DOI 10.35381/noesisin.v8i1.871

 

La seguridad pública y los derechos fundamentales en el Perú

 

Public Safety and Fundamental Rights in Peru

 

 

Yovani Raúl Flores-Luis

yfloreslr@unasam.edu.pe

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, Áncash

Perú

https://orcid.org/0009-0004-7757-2143

 

Laura Rosa Nivin-Vargas

lnivin@unasam.edu.pe

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, Áncash

Perú

https://orcid.org/0000-0001-5169-3597

 

María del Carmen Segura-Córdova

msegurac@unasam.edu.pe

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, Áncash

Perú

https://orcid.org/0000-0002-8788-400X

 

Lola Aurora Solórzano-Vidal

lsolorzanov@unasam.edu.pe

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, Áncash

Perú

https://orcid.org/0000-0002-8795-3343

 

 

Recibido: 15 de junio 2026

Revisado: 10 de agosto 2026

Aprobado: 15 de septiembre 2026

Publicado: 01 de octubre 2026

 

 


RESUMEN

La seguridad pública es una función esencial del Estado cuya legitimidad depende de la protección efectiva de los derechos fundamentales. El objetivo fue analizar cómo los derechos fundamentales configuran la base jurídica de la seguridad pública en el Perú. La investigación fue cualitativa, con diseño jurídico-dogmático y documental, y examinó normas constitucionales y legales, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, estándares interamericanos y literatura científica. Los resultados identificaron tres funciones de los derechos fundamentales: teleológica, porque la seguridad se orienta a proteger a la persona; legitimadora, porque el deber de garantía fundamenta la prevención y la intervención frente al delito; y limitadora, porque la coerción se sujeta a legalidad, necesidad y proporcionalidad. La evidencia revisada indica que el trato justo favorece la legitimidad policial y la cooperación ciudadana, sin sustituir la capacidad institucional. Se concluye que seguridad pública y derechos fundamentales son dimensiones interdependientes de una actuación estatal legítima.

 

Descriptores: Derechos humanos; derecho constitucional; policía; violencia. (Tesauro UNESCO).

 

 

ABSTRACT

Public security is an essential function of the State whose legitimacy depends on the effective protection of fundamental rights. The objective was to analyze how fundamental rights shape the legal basis of public security in Peru. The research was qualitative, with a legal-dogmatic and documentary design, and examined constitutional and statutory provisions, Constitutional Court case law, inter-American standards, and scientific literature. The results identified three functions of fundamental rights: teleological, because security is aimed at protecting the person; legitimizing, because the duty to guarantee rights grounds prevention and intervention against crime; and limiting, because coercion is subject to legality, necessity, and proportionality. The evidence reviewed indicates that fair treatment fosters police legitimacy and citizen cooperation, without replacing institutional capacity. It is concluded that public security and fundamental rights are interdependent dimensions of legitimate State action.

 

Descriptors: Human rights; constitutional law; police; violence. (UNESCO Thesaurus).

 

 


INTRODUCCIÓN

El giro de la protección en América Latina continúa desplazándose desde la protección del Estado hacia la protección del individuo. Marchand (2024) afirma que el paradigma de seguridad ciudadana se expandió durante la década de 1990 debido al cambio de la seguridad nacional a la seguridad humana, centrada en el individuo, mientras que Emerson (2024) señala un cambio en la gobernanza de la seguridad donde el ciudadano se convirtió en el principal objetivo de protección. Ambos autores muestran que los modelos represivos no eliminaron prácticas de exclusión, marginación y desconfianza, ni los déficits persistentes de confianza institucional. Por ello, cuando el enfoque de la seguridad pasa del Estado al individuo, no basta con cambiar la denominación del enfoque: también deben definirse los principios jurídicos que determinen cómo debe ejercerse el poder estatal.

La seguridad pública es la atención a la seguridad de las personas y la preservación de las condiciones de habitabilidad frente al crimen y la violencia, conforme a los parámetros del orden democrático en este estudio. Comprende acciones preventivas, protectoras, de mantenimiento y de restauración del orden, así como la investigación del crimen. También se incluye el ejercicio del poder coercitivo, así como las condiciones cotidianas para permitir el ejercicio de los derechos sin violencia ni miedo. En el caso de la seguridad pública, este estudio enfatiza especialmente dicha condición. Esta definición sigue la descomposición regional propuesta por Marchand (2024) y Emerson (2024). Muestra la sustitución del Estado por el individuo como principal punto de referencia en la política de seguridad ciudadana. Por lo tanto, los conceptos de seguridad ciudadana y seguridad pública no son iguales, aunque convergen en un núcleo esencial, que consiste en proteger a la persona ante riesgos que ponen en peligro sus derechos.

La inseguridad constituye actualmente un problema estructural que afecta las condiciones materiales de ejercicio de los derechos fundamentales en el Perú. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2026), durante el semestre móvil julio-diciembre de 2025 el 23,9 % de la población urbana de 15 años o más fue víctima de algún hecho delictivo; la proporción alcanzó 25,3 % en las principales ciudades y 25,7 % en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. En el mismo periodo, el 83,7 % de la población urbana manifestó percibir que podía ser víctima de algún hecho delictivo durante los siguientes doce meses, porcentaje que llegó al 85,0 % tanto en las principales ciudades como en Lima Metropolitana y Callao. Estas cifras muestran que la inseguridad tiene una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. La dimensión objetiva se expresa en la victimización y la subjetiva, en el miedo persistente al delito. La demanda social de intervención estatal crece ante este escenario legítimamente preocupante; sin embargo, también plantea la cuestión de cuáles son los límites que la Constitución impone a esa intervención.

