Transparencia y eficiencia como pilares de mejora en la contratación pública del Perú: una revisión sistemática

El estudio analizó la transparencia y la eficiencia como pilares de mejora de la contratación pública en el Perú. Se realizó una revisión sistemática conforme a la declaración PRISMA 2020 en Scopus y SciELO (2019-2025); de 63 registros identificados se incluyeron 21 estudios, examinados mediante análisis de contenido hermenéutico. Los hallazgos muestran que la Ley N.º 32069 refuerza ambos principios y que el SEACE amplía la publicidad de los procesos, aunque la digitalización no garantiza por sí sola la integridad. Persisten la corrupción concentrada en la fase preparatoria, el clientelismo en la designación de funcionarios y una alta rotación directiva: el Ministerio de Economía y Finanzas tuvo cuatro titulares entre 2022 y 2025. Se concluye que la transparencia y la eficiencia operan como pilares de mejora solo si se acompañan de estabilidad institucional, meritocracia y control ciudadano alineados con los estándares de la OCDE.

Descriptores: corrupción; administración pública; gobernanza. (Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

The study analyzed transparency and efficiency as pillars for improving public procurement in Peru. A systematic review was conducted following the PRISMA 2020 statement in Scopus and SciELO (2019-2025); of 63 records identified, 21 studies were included and examined through hermeneutic content analysis. The findings show that Law No. 32069 strengthens both principles and that SEACE broadens the publicity of procurement processes, although digitalization alone does not guarantee integrity. Corruption concentrated in the preparatory phase, clientelism in the appointment of officials, and high turnover in senior management persist: the Ministry of Economy and Finance had four heads between 2022 and 2025. It is concluded that transparency and efficiency act as pillars of improvement only when accompanied by institutional stability, meritocracy, and citizen oversight aligned with OECD standards.

Descriptors: corruption; public administration; governance. (UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

La contratación pública es uno de los instrumentos más relevantes de la acción estatal, pues mediante ella se adquieren los bienes, servicios y obras que permiten atender las necesidades de la población. Por el volumen de recursos que moviliza, también es uno de los ámbitos más expuestos a la corrupción y a la ineficiencia, de modo que la literatura internacional ha desarrollado indicadores objetivos para detectar riesgos, como la presentación de una única oferta en mercados competitivos o la acumulación de señales de alerta en las licitaciones (Fazekas & Kocsis, 2020). En el caso de las obras públicas, la ineficiencia se asocia a contratos incompletos, a prácticas corruptas y a debilidades de la administración descentralizada (Cavalieri et al., 2025).

La evidencia reciente coincide en que la información es una condición de la competencia. Gorgun et al. (2025) demostraron que los avisos de convocatoria más detallados atraen a más postores y reducen los precios adjudicados, mientras que Harrison et al. (2025) muestran que las reglas de divulgación de información modifican el comportamiento de los oferentes. En América Latina, el caso Odebrecht evidenció que los sobornos se orientaron a moldear las bases de las licitaciones y a obtener renegociaciones contractuales, con sobrecostos muy superiores a los de los proyectos sin soborno (Campos et al., 2021). En este escenario, los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se han convertido en un referente para la región, cuyos miembros latinoamericanos (México desde 1994, Chile desde 2010, Colombia desde 2020 y Costa Rica desde 2021) reorganizaron sus estructuras institucionales para cumplir el proceso de adhesión (Tasquetto et al., 2025).

En el Perú, la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, publicada el 24 de junio de 2024, entró en vigor el 22 de abril de 2025 junto con su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.º 009-2025-EF. La norma sustituyó a la Ley N.º 30225, reorganizó al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) como Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) y colocó el principio de valor por dinero en el centro del sistema. Sin embargo, la realidad operativa dista del marco normativo: la corrupción se reproduce en todos los niveles de gobierno (Palacios Garay et al., 2022), genera daños políticos, económicos y sociales que limitan el acceso equitativo a los servicios básicos (Zavaleta Cabrera, 2023) y desvía recursos destinados a derechos fundamentales como la educación (Valdivia Sánchez & Bautista Quispe, 2025). A ello se suma la persistencia de nombramientos clientelares en la administración pública latinoamericana (Panizza et al., 2019).

