital. Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, 8(1), 115-136. https://doi.org/10.14409/redoeda.v8i1.10330

Altamirano, J., y López, M. (2023). Balance del modelo de combate a la corrupción en México. Biolex, 15(26), 1-30. https://doi.org/10.36796/biolex.v15i26.284

Álvarez Cordero, R. (2015). Hablemos de ética. Revista de la Facultad de Medicina (México), 58(4), 3-4. https://n9.cl/b975w

Balderas-Sánchez, F. (2024). Integridad, instituciones sólidas y transparencia en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. Ciencias administrativas teoría y praxis, 20(1), 118-131. https://doi.org/10.46443/catyp.v20i1.368

Bermúdez, A. (2023). Políticas Públicas y Rendición de Cuentas en el Ministerio Público: la Experiencia de Costa Rica. Revista Reflexiones, 102(1), 171-197. https://dx.doi.org/10.15517/rr.v102i2.49969

Campaña-Contreras, F. X., Castillo-Hurtado, J. J., Comas-Rodríguez, R., & Batista-Hernández, N. (2026). Rendición de cuentas para el fortalecimiento de la gestión pública en gobiernos municipales del Ecuador. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 11(21), 4–28. https://doi.org/10.35381/r.k.v11i21.4890

Castillo, W., y Recalde, A. (2024). Gobierno abierto: Un desafío en la gestión pública para fortalecer la democracia. Gestio et Productio. Revista Electrónica de Ciencias Gerenciales, 6(11), 117-127. https://doi.org/10.35381/gep.v6i11.179

Córdova, J. (2024). Participación ciudadana y el orden político resultante de las reformas administrativas y constitucionales. Novum Jus, 18(2), 64-98. https://doi.org/10.14718/novumjus.2024.18.2.3

Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. Laurus, 12(Ext), 180-205. https://n9.cl/nx847

Demarchi-Sánchez, G. (2023). Participación ciudadana en Colombia. Revisiòn documental. Entramado, 19(2), 1-20. https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.2.9045

González-García, L., y García, J. (2022). Significado del concepto Gobierno Abierto en las administraciones españolas. Revista Española De La Transparencia, (15), 157-180. https://doi.org/10.51915/ret.224

Gonzálvez-Gallego, N., Nieto-Torrejón, L., y Pérez-Cárceles, M. (2021). Una medida global de gobierno abierto para la OCDE. Recomendaciones para España. El trimestre económico, 88(349), 219-245. https://doi.org/10.20430/ete.v88i349.907

Hernández, O., y Herrera, H. (2024). Participación ciudadana: un nuevo paradigma en la gestión pública. Revista Internacional de Administración Estudios de la Gestión, (15), 79-99. https://doi.org/10.32719/25506641.2024.15.4

Isea Arguelles, J. J., Aldana Zavala, J. J., Romero Fernández, A. J., y Comas Rodríguez, R. (2024). Elementos claves para el desarrollo de la ética en la docencia en la Educación Superior. Revista Conrado, 20(S1), 164-173. https://n9.cl/bzvt6

Merino, J., y Arriaga, R. (2024). Relaciones interinstitucionales para el ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas en México. Estudios en derecho a la información, (17), 109-136. https://doi.org/10.22201/iij.25940082e.2024.17.18784

OCDE y BID. (2024). Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe. https://doi.org/10.18235/0012850

OECD. (2023). Open Government for Stronger Democracies: A Global Assessment, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/5478db5b-en

OECD. (2024). Promoviendo la Integridad Pública en la Sociedad Ecuatoriana: Hacia un Sistema Nacional de Integridad, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/2c074ccf-es

Pirona, J. A. (2022). La contribución del gerente universitario en la promoción de la ética. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 7(13), 53-59. https://doi.org/10.35381/r.k.v7i13.1641

Pliscoff-Varas, C., y Lagos-Machuca, N. (2021). Efeito das capacitações na reflexão sobre ética e corrupção. Revista de Administração Publica, 55(4), 950-968. https://doi.org/10.1590/0034-761220200658

Sánchez Bracho, M., Fernández, M., y Díaz, J. (2021). Técnicas e instrumentos de recolección de información: análisis y procesamiento realizado por el investigador cualitativo. Revista Científica UISRAEL, 8(1), 107-121. https://doi.org/10.35290/rcui.v8n1.2021.400

Sánchez-Ramos, M. (2023). Gobierno abierto: acciones hacia la gobernanza local en México. RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 14(27), e574. https://doi.org/10.23913/ride.v14i27.1716

Secretaría de Integridad Pública. (2021). Integridad púbica: Guía y conceptos. Presidencia del Consejo de Ministros. https://n9.cl/gw9ad

Transparency International. (2024). Índice de Percepción de la Corrupción 2023: El debilitamiento de los sistemas de justicia deja a la corrupción sin controles. Los gobiernos alrededor del mundo fracasan en gran medida en detener la corrupción. https://n9.cl/vxvfb

Zavaleta, E. (2024). La Gestión pública en el fortalecimiento de la gobernabilidad en Perú. Comuni@cción, 15(3), 248-260. https://doi.org/10.33595/2226-1478.15.3.1155

Zentner, O., Álvarez, E., Irigoyen, J., y Torres, L. (2024). Análisis de la participación ciudadana y gobernabilidad en un sistema democrático: Un enfoque documental. Aula Virtual,5(12), e334. https://doi.org/10.5281/zenodo.13150976

©2026 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

RESUMEN

ABSTRACT