La gravedad de la criminalidad no convierte la intensificación irrestricta de la coerción estatal en una respuesta jurídicamente legítima ni necesariamente eficaz. Magaloni (2024) afirma que la brutalidad policial es generalizada y severa en toda América Latina. La autora argumenta que elecciones altamente disputadas, un sistema de controles y equilibrios y una judicatura independiente no garantizan la ausencia de abuso de poder por parte de la policía. Marchand (2024) también señala que la militarización de las políticas de seguridad socava el enfoque centrado en el ciudadano y afecta especialmente a los grupos vulnerables. Por lo tanto, ofrecer seguridad democrática en América Latina implica una doble responsabilidad de proteger a los ciudadanos de los crecientes índices de criminalidad y de asegurar que los mecanismos puestos en marcha para atender las necesidades de protección de los ciudadanos no se conviertan en una violación de sus derechos. Esta responsabilidad se vuelve particularmente pronunciada al examinar la Constitución peruana.

La Constitución Política del Perú vincula expresamente la protección de los derechos humanos con la obligación del Estado de proteger a la población frente a las amenazas contra su seguridad (MINJUSDH, 2025). El artículo 1° señala que la defensa de la persona humana y la dignidad de esta es el fin supremo de la sociedad y del Estado, de modo que la dignidad opera como fundamento de los derechos humanos (Aldana-Zavala y Isea-Argüelles, 2018), mientras que el artículo 44 recoge entre los deberes primordiales del Estado el garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y la protección de la población frente a las amenazas contra su seguridad. El artículo 166 encomienda a la Policía Nacional del Perú la tarea de asegurar y preservar el orden interno, así como de proteger y auxiliar a las personas y a la comunidad, salvaguardar y asegurar la propiedad, y prevenir, investigar y luchar contra el crimen. Cuando estas disposiciones se leen en secuencia, indican que asegurar el orden es un fin del Estado en la protección de las personas que no puede ser independiente de los derechos de la persona, ya que ambos mandatos constituyen una única parte estructural de las funciones estatales. Esta relación constitucional se concreta en la regulación de la función policial.

La legislación peruana incorpora la protección de los derechos fundamentales como parte de la acción policial legal en lugar de ser una restricción externa a sus acciones. En el Decreto Legislativo N.º 1267, la protección de los derechos fundamentales es un pilar de las funciones de la Policía Nacional (Poder Ejecutivo del Perú, 2016). Como principio institucional, la ley coloca en primer lugar a la persona humana, su dignidad y los derechos y garantías que le corresponden. Bajo este principio, al tratar la mayor expresión del control del Estado sobre la libertad, la integridad y la vida del individuo, esta ley impone un mandato especial de protección y de uso del poder. En esta línea, el Tribunal Constitucional destacó, en la Sentencia 48/2025, recaída en los Expedientes 00008-2021-PI/TC y 00012-2022-PI/TC, que los derechos fundamentales fijan los límites y el fundamento del uso de la fuerza por parte de la policía (Tribunal Constitucional del Perú, 2025). Por tanto, la cuestión del poder coercitivo no se limita a si el Estado puede ejercerlo, sino a cómo y en qué medida lo hace.

Un modelo constitucional de regulación no garantiza por sí solo que las instituciones desarrollen los procedimientos necesarios para emular ese modelo de constitucionalismo. Un ejemplo reciente es el estudio de López Villanes (2026) sobre la Policía Nacional del Perú en el cual se muestra la presencia de reglas informales relacionadas con la inestabilidad institucional, prácticas de inacción selectiva informal, apoyos informales y desacoplamiento, incluida una discrepancia entre las solicitudes formales y ciertos informes organizativos. Esto podría, en última instancia, afectar la integridad y la rendición de cuentas. La seguridad participativa, desde otra perspectiva, ha sido estudiada por Marquardt (2012) y ha mostrado cómo la distribución desigual de la participación y la responsabilidad en las zonas urbanas de Perú podría, de hecho, reproducir desigualdades de ciudadanía. Los dos estudios muestran que la presencia de reglas legales por sí sola no puede garantizar la efectividad y la legitimidad de la seguridad y que también debe abordarse la base de derechos, entre otras cosas, para la legitimidad que la policía ofrece a los ciudadanos.

Los estudios sociojurídicos demuestran que el respeto, la imparcialidad y la justicia procedimental son capaces de fortalecer la legitimidad de la policía y de propiciar la cooperación ciudadana, elemento imprescindible para lograr una seguridad efectiva. Bolger y Walters (2019) señalan que la justicia procedimental se asocia positivamente con la legitimidad policial, la legitimidad se asocia positivamente con la cooperación y la justicia procedimental se asocia positivamente con la cooperación. Por su parte, en Colombia, Lalinde Ordóñez (2020) constató que las experiencias de contacto policial en las que las personas sentían que se respetaban sus derechos estaban asociadas a valoraciones más positivas de la policía, mientras que Anrango Narváez et al. (2023) encontraron en Quito que una intervención policial basada en justicia procedimental aumentaba significativamente la percepción de legitimidad y la disposición a cooperar. Por consiguiente, considerar los derechos fundamentales como referencia para la acción, no solo es una obligación jurídica, sino que también puede fortalecer condiciones institucionales que son relevantes para la propia eficacia de la seguridad.