La magnitud del problema es considerable. La Contraloría General de la República estimó que la corrupción y la inconducta funcional ocasionaron en 2023 un perjuicio de S/ 24 268 millones, equivalente al 12,7 % del presupuesto ejecutado, y a septiembre de 2022 se registraban 2302 obras paralizadas en el país (Yabar-Ardiles et al., 2023). Durante la emergencia sanitaria, la contratación directa amplió los riesgos de corrupción (Quijano Rivera et al., 2025). Además, la inestabilidad política ha afectado a la conducción económica del Estado: durante el gobierno de Dina Boluarte (diciembre de 2022 a octubre de 2025), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tuvo cuatro titulares en menos de 30 meses, situación que, como se ha documentado para otros sectores, compromete la sostenibilidad de las políticas públicas (Gozzer et al., 2021).

Aunque el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) ha ampliado la publicidad de los procesos, la literatura advierte que la digitalización no garantiza por sí sola la integridad, porque la información publicada puede ser incompleta o inconsistente (Condori Quispe & Liu Menendez, 2024) y porque las reformas técnicas pueden desplazar la corrupción hacia procedimientos menos competitivos (Dávid-Barrett & Fazekas, 2020). Existe, por tanto, un vacío de conocimiento sobre cómo sostener la transparencia y la eficiencia en un contexto de nueva legislación, alta rotación directiva y cumplimiento progresivo de la hoja de ruta de adhesión a la OCDE, adoptada en junio de 2022.

El estudio se justifica en el plano teórico porque ofrece una lectura actualizada del sistema de contrataciones peruano en la etapa pospandemia; en el plano social, porque un sistema de compras transparente y eficiente incide directamente en la calidad de los servicios públicos; y en el plano metodológico, porque sistematiza evidencia publicada en bases de datos con control de calidad editorial. En correspondencia con lo anterior, se planteó como objetivo general analizar la transparencia y la eficiencia como pilares de mejora de la contratación pública en el Perú a partir de una revisión sistemática de la literatura. Los objetivos específicos fueron: (a) examinar el cumplimiento de los principios rectores de transparencia y eficiencia en el marco normativo vigente; (b) describir los efectos de los cambios directivos en el MEF y el OECE sobre el sistema de contrataciones; y (c) valorar el grado de alineamiento del Perú con las recomendaciones de la OCDE en materia de integridad pública.

MÉTODO

Se desarrolló una revisión sistemática de enfoque cualitativo, diseñada y reportada conforme a la declaración PRISMA 2020 (Page et al., 2021) y a las pautas metodológicas para estructurar revisiones de la literatura científica (Pardal-Refoyo & Pardal-Peláez, 2020; Fernández-Sánchez et al., 2020). La pregunta que guio la revisión fue: ¿de qué manera la transparencia y la eficiencia se configuran como pilares de mejora de la contratación pública en el Perú?

La búsqueda se efectuó en Scopus y SciELO, seleccionadas por su cobertura de revistas arbitradas y por sus procesos de evaluación editorial. Se emplearon descriptores en español e inglés (transparencia, eficiencia, contratación pública, corrupción, integridad, OCDE; transparency, efficiency, public procurement, corruption, OECD) combinados con los operadores booleanos AND y OR, según se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1

Estrategias de búsqueda por base de datos.

Base de datos	Estrategia de búsqueda
Scopus	TITLE-ABS-KEY (("public procurement" OR "government procurement") AND (transparency OR efficiency OR corruption OR integrity)) AND PUBYEAR > 2018 AND PUBYEAR < 2026
SciELO	("contratación pública" OR "contrataciones del Estado" OR "compras públicas") AND (transparencia OR eficiencia OR corrupción OR integridad)

Nota. Elaboración propia.