La investigación comparada más reciente confirma que eficacia y respeto de derechos no son necesariamente objetivos contrapuestos en el ejercicio de la autoridad. Los datos representativos de 30 países analizados por Jackson et al. (2026) mostraron que la justicia procedimental era el predictor más fuerte de legitimidad policial y que, en la mayoría de los contextos estudiados, las explicaciones normativas de la cooperación ciudadana tenían mayor poder explicativo que aquellas que se basaban sólo en la efectividad policial o el temor al delito. Los autores enfatizan que la cooperación —denunciar delitos, ofrecer información y participar en procesos judiciales— es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de justicia, pero depende en gran medida de que la autoridad se considere justa y legítima. Existe una gran cantidad de evidencia que nos lleva a reconsiderar la idea de que el fortalecimiento de las garantías individuales deba necesariamente disminuir la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad. Los derechos fundamentales pueden, de hecho, representar un modelo de seguridad específico que es legal y socialmente sostenible.

La literatura científica existente ofrece un desarrollo limitado de la base jurídico-constitucional de la seguridad pública en el Perú. La literatura revisada aborda la transformación de la seguridad nacional en seguridad ciudadana en América Latina (Emerson, 2024; Marchand, 2024), los problemas de violencia y abuso policial en el Sur Global (Magaloni, 2024), la policía como espacio de construcción de ciudadanía democrática (González, 2017), la seguridad ciudadana como derecho humano (Figueroa Gutarra, 2024), las relaciones de justicia procesal y legitimidad y cooperación (Anrango et al., 2023; Jackson et al., 2026; Lalinde Ordóñez, 2020), los modelos de seguridad participativa desigual en Perú (Marquardt, 2012) y, más recientemente, sobre las instituciones informales en la Policía Nacional del Perú (López, 2026). No obstante, en la literatura consultada, sigue sin existir una explicación dogmático-jurídica adecuada y sistemática de cómo los derechos fundamentales definen, al mismo tiempo, el propósito, la legitimidad y los límites de la seguridad pública en el orden constitucional peruano. Es ese vacío el que delimita el problema científico abordado por esta investigación.

El problema de investigación consiste en determinar cuál es la posición jurídica que tienen los derechos fundamentales dentro de la configuración constitucional de la seguridad pública en el Perú. De la brecha identificada, se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿cómo los derechos fundamentales conforman la base jurídica de la seguridad pública en el ordenamiento constitucional peruano? De acuerdo con esta interrogante, el objetivo general es analizar cómo los derechos fundamentales configuran la seguridad pública en el Perú, determinando su función como finalidad de protección, como fundamento legitimador de la intervención estatal y como límite al ejercicio del poder coercitivo. En lugar de preguntar cuánto restringe la acción estatal los derechos, esta metodología pregunta qué funciones cumplen los derechos en la construcción jurídica de la seguridad. Este enfoque constituye el aporte original del análisis.

La investigación utiliza derechos fundamentales en la construcción de un eje analítico para el impacto de la seguridad pública en Perú a lo largo de tres líneas: teleológica, legitimadora y limitadora. La construcción teleológica establece que la protección de la persona y de sus derechos es el objetivo último de la política de seguridad; la construcción legitimadora significa que la obligación del Estado de proteger esos derechos es la base jurídica para la realización de trabajos de prevención, protección e interceptación de amenazas provenientes de terceros; y la construcción limitadora define que el ejercicio del poder coercitivo debe preservar la dignidad y permanecer dentro de los límites impuestos por la legalidad y las normas para el adecuado ejercicio del poder público. Esta estructura facilita la resolución del conflicto de “seguridad” vs. “derechos” al construir que, con la protección de los derechos, debe lograrse una seguridad constitucionalmente legítima, lo cual se justifica por la protección de esos derechos y ocurre dentro de los límites que ellos mismos fijan. Para probar esta hipótesis, la investigación requiere una metodología jurídico-dogmática que integre las fuentes constitucionales, legales y jurisprudenciales y la literatura científica especializada.

 

MÉTODO

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con diseño jurídico-dogmático y documental y alcance analítico-explicativo. El análisis buscó interpretar y sistematizar normas, principios constitucionales, decisiones jurisdiccionales y literatura científica especializada con el fin de determinar la posición jurídica de los derechos fundamentales dentro de la actividad estatal de seguridad. La unidad de análisis estuvo integrada por fuentes jurídicas primarias y fuentes académicas secundarias. El corpus normativo nacional comprendió la Constitución Política del Perú; la Ley N.º 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; el Decreto Legislativo N.º 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú; el Decreto Legislativo N.º 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú; la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030; la Ley N.º 32291; y el Decreto Supremo N.º 021-2025-IN. Estas fuentes fueron seleccionadas por su relación directa con la protección de la población, la seguridad ciudadana, la función policial y el uso de la fuerza.

 

RESULTADOS

El análisis jurídico-documental estableció un vínculo estructural entre los derechos fundamentales y la seguridad pública en el orden peruano. Un análisis conjunto de disposiciones constitucionales, legislación policial, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, política de seguridad pública y estándares internacionales demostró que los derechos fundamentales no se encuentran en la periferia del sistema de seguridad. Los derechos fundamentales se presentan de forma recurrente en tres funciones distintas: como objeto a proteger en el ámbito de la seguridad; como fundamento de ciertos actos del Estado frente al delito; y como restricción a los poderes del Estado para ejercer la coerción. A estas tres dimensiones, se añadió un hallazgo adicional de la literatura científica: las prácticas policiales caracterizadas por un trato justo y el respeto a los derechos guardan una fuerte relación con la legitimidad institucional y el apoyo ciudadano.

 

Los derechos fundamentales como finalidad de la seguridad pública

El primer resultado explica que la protección de la persona es la función más importante de la seguridad pública en el orden constitucional peruano. El artículo 1 de la Constitución Política del Perú postula la defensa de la persona humana y el respeto a la dignidad humana como el fin más alto de la sociedad y del Estado, mientras que el artículo 44 incluye entre los primeros deberes del Estado la garantía del pleno disfrute de los derechos humanos y la protección de la población frente a la amenaza a su seguridad. Esta asociación normativa demuestra que el deber del Estado en materia de seguridad no está exento de la protección de los derechos, sino que se encuentra incluido en el mismo marco constitucional de los deberes públicos (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos [MINJUSDH], 2025).

La legislación sobre seguridad ciudadana reproduce esa misma orientación hacia la protección de derechos. La Ley N.º 27933 establece como objeto del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad, así como asegurar el respeto de las garantías individuales y sociales. La definición legal de seguridad ciudadana tampoco se circunscribe a la persecución del delito, pues comprende una acción articulada destinada a garantizar la convivencia pacífica y enfrentar la violencia. El hallazgo normativo es relevante porque la seguridad aparece configurada jurídicamente como una actividad funcional al ejercicio de derechos y no únicamente como una política de mantenimiento del orden (Congreso de la República del Perú, 2003).

La función atribuida a la Policía Nacional confirma esta orientación protectora. El Decreto Legislativo N.º 1267 dispone que la institución debe garantizar, mantener y restablecer el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana, pero simultáneamente establece que debe proteger y ayudar a las personas y a la comunidad y velar por la protección, seguridad y libre ejercicio de sus derechos fundamentales. La misma norma establece que la capacitación policial y el ejercicio de la profesión deben realizarse con pleno respeto a esos derechos. Por esta razón, dentro de las reglamentaciones orgánicas policiales, salvaguardar los derechos no es una tarea adicional de la función de seguridad, sino que constituye un componente legal de la función (Poder Ejecutivo del Perú, 2016).

Este primer resultado está respaldado por la jurisprudencia constitucional al identificar derechos específicos que ayudan a definir la seguridad pública. El Tribunal Constitucional del Perú (2005), en el Expediente N.º 01090-2004-AA/TC, definió la seguridad pública como una situación de protección proporcionada por el Estado que incluye la participación de la sociedad. El Tribunal identificó como bienes principales a proteger la vida, la integridad, la tranquilidad, la propiedad y la libertad personal. La sentencia resulta significativa porque no define la seguridad exclusivamente a partir de la ausencia de criminalidad, sino en función de los bienes y derechos que deben preservarse frente a peligros o amenazas. En consecuencia, el análisis constitucional, legal y jurisprudencial converge en un mismo hallazgo: la primera función de los derechos fundamentales respecto de la seguridad pública es teleológica, porque determinan aquello que la actuación estatal está llamada a proteger.

 

Los derechos fundamentales como fundamento de la intervención estatal

El segundo resultado muestra que los derechos fundamentales no operan únicamente como barreras frente al poder público, sino también como fundamento de obligaciones estatales de protección. La obligación constitucional de proteger a la población frente a amenazas contra su seguridad implica que el Estado no puede permanecer pasivo ante riesgos provenientes de la delincuencia y la violencia. Esta dimensión se desprende de la articulación entre el artículo 44 de la Constitución y el artículo 166, que atribuye a la Policía Nacional funciones de protección de las personas, prevención, investigación y combate de la delincuencia (MINJUSDH, 2025). En esta dimensión, garantizar derechos requiere determinadas actuaciones positivas del aparato estatal.

El análisis de los estándares interamericanos confirmó esa dimensión positiva de las obligaciones estatales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2009) distingue obligaciones negativas, vinculadas con la abstención de interferencias arbitrarias, y obligaciones positivas, relacionadas con la adopción de medidas razonables para prevenir la vulneración de derechos. En materia de seguridad ciudadana, esta última dimensión comprende medidas jurídicas, políticas, administrativas e institucionales orientadas a proteger a las personas frente a riesgos vinculados con la violencia y el delito. Por ello, el enfoque de derechos humanos no exige exclusivamente que el Estado limite su intervención, sino también que organice sus instituciones de modo que puedan proteger de manera efectiva la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas. En la misma línea, Infante-Miranda et al. (2024) sostienen que corresponde a los Estados establecer mecanismos que garanticen los derechos humanos a todos por igual, sin que ello exima a la sociedad de exigir su cumplimiento.

La Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 incorpora esta lógica dentro del diseño de la política pública peruana. El documento aborda la seguridad desde una perspectiva multidimensional e integra prevención, disuasión, control, persecución, sanción y reinserción, incorporando expresamente el enfoque de derechos humanos. De esta manera, la política pública reconoce que enfrentar la violencia y el delito exige una actuación estatal articulada y no solamente respuestas policiales posteriores a la comisión de ilícitos (Ministerio del Interior, 2022).