Se incluyeron artículos científicos y capítulos de libros arbitrados publicados entre 2019 y 2025, en español, inglés o portugués, con texto completo disponible, que abordaran la transparencia, la eficiencia, la corrupción o la integridad en la contratación pública o en la gestión pública, con pertinencia para el Perú o para América Latina. Se excluyeron tesis, informes técnicos, documentos de trabajo y demás literatura gris, los registros duplicados, las publicaciones en revistas no indexadas en Scopus o SciELO y los trabajos sin pertinencia temática.

La búsqueda inicial identificó 63 registros. Tras eliminar duplicados y examinar títulos, resúmenes y textos completos, se excluyeron 42 registros por no cumplir los criterios de periodo, idioma, tipo de documento o pertinencia, y se incluyeron 21 estudios en la síntesis (Figura 1). La información se organizó en una matriz de extracción elaborada en hoja de cálculo, con los campos autor, año, base de datos, contexto, tipo de estudio y hallazgos principales. El análisis fue hermenéutico y de contenido: los hallazgos se codificaron en tres categorías, a saber, transparencia, eficiencia e institucionalidad (incluido el alineamiento con la OCDE). Las normas peruanas citadas (Ley N.º 32069 y su reglamento) se consultaron como fuente documental complementaria y no forman parte del corpus.

Figura 1

Flujograma del proceso de selección de estudios según la declaración PRISMA 2020.

Identificación

Registros identificados en Scopus y SciELO (n = 63)

↓

Cribado y elegibilidad

Registros excluidos por duplicidad, periodo, idioma, tipo de documento o falta de pertinencia (n = 42)

↓

Inclusión

Estudios incluidos en la síntesis (n = 21): Scopus (n = 11) y SciELO (n = 10)

Nota. Elaboración propia a partir de Page et al. (2021).

Tabla 2

Distribución de los estudios incluidos por base de datos y año de publicación.

Base de datos	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Scopus	1	2	1	1	1	0	5	11
SciELO	0	0	3	0	3	1	3	10
Total	1	2	4	1	4	1	8	21

Nota. Elaboración propia.

RESULTADOS

Los 21 estudios incluidos se distribuyen de forma equilibrada entre Scopus (52,4 %) y SciELO (47,6 %), con una concentración de publicaciones en 2025 (38,1 %). Ocho trabajos abordan directamente el caso peruano y el resto aporta evidencia latinoamericana, europea o internacional sobre los mecanismos que vinculan información, competencia e integridad en las compras públicas. La Tabla 3 sintetiza el corpus analizado.

Tabla 3

Matriz de los estudios incluidos en la revisión.