El examen conjunto de estas fuentes permitió identificar una segunda función: los derechos fundamentales poseen una función legitimadora de la seguridad pública, en la medida en que el deber estatal de garantizarlos proporciona fundamento jurídico para desarrollar acciones razonables de prevención, protección, investigación e intervención frente a riesgos provenientes de terceros. Desde la Constitución, la protección de la persona ofrece una primera justificación de los poderes estatales en materia de seguridad; sin embargo, no habilita un uso libre de esos poderes, lo que condujo a una tercera categoría de resultados.

 

Los derechos fundamentales como límite del poder coercitivo

El tercer resultado muestra cómo la legitimidad de la intervención estatal en asuntos de seguridad depende de cómo se emplean los poderes coercitivos. El Decreto Legislativo N.º 1267 establece que el ejercicio de la fuerza pública es una función del Estado a la que se atribuye la Policía Nacional. Añade que el ejercicio de dicha fuerza debe realizarse con pleno respeto a los derechos fundamentales y con autorización de las disposiciones legales vigentes. Por lo tanto, el mismo sistema legal que atribuye poderes coercitivos constituye los límites dentro de los cuales pueden ser considerados legítimos (Poder Ejecutivo del Perú, 2016).

La regulación específica sobre el uso de la fuerza permite identificar los criterios legales que ordenan esta relación. El Decreto Legislativo N.º 1186 dispone que el empleo de la fuerza policial se sustenta en el respeto de los derechos fundamentales y establece la legalidad y la necesidad como principios rectores de la actuación. La legalidad exige que la intervención responda a un objetivo jurídicamente válido y que los medios utilizados estén autorizados por el ordenamiento; la necesidad requiere que el empleo de la fuerza se produzca cuando otros medios resulten ineficaces o insuficientes para alcanzar el objetivo legítimo perseguido (Poder Ejecutivo del Perú, 2015).

El análisis jurisprudencial permitió establecer que la proporcionalidad permanece como parámetro constitucional obligatorio del uso de la fuerza. La Sentencia 48/2025, correspondiente a los Expedientes 00008-2021-PI/TC y 00012-2022-PI/TC, resulta especialmente relevante para el objeto de esta investigación, porque el Tribunal Constitucional estructuró expresamente uno de sus apartados bajo la consideración de los derechos fundamentales como límites y fundamento del uso de la fuerza. El Tribunal sostuvo que los derechos fundamentales limitan el ejercicio de esta potestad, pero también constituyen su fundamento, y concluyó que la derogación legislativa del literal que recogía expresamente la proporcionalidad en el artículo 4.1 del Decreto Legislativo N.º 1186 no podía interpretarse como eliminación de dicho principio del ordenamiento peruano (Tribunal Constitucional del Perú, 2025). Esta derogación, introducida por la Ley N.º 31012, generó controversia doctrinal sobre la protección jurídica del personal policial y el alcance del principio de proporcionalidad (Gamarra Custodio et al., 2024).

La regulación posterior confirmó normativamente esta permanencia. El Decreto Supremo N.º 021-2025-IN, publicado el 31 de diciembre de 2025, modificó el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1186 y estableció expresamente que, al aplicar el principio de proporcionalidad, el nivel de fuerza y los medios utilizados deben guardar correspondencia con la resistencia, intensidad de la agresión o amenaza y peligro representado por la situación concreta. Asimismo, dispuso que la valoración debe considerar los bienes jurídicos protegidos, aquellos susceptibles de afectación y los medios disponibles. La norma mantiene, además, el carácter diferenciado y progresivo del empleo de la fuerza (Ministerio del Interior, 2025).

La actualización normativa de 2025 también mostró que la ampliación de determinadas facultades policiales no eliminó los estándares de control jurídico. La Ley N.º 32291 modificó el Decreto Legislativo N.º 1186 para precisar el empleo de armas letales y no letales e incorporar supuestos relativos al uso de armas de fuego en situaciones de flagrancia. Sin embargo, su desarrollo reglamentario estableció que estas actuaciones deben observar los principios reguladores del empleo de la fuerza y producirse excepcionalmente cuando sean estrictamente necesarias y las medidas menos extremas resulten insuficientes o inadecuadas (Congreso de la República del Perú, 2025; Ministerio del Interior, 2025). El resultado muestra, por tanto, que incluso ante escenarios de mayor intensidad coercitiva el ordenamiento mantiene parámetros destinados a evitar intervenciones arbitrarias o excesivas.

La secuencia normativa y jurisprudencial muestra cómo los derechos fundamentales imponen límites. Estos derechos restringen las potestades policiales, pero al mismo tiempo orientan y protegen la función de seguridad. En el ordenamiento peruano no existe una separación absoluta entre autoridad y derechos: se reconocen potestades policiales suficientes para enfrentar amenazas, bajo la condición de proteger a la persona y controlar el exceso estatal.

 

Convergencia entre seguridad, derechos y legitimidad institucional

La revisión de la literatura relevante proporcionó un complemento útil a estos propósitos de investigación. Se mostró que existe una asociación positiva entre un tipo de autoridad respetuoso, justo y niveles más altos de legitimidad policial y cooperación ciudadana. Esto es relevante para nuestro objeto legal porque significa que las limitaciones impuestas por los derechos fundamentales no son necesariamente restricciones externas a la eficacia de las instituciones. Al contrario, algunos elementos de respeto y dignidad están relacionados con la imparcialidad y con las condiciones de colaboración entre los ciudadanos y la policía.

El estudio de Bolger y Walters (2019) sintetizó 56 estudios, 88 muestras y 200 tamaños del efecto. El metaanálisis reportó asociaciones promedio de 0.48 para la justicia procedimental y la legitimidad, 0.21 para la legitimidad y la cooperación, y 0.20 para la justicia procedimental y la cooperación. Los autores reportaron heterogeneidad entre los estudios incluidos. A pesar de tal heterogeneidad, los estudios incluidos respaldaron una relación entre las percepciones de un trato justo y la legitimidad, y la cooperación con la policía. En conjunto, estos estudios indicaron que la calidad del proceso en el ejercicio de la autoridad es un elemento importante de la relación entre la policía y el público.

La evidencia latinoamericana examinada presentó un patrón compatible. Anrango Narváez et al. (2023) realizaron un ensayo controlado aleatorizado en Quito, Ecuador, con 308 establecimientos distribuidos entre un grupo experimental y uno de control. Los policías del grupo experimental aplicaron un protocolo de interacción basado en justicia procedimental y los resultados mostraron un incremento significativo en las percepciones de legitimidad y en la disposición de los ciudadanos a cooperar con la policía. El hallazgo resulta especialmente relevante por su proximidad regional y porque proviene de un diseño experimental, lo que proporciona evidencia más robusta que una simple asociación transversal.

La evidencia comparada más reciente reforzó esta tendencia. Jackson et al. (2026), mediante datos representativos y metodológicamente comparables de 30 países, encontraron que la justicia procedimental fue el predictor más consistente de legitimidad policial y que, en la mayoría de los contextos estudiados, las explicaciones normativas de la cooperación basadas en legitimidad y trato justo mostraron mayor capacidad explicativa que aquellas sustentadas exclusivamente en efectividad policial o temor al delito. Los resultados no fueron idénticos en todos los países, pero el patrón general mostró que la cooperación con las autoridades depende también de la forma en que estas ejercen el poder y son percibidas por la población.

En conjunto, la literatura científica analizada permitió identificar que el respeto de estándares procedimentales vinculados con dignidad, imparcialidad y trato justo puede coexistir con objetivos de eficacia institucional. Este resultado no permite trasladar automáticamente los efectos encontrados en otros países al contexto peruano, pero sí proporciona evidencia comparada suficiente para descartar la premisa de que protección de derechos y capacidad policial deban entenderse necesariamente como variables antagónicas.

 

DISCUSIÓN

Los resultados permiten sostener que los derechos fundamentales ocupan una posición estructural dentro de la seguridad pública peruana y no constituyen únicamente límites externos impuestos a la actuación estatal. El análisis constitucional, legal y jurisprudencial mostró que la protección de la persona explica tanto la existencia de las competencias estatales en materia de seguridad como las condiciones dentro de las cuales estas deben ejercerse. Esta interpretación resulta relevante porque desplaza la discusión desde una relación aparentemente antagónica entre seguridad y derechos hacia una relación de complementariedad: el Estado requiere capacidades suficientes para enfrentar el delito, pero esas capacidades encuentran su justificación y sus límites en los mismos derechos que pretenden proteger. En este sentido, los hallazgos permiten comprender la seguridad pública como una función instrumental respecto de la dignidad y los derechos de las personas.

La función teleológica reflejada en los resultados corresponde al cambio contemporáneo del concepto de seguridad ciudadana en América Latina. Marchand (2024) describe cómo el desplazamiento de conceptos tradicionales de seguridad nacional hacia enfoques de seguridad humana y ciudadana desplazó progresivamente el objetivo de la protección del Estado a la protección de las personas. Este desplazamiento es compatible con el modelo constitucional peruano que vincula la defensa de la persona, el respeto de la dignidad y la protección de la población frente a amenazas a la seguridad. Sin embargo, Marchand (2024) advierte que la adopción del discurso de seguridad ciudadana no elimina, por sí sola, la práctica de exclusión ni el uso de medidas excesivas y coercitivas. Por lo tanto, que la persona sea formalmente reconocida como el objetivo de la seguridad es un primer paso; sin embargo, esto no garantiza que las políticas o las acciones se dirijan a este fin.

Esta interpretación coincide con la forma en que Figueroa Gutarra (2024) vincula la seguridad pública y los derechos humanos, y muestra la obligación del Estado de prevenir amenazas a las personas. Sin embargo, esta investigación es más limitada al delimitar la naturaleza jurídica de esa relación. Figueroa Gutarra (2024) sostiene que la seguridad ciudadana constituye un derecho humano con autonomía material, pero las conclusiones de este estudio no exigen la creación de un nuevo derecho fundamental autónomo de seguridad pública. Lo que puede respaldarse con mayor reserva es que las actividades de seguridad del Estado están constitucionalmente dirigidas a garantizar un conjunto de derechos reconocidos de manera positiva, por ejemplo, el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. La protección de estos derechos genera obligaciones positivas por parte del Estado. Esto permite que la investigación se lleve a cabo dentro del contenido verificable del orden constitucional peruano sin la creación de nuevos derechos fundamentales.