Autor (año)	Base	Contexto	Hallazgo principal
Bejarano Sanabria y Jaimes Suárez (2021)	SciELO	Colombia	El derecho penal es insuficiente frente a la corrupción; derecho y moral actúan de forma complementaria.
Bueno Ochoa (2025)	Scopus	España e Iberoamérica	El derecho tiene límites frente a la corrupción; la transparencia y la educación cívica son decisivas.
Campos et al. (2021)	Scopus	América Latina	Los sobornos de Odebrecht moldearon bases y renegociaciones; los sobrecostos fueron mayores en proyectos con soborno.
Cavalieri et al. (2025)	Scopus	Europa	La ineficiencia en obras públicas se asocia a contratos incompletos, corrupción y gestión descentralizada.
Condori Quispe y Liu Menendez (2024)	SciELO	Perú	El SEACE es clave para el acceso a la información, pero presenta datos incompletos o inexistentes.
Dávid-Barrett y Fazekas (2020)	Scopus	Internacional	Las reformas técnicas reducen la oferta única, pero desplazan la corrupción a procedimientos menos competitivos.
Fazekas y Kocsis (2020)	Scopus	Europa	La oferta única y las señales de alerta son indicadores objetivos de riesgo de corrupción.
Gorgun et al. (2025)	Scopus	Unión Europea	Los avisos de convocatoria más detallados elevan la competencia y reducen los precios adjudicados.
Gozzer et al. (2021)	SciELO	Perú	Los mandatos ministeriales breves dificultan la sostenibilidad de las políticas públicas.
Harrison et al. (2025)	Scopus	Internacional	Las reglas de divulgación de información condicionan el comportamiento de los postores.
Obando Vega (2023)	SciELO	Perú	El incumplimiento de plazos es la principal causa de penalidades impuestas a un proveedor del Estado.
Palacios Garay et al. (2022)	Scopus	Perú	Las condiciones políticas y económicas favorecen la corrupción en todos los niveles de gobierno.
Panizza et al. (2019)	Scopus	América Latina	Los nombramientos clientelares responden a la confianza política y no siempre a la competencia técnica.
Pliscoff-Varas y Lagos-Machuca (2021)	SciELO	Chile	La capacitación en ética mejora el juicio ético de los funcionarios públicos.
Quijano Rivera et al. (2025)	SciELO	Perú	La contratación directa durante la pandemia se asoció a mayores riesgos de corrupción.
Tasquetto et al. (2025)	SciELO	América Latina	La adhesión a la OCDE exige estructuras institucionales coordinadas desde Presidencia, Hacienda y Cancillería.
Valdivia Sánchez y Bautista Quispe (2025)	SciELO	Perú	La corrupción en las compras estatales desvía recursos del sector educación.
Véliz López (2025)	Scopus	Chile	La compra pública es una herramienta de política para generar valor social, ambiental y económico.
Villalobos Risco (2023)	SciELO	Internacional	El gobierno electrónico reduce la corrupción al mejorar el acceso a la información.
Yabar-Ardiles et al. (2023)	Scopus	Perú	La contratación de obras presenta deficiencias en licitación, riesgos, ética y roles; existen miles de obras paralizadas.
Zavaleta Cabrera (2023)	SciELO	Perú	La corrupción genera daños políticos, económicos y sociales y limita el acceso a servicios básicos.

Nota. Elaboración propia.

Transparencia: marco normativo y publicidad de los procesos

El fundamento constitucional del sistema se encuentra en el artículo 76 de la Constitución Política de 1993, que exige que las contrataciones con fondos públicos se realicen mediante procedimientos competitivos. La Ley N.º 32069 desarrolla esta exigencia mediante principios rectores, entre ellos la transparencia y la eficacia y eficiencia, orientados a garantizar la competencia y la igualdad de trato. La transparencia se materializa en la difusión oportuna de la información de cada procedimiento para permitir la fiscalización ciudadana, y la eficiencia en la obtención de la mejor relación entre costo, calidad y plazo. Tras la entrada en vigor de la ley, el OECE aprobó directivas complementarias, entre ellas las referidas al Registro Nacional de Proveedores y a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, con el propósito de establecer reglas claras para la ejecución contractual.

La evidencia revisada respalda la importancia de estos mecanismos: la publicidad de las convocatorias amplía la participación de proveedores y mejora los precios (Gorgun et al., 2025), y el gobierno electrónico reduce las oportunidades de corrupción al mejorar el acceso a la información (Villalobos Risco, 2023). No obstante, en el caso peruano, el SEACE aún presenta información incompleta o inexistente en algunos procedimientos (Condori Quispe & Liu Menendez, 2024), y la contratación directa en contextos de emergencia redujo la competencia y la visibilidad de los procesos (Quijano Rivera et al., 2025). La transparencia, por tanto, ha avanzado en el plano normativo y tecnológico, pero su eficacia depende de la calidad de la información publicada y de su uso efectivo para el control.