Según los resultados, la función de legitimación nos permite ir más allá de una perspectiva meramente defensiva de los derechos fundamentales frente al Estado. Los derechos fundamentales confieren un derecho a la falta de intervención arbitraria del Estado, pero también pueden exigir una participación positiva del Estado en la prevención, la limitación y la investigación de las amenazas planteadas por un tercero. En este sentido, la negativa del Estado a actuar ante una violencia y una criminalidad significativas no cumple una función adecuada de protección de los derechos. Por esta razón, la dimensión positiva del derecho a la seguridad exige una policía adecuada, investigaciones penales y medidas preventivas, así como el uso de coerción jurídicamente justificada. El principal problema constitucional no es la presencia de estos poderes, sino cómo, en qué medida y en qué circunstancias pueden emplearse.

Esta conclusión debe abordar también la tercera función, que es la limitación del poder coercitivo por los derechos fundamentales. La experiencia latinoamericana demuestra que amenazas reales a la seguridad pueden generar circunstancias en las que el poder puede ser delegado a la policía con poco o ningún control. Magaloni (2024) sostiene que los abusos policiales son extremadamente relevantes en América Latina y que la existencia de instituciones democráticas formales no los elimina. Esto tiene sentido en el contexto legal de este estudio, ya que el orden peruano no reconoce un poder absoluto para mantener el orden. El Estado puede intervenir, incluso de forma coercitiva, pero la presencia de un fin legítimo no convierte en legítimas todas las acciones utilizadas para realizar ese fin.

Así, los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad permiten la articulación de la autoridad y de los derechos sin eliminarlos. A este respecto, la Sentencia 48/2025 del Tribunal Constitucional reviste especial importancia porque los derechos fundamentales operan tanto como fundamento como límite del uso de la fuerza. Esto consolida la posición constitucional del principio de proporcionalidad. Esta construcción se alinea con el modelo tridimensional de la investigación: al Estado se le permite usar la fuerza, ya que tiene el deber de proteger ciertos bienes jurídicos, pero ese mismo objetivo también impide respuestas injustificadas o desproporcionadas por parte del Estado. Esto significa que la proporcionalidad no debe ser considerada como un requisito abstracto post-facto tras la intervención de la policía, sino como un estándar que define legalmente la selección y el grado de los medios empleados.

Los resultados relacionados con la legitimidad de las instituciones corroboran esta interpretación legal, aunque los resultados deben interpretarse con cuidado. Basándose en un metaanálisis de 56 estudios y 88 muestras, Bolger y Walters (2019) han encontrado que la justicia procedimental, la legitimidad policial y la cooperación ciudadana están correlacionadas positivamente. En el contexto latinoamericano, Anrango Narváez et al. (2023), a través de un ensayo controlado aleatorizado en Quito, mencionaron que el trabajo policial orientado a criterios de justicia procedimental generó cambios positivos en la percepción de legitimidad y la disposición a colaborar con la policía. Estos estudios sugieren que cuando la autoridad utiliza el poder, tiene un impacto más allá del estricto cumplimiento de la ley. Un trato cortés y justo puede suponer una mejora en la relación entre la policía y los ciudadanos de un país.

La evidencia comparativa más amplia se alinea en cierta medida con la misma posición. Jackson et al. (2026), basándose en datos que abarcan 30 países, encontraron que, en la mayoría de los países, la justicia procedimental estaba positivamente relacionada con la legitimidad policial, y que, en la mayoría de ellos, las explicaciones normativas basadas en la equidad percibida explicaron mejor la cooperación de las personas que aquellas basadas en la efectividad percibida o el miedo al delito. Este resultado es importante para el presente estudio porque cuestiona la idea de que la eficacia de la seguridad dependa únicamente de incrementar capacidades coercitivas. Una institución policial necesita capacidad operativa para enfrentar la delincuencia, pero también requiere reconocimiento de legitimidad para desarrollar relaciones sostenibles con la población de la que depende para obtener denuncias, información y cooperación.

Sin embargo, sería metodológicamente incorrecto concluir que el respeto de los derechos fundamentales produce automáticamente mayores niveles de cooperación o una reducción directa de la criminalidad. Kuen (2024), mediante un análisis longitudinal de tres olas de datos, encontró que la legitimidad policial se relacionaba con el reporte de problemas a la policía, pero no encontró evidencia de un efecto directo o indirecto significativo de la justicia procedimental sobre esa conducta específica. Este resultado introduce un matiz necesario frente a interpretaciones demasiado lineales de la teoría de la justicia procedimental. El trato justo y respetuoso posee valor jurídico por sí mismo y puede contribuir a la legitimidad, pero la cooperación ciudadana y la eficacia policial dependen también de otros factores institucionales, sociales y contextuales. Por ello, el presente estudio no plantea que los derechos fundamentales sean una técnica suficiente para resolver los problemas de inseguridad, sino que constituyen una condición de legitimidad que debe coexistir con capacidad operativa, profesionalización y resultados institucionales.

Esta precisión resulta particularmente importante para el contexto peruano, donde la distancia entre el diseño normativo y el funcionamiento cotidiano de las instituciones constituye un problema relevante. Con base en trabajo cualitativo y análisis institucional de la Policía Nacional del Perú, López Villanes (2026) describe reglas informales que emergen en un entorno de capacidad estatal desigual, recursos escasos y presión criminal, algunas de las cuales generan riesgos para la integridad institucional y la rendición de cuentas. Con su trabajo, se puede entender que tener un orden jurídico basado en derechos no garantiza por sí solo su aplicación uniforme. Los instrumentos normativos deben traducirse en procedimientos, formación y supervisión; y deben ponerse a disposición de la organización los recursos adecuados. Por lo tanto, una política de seguridad basada en derechos fundamentales no puede limitarse únicamente a la promulgación de leyes y protocolos, sino que debe establecer condiciones institucionales que permitan su cumplimiento.

La comparación de resultados legales y evidencias científicas revela que una política de seguridad legítima se centra en la efectividad y el respeto a los derechos. Es posible que una intervención alcance un objetivo operativo de efectividad en términos de una situación particular; sin embargo, esa intervención podría ser legalmente inadmisible debido al uso de medios arbitrarios o desproporcionados. De manera similar, una acción formalmente respetuosa de los derechos podría ser deficitaria si la institución carece de la capacidad para cumplir su responsabilidad de combatir los delitos, realizar investigaciones y brindar apoyo a la población de manera oportuna. Por lo tanto, un enfoque basado en los derechos debería ser complementario a un enfoque basado en la efectividad. Una política de seguridad legítima debe lograr simultáneamente resultados y legitimidad, y ser a la vez lícita y eficaz.

La sistematización de los derechos fundamentales en el contexto de la seguridad pública peruana implica considerar tres funciones, a saber: teleológica, legitimadora y limitadora. La función teleológica se refiere a lo que la seguridad busca proteger, a saber, la persona y sus derechos. La función legitimadora proporciona la justificación de la intervención del Estado cuando dichos derechos están amenazados. La función limitadora determina el alcance y la justificación de esa intervención. Estas tres funciones deben ser consideradas como diferentes dimensiones de la misma relación, y no deben ser consideradas como funciones distintas e independientes. Así, la protección de los derechos es la premisa básica de toda actividad relacionada con la seguridad, y al mismo tiempo debe ser el límite de esa actividad.

Esta propuesta añade matiz a la visión estándar en la que los derechos humanos son simplemente "límites" a la seguridad. Esta visión es verdadera pero excesivamente simplista y puede sugerir que la seguridad y los derechos residen en lados opuestos de una relación jurídica y, por tanto, representan intereses en competencia. Los resultados, de hecho, son más intrincados: cuando no existe una protección eficaz contra el delito, algunos derechos se reducen a promesas formales; pero, sin límites legales al ejercicio del poder, la actividad dirigida a garantizar la seguridad puede convertirse en una fuente de daño. La protección bajo la Constitución requiere tratar con ambos simultáneamente.

También es importante reconocer las limitaciones de estos hallazgos. Como investigación legal-dogmática y documental, puede interpretar y sistematizar el marco constitucional de la seguridad pública, pero no puede medir la medida en que los oficiales de policía aplican estas normas ni puede identificar relaciones causales. Respecto de la relación entre respeto a los derechos, trato digno a los ciudadanos y delito, esta investigación se apoya principalmente en estudios latinoamericanos y comparativos, y por lo tanto es necesario tratar con cautela la evidencia de la justicia procedimental cuando la evidencia se extrapola a la situación peruana. Por este límite, se recomiendan investigaciones para estudiar los principios de legitimidad policial y evaluar cómo se implementan estos principios en las prácticas de los oficiales de policía, y cómo es percibido por los miembros de la comunidad.

Para resumir, la discusión concluye que el equilibrio entre los derechos fundamentales y la seguridad pública no puede describirse en términos de una oposición entre la protección del individuo y la autoridad del Estado. La Constitución peruana ordena que el Estado proteja a las personas de la delincuencia y que el Estado regule y controle el ejercicio de ese poder. Los trabajos científicos estudiados presentan algunas razones para creer que la legitimidad de una institución se ve fortalecida cuando la autoridad se ejerce de manera justa, pero advierten que esto no elimina la necesidad de la eficacia de la policía. Debido a esto, la relación entre seguridad y derechos fundamentales debe entenderse en términos de un modelo equilibrado de protección efectiva y autoridad legítima y el respeto de las personas, y no debe entenderse como una abdicación del Estado del ejercicio de los poderes que constitucionalmente tiene.

 

CONCLUSIONES

Los derechos fundamentales proporcionan la base de la seguridad pública en Perú por tres razones. Primero, ayudan a definir el objetivo del sistema. Segundo, proporcionan una base para ejercer el poder coercitivo. Tercero, crean parámetros sobre el uso de la coacción por parte del Estado. El poder coercitivo en el contexto de la seguridad puede significar proteger al Estado y a sus ciudadanos de actos ilícitos e ilegales. La seguridad significa que el Estado define su propósito y tiene el deber de proteger a sus ciudadanos y sus derechos.

Analizando la Constitución peruana, las leyes y la jurisprudencia del Estado, se demuestra que las actividades del Estado en el ámbito de la seguridad deben enmarcarse dentro de los parámetros de la legalidad y la dignidad de la persona humana. En este contexto, la protección de los derechos y la eficiencia del Estado no deben oponerse entre sí; más bien, ambos son requisitos de una política de seguridad legítima y factible. Esto significa que el Estado peruano, dentro del ámbito de su organización constitucional, debe proteger los derechos de los ciudadanos. Esto impone justificar sus intervenciones y ejercer sus poderes coercitivos con contención.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

 

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, por el apoyo brindado en el desarrollo de la investigación.

 

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