Eficiencia: ejecución contractual y capital humano

La eficiencia exige que las contrataciones se realicen en las mejores condiciones de calidad, precio y plazo, con criterios de celeridad y economía. Los estudios peruanos muestran, sin embargo, deficiencias persistentes en la fase de ejecución: el incumplimiento de plazos es la principal causa de penalidades a los proveedores (Obando Vega, 2023), y la contratación de obras bajo el régimen anterior evidenció debilidades en la licitación, la gestión de riesgos y la definición de roles, con miles de obras paralizadas (Yabar-Ardiles et al., 2023). En el plano internacional, la ineficiencia en obras públicas se asocia a contratos incompletos y a la corrupción (Cavalieri et al., 2025), mientras que los sobornos tienden a concentrarse en el diseño de las bases y en las renegociaciones (Campos et al., 2021).

El capital humano constituye el eslabón más débil. La designación de funcionarios basada en la confianza política, más que en la competencia técnica, es un rasgo extendido en América Latina (Panizza et al., 2019) y se vincula con las condiciones que favorecen la corrupción en el Perú (Palacios Garay et al., 2022). Frente a ello, la capacitación en ética ha mostrado efectos positivos sobre el juicio de los funcionarios (Pliscoff-Varas & Lagos-Machuca, 2021); en esa línea, el OECE mantiene programas de formación virtual dirigidos a los operadores del sistema.

Estabilidad directiva y alineamiento con la OCDE

La rotación de autoridades afecta la continuidad de las reformas. Durante el gobierno de Dina Boluarte se sucedieron cuatro ministros de Economía y Finanzas (Álex Contreras, José Arista, José Salardi y Raúl Pérez-Reyes) entre diciembre de 2022 y mayo de 2025, cambios que suelen trasladarse a los viceministerios y a la alta dirección de los organismos adscritos. La evidencia nacional indica que los mandatos breves dificultan la sostenibilidad de las políticas (Gozzer et al., 2021), lo que reduce la predictibilidad de un sistema que, como el de contrataciones, depende de la rectoría del MEF y del OECE.

En cuanto a la OCDE, el Perú inició en 2014 un Programa País con el organismo, adhirió a la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 2018 y estableció la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas mediante la Ley N.º 30424 (2016). La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (Decreto Supremo N.º 092-2017-PCM) recogió parte de esas recomendaciones. En 2022, la OCDE invitó al país a iniciar el proceso de adhesión, cuya hoja de ruta prevé la evaluación de su legislación y sus políticas por comités técnicos. La experiencia de México, Chile, Colombia y Costa Rica muestra que este proceso exige estructuras institucionales estables y coordinadas desde el centro de gobierno (Tasquetto et al., 2025).

DISCUSIÓN

El objetivo general fue analizar la transparencia y la eficiencia como pilares de mejora de la contratación pública en el Perú. Los resultados confirman que ambos principios están consolidados en el plano normativo, pero que su realización práctica enfrenta barreras estructurales. La corrupción, alimentada por la opacidad y por la designación de servidores sin mérito técnico, perjudica tanto al Estado como a la ciudadanía y afecta derechos como la educación (Valdivia Sánchez & Bautista Quispe, 2025; Zavaleta Cabrera, 2023). Esta lectura coincide con Bejarano Sanabria y Jaimes Suárez (2021), quienes sostienen que la respuesta penal es insuficiente si no se acompaña de una dimensión ética, y con Bueno Ochoa (2025), para quien la transparencia y la educación cívica son condiciones del control de la corrupción.

Respecto del primer objetivo específico, la literatura converge en reconocer al SEACE como herramienta para reducir la discrecionalidad y fomentar la competencia (Villalobos Risco, 2023; Gorgun et al., 2025). Sin embargo, se identifica una divergencia relevante: mientras unos trabajos destacan el efecto de la publicidad sobre la legitimidad del Estado, otros advierten que la disponibilidad de datos electrónicos no garantiza la integridad de la selección (Condori Quispe & Liu Menendez, 2024) y que los controles técnicos pueden desplazar el riesgo hacia procedimientos menos competitivos (Dávid-Barrett & Fazekas, 2020). La transparencia digital es, por tanto, una condición necesaria pero insuficiente sin indicadores de riesgo y mecanismos de supervisión coordinados, como los propuestos por Fazekas y Kocsis (2020).

En relación con el segundo objetivo, el cumplimiento del principio de eficiencia es bajo en lo que respecta al capital humano. Pese a los lineamientos de la OCDE, persisten el clientelismo, el nepotismo y el amiguismo (Panizza et al., 2019; Palacios Garay et al., 2022), que neutralizan la meritocracia y afectan la fase de actos preparatorios, donde se diseñan las bases y se origina buena parte del riesgo de corrupción (Campos et al., 2021). La alta rotación de autoridades en el MEF agrava este escenario, pues interrumpe la continuidad de las políticas (Gozzer et al., 2021). En consecuencia, el éxito de reformas como la Ley N.º 32069 depende directamente de la estabilidad política y de la permanencia de equipos técnicos en la rectoría del sistema.

En cuanto al tercer objetivo, el país ha incorporado hitos relevantes de la agenda de la OCDE, como la adhesión a la Convención Antisoborno y la responsabilidad de las personas jurídicas. Existen posiciones divergentes sobre el costo de la adhesión para un país con limitaciones fiscales; no obstante, la experiencia regional sugiere que la integración en la comunidad internacional favorece la solución de problemas comunes de gestión pública siempre que el país preserve su autonomía en la toma de decisiones (Tasquetto et al., 2025). La compra pública puede, además, orientarse a objetivos de valor social y ambiental (Véliz López, 2025), dimensión aún incipiente en el caso peruano.

El aporte principal de esta revisión es mostrar que la transparencia ha logrado avances en la publicidad de los procesos, mientras que la eficiencia sistémica sigue comprometida por la inestabilidad directiva y por una cultura organizacional que no ha erradicado el favoritismo político. Entre las limitaciones del estudio se encuentran la restricción a dos bases de datos, la inclusión exclusiva de textos completos disponibles y el periodo analizado, que solo abarca los primeros meses de vigencia de la Ley N.º 32069. Se recomienda que futuras investigaciones evalúen empíricamente los efectos de la nueva ley con datos del SEACE y con indicadores objetivos de riesgo de corrupción.

CONCLUSIONES

La transparencia y la eficiencia no solo son pilares de mejora de la contratación pública en el Perú, sino también ejes estratégicos de una modernización orientada a un sistema más equitativo, transparente y útil para la ciudadanía. La revisión evidencia un esfuerzo normativo sostenido, expresado en la Ley N.º 32069 y en sus disposiciones complementarias; sin embargo, su eficacia depende del compromiso de los funcionarios y servidores públicos con una gestión moderna, basada en la competencia limpia, la innovación y la sostenibilidad.

En el ámbito normativo, la nueva ley refuerza los principios que la Ley N.º 30225 ya contemplaba, pero cuya aplicación práctica fue limitada. En materia de transparencia, los avances en la publicidad de los procesos a través del SEACE deben consolidarse con información completa, control efectivo y supervisión coordinada. En materia de eficiencia, persisten deficiencias en la ejecución contractual y en la selección meritocrática del personal, agravadas por la alta rotación en la dirección del MEF y del OECE.

Finalmente, el alineamiento con las recomendaciones de la OCDE exige continuidad en el liderazgo institucional y una política de integridad sostenida en el tiempo. Solo con estabilidad directiva, meritocracia y control ciudadano la transparencia y la eficiencia podrán operar como normas rectoras efectivas de la contratación pública.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A todos los agentes sociales involucrados en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

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